Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Nayarit denunciaron que las desapariciones no sólo persisten de manera generalizada sino que han aumentado en el actual Gobierno de Antonio Echeverría, también que las instituciones públicas, en particular la Fiscalía Estatal, siguen coludidas y corruptas.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).– Edgar Veytia Cambero, exfiscal sentenciado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, dejó un legado de terror en Nayarit. Luego de su detención, en el año 2017, la violencia y la desaparición de personas se disparó en esa entidad federativa, en tanto que varios de sus colaboradores siguen en diversos puestos dentro de la Fiscalía General de Justicia, denunciaron activistas y familiares de personas desaparecidas.

“Imagina ir a la Fiscalía a reportar la desaparición de un ser querido y que sea el perpetrador quien levanta la denuncia”, ejemplificó en entrevista con SinEmbargo Jérémy Renaux de la organización Idheas, asociación civil que ha documentado la ola de desapariciones en Nayarit. Acusó que las autoridades estatales parecen encubrir a los autores de desapariciones forzadas.

Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Nayarit se manifestaron esta semana para exigir a las autoridades verdad y justicia. En la protesta, realizada en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, los familiares denunciaron que las desapariciones no sólo persisten de manera generalizada, sino que han aumentado en el actual Gobierno de Antonio Echeverría y que las instituciones públicas, en particular la Fiscalía Estatal, siguen coludidas y corruptas.

“Tres de cada cinco familias no denuncian la desaparición de su ser querido por temor a represalias, o incluso porque han sido intimidadas o amenazadas por las propias autoridades”, explicó Nancy Pérez, integrante del colectivo Renacer por Amor a Ellos de Tepic.

En Nayarit, tres de cada cinco familias no denuncian la desaparición de su ser querido por temor a represalias. Foto: Cuartoscuro.

Los manifestantes destacaron que debido a la impunidad estructural se vieron “en la necesidad de buscar la justicia fuera de México, y acudir ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas para alertar sobre la grave crisis en Nayarit y solicitar su intervención.

“Las instituciones mexicanas son ciegas y sordas, pero las Naciones Unidas sí nos escucharon. Por primera vez en la historia de Nayarit, un organismo internacional exige al gobierno buscar e investigar los casos de desaparición forzada”, destacó Santiago Pérez, del colectivo Familias Unidas por Nayarit.

El pasado 25 de agosto, el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió acciones urgentes para que el Gobierno mexicano inicie la investigación y búsqueda en 39 casos de desaparición en Nayarit, ocurridas entre abril del 2012 y mayo de 2019.

En su resolución, el Comité de la ONU pidió a la actual administración mexicana que establezca una estrategia integral para que se realice la búsqueda exhaustiva de las 39 personas desaparecidas y que en las investigaciones que se desprendan de esta solicitud se tome en cuenta “toda la información disponible, incluido el contexto y patrones”.

De acuerdo con la organización civil Idheas, que ha documentado las desapariciones en Nayarit y brinda acompañamiento a familias, a la fecha al menos 804 personas están reportadas oficialmente como desaparecidas en el estado de Nayarit, sin embargo, los colectivos de familiares alertan sobre un subregistro de los casos.

La mayoría de los casos, de acuerdo con los colectivos, son desapariciones ocurridas en 2017, tras la detención en Estados Unidos del exfiscal Edgar Veytia.

LEGADO DE TERROR

En septiembre de 2019, Edgar Veytia, extitular de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, fue sentenciado a 20 años de prisión y cinco más bajo “vigilancia” por colaborar con narcotraficantes.

En enero de ese mismo año, en la Corte federal de Brooklyn, el exfuncionario se declaró culpable de cargos de distribución internacional de drogas, tras las acusaciones contra él por conspiración para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.

Edgar Veytia por muchos años utilizó el poder del estado con el apoyo de personas dentro de la Fiscalía y de las dependencias estatales para cometer delitos como extorsiones, tortura y desapariciones de personas, quedó comprobado tras el fallo de la corte federal estadounidense.

“Él controlaba diferentes cárteles dentro el estado. Cuando fue detenido, quedaron al frente de la Fiscalía algunas personas cercanas a Edgar Veytia que empezaron a luchar con otros grupos del crimen organizado para tener el control del territorio y de la venta de droga y ahí se desató una ola de violencia en el estado y desaparecieron muchas personas”, explicó Renaux.

El defensor precisó que tan solo en el periodo de junio a septiembre de 2017, al menos 120 personas desaparecieron y la mayoría de esas desapariciones fueron cometidas por los mismos integrantes de la Fiscalía de Nayarit o diversos policías.

