El Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal admitió la demanda de garantías que impide que Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la CFE en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, sea llevado a prisión hasta que se resuelva si se le concede la suspensión definitiva.

El 14 de marzo de 2017, Moreno Díaz recibió ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito por poco más de 36 millones de pesos; sin embargo sólo pasó ocho meses de prisión en 2011 acusado por enriquecimiento ilícito y soborno.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).– Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los sexenios de los presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, para evitar que la Fiscalía General de la República (FGR) aplique una orden de reaprehensión en su contra.

El Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal admitió la demanda de garantías que impide sea llevado a prisión hasta que se resuelva si se le concede la suspensión definitiva. Además, se anunció, Moreno Díaz busca llevar su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a que, según su defensa, existente temas de constitucionalidad que no fueron revisados en un Tribunal Colegiado.

Moreno tiene pendiente ese recurso de revisión ante la SCJN, únicamente para revisar la constitucionalidad de la redacción del delito de enriquecimiento ilícito, no para revisar los hechos de la acusación que la entonces Procuraduría General de Justicia (PGR) le aplicó en 2011, lo que le valió ser llevado por primera vez al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Si la Suprema Corte falla en su contra, y si el amparo contra la orden de reaprehensión es negado –lo que de acuerdo a los tribunales tomará algunos meses–, Moreno tendrá que fugarse o internarse voluntariamente en la cárcel para compurgar la condena, pues durante todo este proceso solo pasó ocho meses en prisión preventiva.

LOS PASOS POR LA CÁRCEL

Moreno Díaz estuvo preso desde 2011 en el Reclusorio Oriente bajo los cargos de enriquecimiento ilícito y soborno. Sin embargo salió a los ocho meses tras pagar una fianza.

De acuerdo con una investigación realizada por el Gobierno de Estados Unidos en 2010, Moreno recibió millones de dólares en sobornos por parte de la empresa suiza ABB Ltd para obtener contratos por más de 100 millones de dólares México, mismo sistema con el que operó en Irak.

Entre 1999 y 2004, la subsidiaria ABB Network Managment sobornó a funcionarios mexicanos de la CFE y también de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Luego, el 9 de abril de 2012, fue ingresado nuevamente al Reclusorio Oriente tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

El 14 de marzo de 2017, Héctor Moreno recibió ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito por poco más de 36 millones de pesos.

El Juzgado Decimosegundo de Procesos Penales Federales le impuso otras sanciones como la inhabilitación por ocho años y un mes para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos, además del pago de una multa por 31 mil 315 pesos.

A Moreno Díaz se le incautaron los bienes cuya procedencia no logró acreditar. Entre éstos se hallaron diversas cuentas de origen no identificado por 7 millones 694 mil 441 de pesos; un terreno en Ensenada, Baja California, con valor de 416 mil 145 pesos; un Jeep, modelo 2009 valuado en 57 mil 400; otro Audi, modelo 2003, de 212 mil 732 pesos; una camioneta Lobo, modelo 2005, de 359 mil 800; y un Nissan, modelo 2003, por 104 mil 400; pagos a tarjeta de crédito de Estados Unidos por 1 millón 785 mil 012 pesos; un yate con valor de 22 millones 125 mil 168 pesos y un Ferrari Spider, por un monto de 3 millones 258 mil 279 pesos.

El Juez federal señaló entonces que quedó registrado que entre enero de 2001 y el 27 de octubre de 2010, el sentenciado tuvo como única fuente de ingresos su sueldo con motivo de los cargos que desempeñó en la CFE por los que percibió 21 millones 51 mil 887 pesos.

De acuerdo con el Consejo de Judicatura Federal se demostró que en dicho periodo, el sentenciado incrementó ilícitamente su patrimonio de forma desproporcionada por un total de 36 millones 013 mil 379 pesos, con bienes de origen distinto a los ingresos que recibió como funcionario público sin demostrar su licitud.