Al llegar al Tercer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ya se puede hacer un balance de lo que va el Gobierno de la Cuarta Transformación. Ya se puede hacer un juicio de los objetivos que se trazó en su proyecto político. El lema de campaña de primero los pobres y el objetivo de acabar con el régimen neoliberal, están lejos de alcanzarse.

Si bien la entrega de ayudas monetarias mediante los distintos programas sociales ha ayudado a paliar las carencias que tienen millones de familias, las ayudas sociales distan mucho de emprender un proyecto que termine con la pobreza estructural del país. Y la crisis económica detonada por la pandemia de coronavirus ha agravado la situación de la población más pobre. Si bien le va, el Gobierno de López Obrador terminará casi con la misma tasa de población en pobreza que le heredó el priista Enrique Peña Nieto.

En la lectura de su Tercer Informe, llamó notablemente la atención la presunción del Presidente López Obrador de resaltar varios “récords históricos” que, según él, ha roto en su Gobierno. Así lo dijo: “El año pasado las remesas se elevaron a 40 mil 600 millones de dólares y en este año estimamos, de acuerdo al comportamiento hasta el día de hoy, que superarán los 48 mil millones de dólares; es decir, 18 por ciento más. Hoy acaba de dar a conocer el Banco de México que las reservas de julio alcanzaron los 4 mil 540 millones de dólares, es una cifra récord mensual. Aprovecho para recapitular: récord histórico en remesas; récord histórico en inversión extranjera; récord histórico en incremento al salario mínimo; récord histórico en no devaluación del peso; récord histórico en no incremento de deuda; récord histórico en aumento del Índice de la Bolsa de Valores; récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. Pero no he terminado, lo que acabo de decir es como para decir a los tecnócratas neoliberales: ‘tengan para que aprendan’”.

Salvo la pifia de incluir el monto de las remesas que envían los mexicanos que se ven obligados a ganarse la vida en otras tierras, el resto del párrafo es un balance de los indicadores macroeconómicos que probablemente ni un tecnócrata de cepa como José Antonio Meade habrían logrado.

Con estos indicadores macroeconómicos mencionados y con su apuesta central por grandes megaproyectos de infraestructura como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Corredor Transístmico y el Tren Maya, el Gobierno de López Obrador es la continuación del mismo modelo neoliberal, matizado con programas sociales de ayudas monetarias directas a sectores empobrecidos. Esto y su respaldo irrestricto en las fuerzas armadas es lo que está definiendo el Gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.

Pero incluso la extensión y eficacia de los programas sociales de la 4T han sido puestos en duda por analistas de políticas sociales como Máximo Ernesto Jaramillo en un ensayo publicado en julio pasado: “Los mitos de la política social de la 4T”.  En muchas ocasiones el Presidente López Obrador ha sostenido que el modelo neoliberal ya no existe en su Gobierno de la Cuarta Transformación. Si así fuera, ya no existiría la actual Ley Minera y su artículo 6 que proclama la explotación minera como una actividad esencial por encima de cualquier otra, incluso así sean las actividades de pueblos campesinos y comunidades indígenas para la reproducción de su vida.

Muchos analistas han escrito que con la reforma al artículo 27 constitucional que permitió la privatización de la propiedad social de la tierra y con Ley Minera, y otras legislación que abrieron los bienes nacionales a las concesiones y privatizaciones, el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari prácticamente se reescribió la Constitución del país.

El asunto es que esta legislación sigue vigente y con ello todo el régimen económico neoliberal que permite entregar a corporaciones privadas prácticamente todos los bienes públicos como tierras, aguas, playas, cerros, bosques, etcétera, para la valorización capitalista de inversionistas privados, a pesar de que el Gobierno de López Obrador ha declarado muerto el neoliberalismo en el país.

Organizaciones como la Red de Afectados por la Minería en México, la Alianza Mexicana contra el Fracking y otras han demando desde el inicio del Gobierno la reforma a la Ley Minera para eliminar la obligación de considerar “la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”.

Al mismo tiempo, si es cierto que el Gobierno de la Cuarta Transformación pretende extinguir el neoliberalismo, se debe revisar y modificar todo el régimen de concesiones que entrega a la explotación de particulares recursos como el agua, minerales, tierras, playas, bosques, el espectro radioeléctrico, la energía eléctrica y los hidrocarburos. No es posible que una décima parte territorio del país esté entregado a empresas mineras que pueden explotar esas tierras por 50 años y con la posibilidad de solicitar prórroga hasta por un siglo.

Mientras no se clave una estaca en el corazón de la legislación neoliberal y se cambie su sentido de privatización y el régimen de concesiones de todos los bienes públicos, este Gobierno será una continuación, matizada, de los gobiernos neoliberales del pasado.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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