“Aunque cambió el Gobierno estatal, a finales del 2017, el problema es que muchos de los elementos cercanos a Edgar Veytia se quedaron dentro de la propia Fiscalía y de diferentes instituciones en el estado. Sabemos, por testimonios, que elementos cercanos a Veytia siguen operando dentro de las instituciones en Nayarit”, abundó el defensor.

“El responsable eres tú”, gritaron familiares de personas desaparecidas en una protesta realizada a las afueras de la Fiscalía de Nayarit. Foto: cortesía Jérémy Renaux, Idheas.

Las mayores actividades de búsqueda de cuerpos y hallazgos de fosas se han logrado debido a la labor de los propios colectivos que se organizaron desde el año 2017. A la fecha, los colectivos de familiares han localizado un total de 23 fosas con 121 cuerpos, de los cuales, 74 personas ya fueron identificadas.

“Nosotras las familias nos hemos dado a la tarea de buscar a nuestros seres queridos e investigar, a veces poniendo en riesgo nuestra propia integridad física y emocional. [..]Algunas familias encontraron a sus seres queridos, sin embargo la justicia no llegó para nadie”, dijo Nancy Pérez durante la protesta de este lunes.

El defensor de Idheas explicó que la mayoría de los casos están ante el fuero común, es decir, que las carpetas de investigación las lleva la Fiscalía del Estado de Nayarit, sin embargo, las autoridades locales no han investigado las desapariciones forzadas.

Los colectivos Familias Unidas por Nayarit, Por nuestros corazones, Renacer por amor a Ellos y En Búsqueda de Verdad y Justicia acusaron que las omisiones de las instituciones públicas parecen dar cuenta de una política de encubrimiento.

“Las instituciones públicas, particularmente la Fiscalía Estatal, siguen coludidas y corruptas”, destacaron en un posicionamiento conjunto.

“La Fiscalía se niega a realizar ciertas diligencias o estigmatiza o criminaliza a las familias, como hemos visto en muchos otros estados. La mayoría de los casos donde estarían involucrados elementos policiacos, posiblemente coludidos con narcos, no avanzan; eso nos da a entender que probablemente hay una política de encubrimiento y por eso no se investigan los casos dentro del estado”, reiteró Jérémy Renaux.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit encabezó en 2019 la lista de instituciones el mayor de número de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nayarit, con un total de 205 quejas, la mayoría por ejercicio indebido de sus funciones, dilación en la administración de justicia o por su negativa a practicar diligencias de investigación.

“Como la maquinaria institucional en Nayarit, sobre todo la Fiscalía, no está investigando los casos, hemos visto la oportunidad de presentar esos casos ante el Comité de las Desapariciones Forzadas para alertarlos sobre el contexto de desapariciones forzadas e impunidad dentro del estado de Nayarit y para que Naciones Unidas se pronuncie sobre lo que tiene que hacer el estado mexicano, tanto a nivel federal como local, para buscar las personas desaparecidas, investigar los delitos y proteger a las víctimas”, destacó el defensor.

El Fiscal General de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, rechazó que funcionarios vinculados a Edgar Veytia obstruyan las investigación y persecución de delitos como la desaparición forzada, según informó la dependencia en un comunicado de prensa.

Díaz Ponce aseguró, de acuerdo con el boletín, que gran parte del personal ha sido renovado, “pero algunos policías y servidores públicos que permanecen en esta Fiscalía General desde administraciones anteriores -incluyendo la de Veytia-, han aprobado cada año exámenes de control y confianza, se han desempeñado hasta ahora con honestidad y eficacia, pero están sujetos al escrutinio público y legal como cada uno de quienes sirven en esta institución”.

De acuerdo con la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas ha radicado 63 carpetas de investigación por las presuntas desapariciones forzadas de 77 personas, ocurridas entre 2016 y 2018, de los cuales 40 son casos pendientes, 20 personas se han encontrado sin vida y 17 se han recuperado con vida. Durante el año 2019 y lo que va del 2020, no se han presentado denuncias por este delito.

La Fiscalía Especializada reportó un total de 1 mil 416 denuncias por la desaparición de 1534 personas durante la administración actual, de las cuales, se localizaron 906 personas -849 con vida y 57 sin vida. Además, la Fiscalía General de Nayarit también aseguró que han logrado 9 sentencias condenatorias, con penas que han alcanzado hasta los 75 años de prisión, por delitos vinculados a la desaparición de personas.

Los colectivos destacaron que para erradicar la crisis de desaparición se requiere no solo la investigación y sanción de los autores materiales, sino también a los autores intelectuales. Además, también es necesaria la participación activa y coordinada de todas las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral de los casos.

“El gobierno de Nayarit tiene la responsabilidad internacional de prevenir, atender y erradicar este crimen de Estado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición y sus familiares”, enfatizaron.