México

Viejo Velasco 15 años después: la justicia olvidó a víctimas y sobrevivientes

05/09/2021 - 3:00 pm

La organizaciones recordaron que el operativo paramilitar ocurrido el 13 de noviembre de 2006 dejó un saldo de cuatro personas ejecutadas, cuatro desaparecidos y 36 personas deslazadas.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Familiares de personas desaparecidas y sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, junto a organizaciones sociales indígenas, exigieron la aparición con vida de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán. Asimismo, demandaron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa; y de las personas desaparecidas en México.

A casi 15 años de los hechos, las organizaciones denunciaron que la investigación en torno a los hechos ha sido ineficaz y simulada llena de impunidad, sin que hasta el momento se sepa el paradero de sus compañeros, quienes desaparecieron el 13 de noviembre de 2006 en un operativo paramilitar.

Asimismo, recordaron que dicho operativo estuvo a manos de 40 civiles armados, con uniformes tipo militar y de seguridad pública, y 300 elementos de la policía sectorial, en presencia de fiscales del Ministerio Público y otros funcionarios del Gobierno estatal, en la Selva Lacandona, quienes ingresaron de manera violenta  a la comunidad, lo que dejó un saldo de cuatro personas ejecutadas extrajudicialmente y 36 personas desplazadas forzadamente.

Además de cuatro desapariciones forzadas, de las cuales se encontraron restos de dos personas que fueron entregados a sus familiares cinco años después.

Este hecho, dijeron, corrió a cargo de Rafael Armando Arellanes, quien era en ese entonces Subsecretario de Acción Política del Gobierno del estado de Chiapas, y de Gabriel Montoya Oceguera, quien fungía como delegado de Gobierno para la Selva Lacandona.

Mediante un comunicado, las organizaciones indígenas señalaron que aún se mantenerse vigente órdenes de aprehensión en contra de sus compañeros de la Organización Social CDLI-XINICH, a quienes “el Estado mexicano se empeña en hacerlo responsable de asesinar a sus propios compañeros”.

Hasta el momento, afirmaron, ninguna autoridad ha sido investigada, identificada, juzgada o sancionada. Cabe recordar que el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cerró la medida cautelar y la petición de demanda al Estado mexicano dio trámite, en la que señala su responsabilidad internacional por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, privación arbitraria de la libertad y órdenes de aprehensión irregulares a consecuencia de la Masacre de Viejo Velasco.

También recordaron a María Núñez González quien fue asesinada al interior de su vivienda, cuando se encontraba embarazada; a Petrona Núñez González quien fue secuestrada y torturada el mismo día de los hechos y que más tarde logró escapar. Sin embargo, como consecuencia de la afectación psicológica que vivió falleció en el 2010.

De acuerdo con el informe semestral de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación, 89 mil 488 personas han desaparecido en México.

Cerca de la mitad han ocurrido desde 2006 y alrededor de una cuarta parte desde el inicio del sexenio de López Obrador, en 2018.

Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), miles de desapariciones en México entre 2018 y 2020 no han sido investigadas conforme a lo previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

“Descubrimos que existen aún grandes brechas entre lo que dice la ley, el número de desapariciones y el de investigaciones, lo que deja a gran parte de los casos en la impunidad”, señaló a EFE Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA.

Brewer explicó que el problema de que las desapariciones sean consideradas como delitos distintos a los que prevé la Ley General en la materia es que las herramientas que proporciona no están disponibles para quienes buscan a sus familiares.

Aunado a ello, las investigaciones no se llevan a través de fiscalías especializadas y unidades de análisis para ver casos en conjunto y determinar los patrones en los que se llevan a cabo estas desapariciones.

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