El 22 de agosto de 2014, 16 días después del derrame, diversas imágenes mostraron cómo los habitantes cercanos al río comenzaron a registrar las consecuencias de los tóxicos. Luz Mercedes Acosta se vio afectada al lavarse la cara con agua del afluente. Foto: Cuartoscuro

El 22 de agosto de 2014, 16 días después del derrame, diversas imágenes mostraron cómo los habitantes cercanos al río comenzaron a registrar las consecuencias de los tóxicos. Luz Mercedes Acosta se vio afectada al lavarse la cara con agua del afluente. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).- Los pobladores de los ríos Sonora y Bacanuchi interpusieron cinco juicios de amparo en contra de distintas dependencias del Gobierno federal y de la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, debido a múltiples irregularidades cometidas por la empresa y las autoridades a raíz del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos, informó hoy el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

Luis Miguel Cano, abogado de la organización, expuso que los juicios de amparo datan desde el 13 de febrero de este año, hasta el 14 de julio y fueron interpuestos por los comités de la Cuenca Río Sonora integrados por habitantes de los siete municipios afectados por el derrame.

Un grupo de personas dedicadas a actividades agropecuarias interpuso un amparo en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por no haberse realizado hasta ayer, el Proyecto de Reactivación Agropecuaria que la dependencia comprometió a raíz del derrame.

De acuerdo con el argumento del amparo, a las personas afectadas no se les respetó su derecho humano a la reparación.

“La Sagarpa prometió un proyecto de reactivación agropecuaria: seis meses después se solicitó información y la respuesta fue ‘no hemos hecho nada. Llegamos, prometimos, pero no hay un proyecto’. Prometieron una Unidad de Vigilancia Epidemiológica, plantas potabilizadoras y de todo eso, no hay nada”, dijo el abogado.

Pobladores que viven al sur de las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, aledañas a la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi, se apararon en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la minera, por la ausencia de un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos y la operación de la mina violando con ello la ley, sin que la autoridad hiciera algo al respecto.

El pasado 20 de junio Arturo Rodríguez Abitia, Subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa, dijo en entrevista con SinEmbargo, que antes del derrame de agosto, la dependencia abrió algunos procedimientos administrativos en contra de Buenavista del Cobre, no por una emergencia, sino por emisiones de partículas a la ciudad de Cananea.

“Lo que ocurrió fue una mala decisión de la empresa, porque empezaron a utilizar una instalación que no estaba terminada, que por no estor terminada no estaba vigilada por parte nuestra. Se supone que no estaba operando, la empresa quiso empezar a operar, aunque no estaba lista y sobrevino el accidente”, detalló.

La población afectada por el derrame se amparó también en contra de Semarnat, Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Salud y la  Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por la apertura de pozos en la región, realizada bajo estándares de medición poco favorables, que violan el derecho al agua salubre y de calidad.

“Es muy fácil llegar y decir ‘no pasa nada, el agua está limpia, vuelvan a sus vidas,aquí hay mediciones y todo está conforme a la normatividad’. Lo que no se nos dice es que la normatividad del país que mide la calidad del agua deja mucho que desear, en arsénico por ejemplo, la norma mexicana en nueve veces más permisiva que la de la OMS [Organización Mundial de la Salud”, informó el abogado de PODER.

El penúltimo amparo interpuesto el 29 de junio por las personas que habitan aledañas a la cuenca de los ríos afectados, es contra la Semarnat, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, por la ausencia de un Programa de Remediación Integral.

“La reanudación de las actividades mineras de Buenavista del Cobre atenta contra las obligaciones de protección, garantía y prevención de las violaciones del derecho a un medio ambiente sano de las personas que viven al sur se las instalaciones mineras”, argumenta el planteamiento jurídico.

Por último, la población se amparó en contra de la Semarnat y el Ejecutivo Federal, porque no se aseguró una consulta efectiva de los habitantes, cada vez que se emitió alguna autorización a la minera en materia ambiental.

GRUPO MÉXICO MIENTE CON EL RESPALDO DE AUTORIDADES

Julieta Lamberti, investigadora de PODER, aseguró que la atención a la población y la remediación de la contaminación, no fue una prioridad ni de la empresa ni del Gobierno federal.

“A 12 meses del derrame, tanto el Gobierno federal y Buenavista del Cobre han sido omisos en la remediación: el Gobierno federal omiso en la atención y Grupo México ha estado mintiendo a la población de que el río está limpio y que el problema se solucionó”, dijo.

La organización internacional realizó una investigación a través de 100 solicitudes de información a transparencia en donde encontró que la mina Buenavista del Cobre incumplió la ley, pues avisó dos días después del derrame a la Profepa, sin que la autoridad hiciera absolutamente nada para sancionarla.

La empresa, según la investigación de PODER, se percató el 6 de agosto de 2014, día del derrame a las 10 de la mañana, que había un “lagrimeo” en el represo poniente, pero avisó a la autoridad ambiental 25 horas después vía telefónica y entregó el formato de aviso inmediato, 48 horas tarde.

Julieta Lamberti explicó que a un año del derrame Buenavista del Cobre no cuenta con un Plan de Remediación Ambiental integral que abarque todo el terreno afectado aprobado por la Semarnat.

Contrario a lo que han declarado a SinEmbargo autoridades de la Profepa, la empresa hasta julio de 2015, sólo ha entregado el plan que corresponde a la Zona uno, a 30 kilómetros a la redonda, cuando son cinco zonas.

El 20 de junio Arturo Rodríguez de Profepa explicó que la remediación del Río Sonora concluirá entre seis y ocho semanas, aproximadamente.

De acuerdo con el Plan de Remediación del Río Sonora, Grupo México deberá limpiar el río en cinco fases, dijo: la primera abarca desde el lugar donde se origino la emergencia, en el represo de Tinajas, hasta el kilómetro 30, el tramo seco de Tinajas.

“El segundo va del arroyo Tinajas donde confluye con el Río Bacanuchi del kilómetro 30 al 14. La tercera del 140 al 180; la cuarta del 180 a 224 y la última del 224 hasta la presa El Molinito”, detalló.

Rodríguez Abitia dijo que Grupo México construyó un sitio temporal para el confinamiento de los suelos contaminados que se retirarían del cauce.

Hasta el momento fueron removidos mil 300 metros cúbicos de suelo contaminado en 14 polígonos que fueron identificados como “impactados en la zona uno”, aseguró.

“Esta actividad ya terminó y nosotros estuvimos verificando que esto ocurriera. Actualmente la empresa ya está trabajando con la Semarnat y está atendiendo las zonas dos, tres y cuatro. Nosotros estamos pendientes a estos trabajos para ver que vayan cumpliendo con todo lo que la Semarnat ordenó. Ya no llevará demasiado tiempo, tendrá que resolverse ya en unas semanas, entre seis y ocho semanas, todo dependerá de la velocidad con que la empresa siga trabajando”, expuso.

Al concluir con la remediación, la Profepa verificará a través de un muestreo final si se cumplió con los límites de contaminantes.

“El río queda absolutamente limpio y regresará a las condiciones originales en las que se encontraba antes de la emergencia. Independientemente de eso, se establece dentro de las medidas que se ordenaron por Profepa, Conagua y Cofepris, la obligación de hacer un monitoreo durante varios años para asegurarnos que la calidad del agua y de los suelos se encuentren como estaban antes de que ocurriera la emergencia”, afirmó.

DINERO DEL FIDEICOMISO SIN ESTUDIO

La organización PODER  encontró que el Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora no realizó ningún estudio socioeconómico para definir el destino y reparto de los dos mil millones de pesos.

En el caso del sector comercio, por ejemplo, el monto de indemnización se calculó a partir de 55 días de continencia y no se contabilizaron los daños de mediano y largo plazo.

“El monto fijado equivale a 0.013 por ciento de los ingresos brutos de 2014 de Grupo México y la multa fue de 24 millones de peso, equivalente a 0.00016 por ciento de los mismos ingresos en el mismo periodo”, señaló PODER.

De acuerdo con algunos miembros del Comité Cuenca Río Sonora, no hay transparencia en cuanto al reparto de los recursos y desconocen la forma en la que fueron entregados.

SinEmbargo publicó recientemente que los siete alcaldes y sus familiares de los municipios afectados por el derrame cobraron cheques jugosos por resarcimientos de acuerdo con la lista de beneficiarios del Fideicomiso Río Sonora.

También obtuvieron cuantiosas sumas varios políticos del Partido Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) de renombre y peso en Sonora, de acuerdo con la información entregada por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a este medio digital.

La información da cuenta de 536 millones 382 mil 249 pesos con 49 centavos –de los 2 mil millones de pesos del Fideicomiso– que fueron entregados al 16 de junio de este año, excluyendo los datos de las personas que recibieron resarcimientos por concepto de salud, por considerarlos información clasificada.

Sin embargo, el listado comprende con nombre y apellido los beneficiarios por concepto de Proagro, Progan, Unidades Económicas, Tomas de Agua, Cultivos y Pescadores.

De acuerdo con el abogado de PODER la lista es analizada por los miembros del Comité Cuenca Río Sonora y serán ellos quienes decidan si solicitan alguna auditoría o emprenden alguna acción legal en contra de las autoridades.

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DERRAME FUE UNA NEGLIGENCIA

La organización PODER encontró que el derrame se debió a una negligencia de Grupo México y de Profepa y no al exceso de lluvia como indicó la empresa.

“Las sustancias que llegan a Tinajas 1 debían ser conducidas a través de un sistema hidráulico a otra área de la mina. Pero en el momento en que llegó la solución de cobre acidulado a Tinajas 1, el sistema hidráulico se encontraba en reparación y además el represo no tenía ningún tipo de válvula para la que se pudiera controlar el flujo de salida. El sulfato salió del represo sin control hacia el arroyo Tinajas que llega al río Bacanuchi y después se conecta con el Río Sonora”, afirmó Lamberti.

Fueron la Sermarnat y Profepa, quienes desmintieron la versión de la empresa. Según la estación climatológica de Bacanuchi el 6 de agosto de 2014, se registró una precipitación de 5 milímetros y tres días antes no llovió.

Las lluvias que causaron alguna inundación en Sonora fueron entre 50 y 100 milímetros de nivel pluvial, indicó la organización.

PODER descubrió que  Buenavista del Cobre maneja sus residuos peligrosos sin  las autorizaciones de Semarnat que obliga la ley.

En 2011 la minera envió a la Semarnat su Plan de Manejo de Residuos y un año después en 2012, la dependencia le solicitó más información para autorizarlo. Pero Grupo México realizó en ese lapso el manejo de los residuos.

Buenavista del Cobre solicitó una prórroga y durante tres años la Semarnat no exigió la información a la minera, por lo que la compañía no la entregó y el trámite continuaba pendiente, al menos hasta abril de 2015 según la solicitud de acceso a la información a la Semarnat SAI-folio 00016000577715.