El condecorado ex combatiente de las fuerzas especiales del Ejército estadounidense tenía residencia permanente en el país, donde ha vivido desde los 8 años de edad, pero fue deportado por el antecedente de haber cumplido una pena de siete años en una prisión estatal por tráfico de drogas.
Chicago (EE.UU.), 5 oct (EFE).- El veterano de guerra de origen mexicano Miguel Pérez Jr. recibió este viernes la ciudadanía estadounidense, una decisión de Inmigración que sorprendió a familiares y activistas que luchaban para anular su deportación y que se le permitiera regresar de manera permanente a Estados Unidos.
“Estoy abrumado”, dijo Pérez a periodistas tras una breve ceremonia donde se le tomó juramento como nuevo ciudadano del país, y que contó con la presencia de su abogado, Chris Bergin.
“Hicimos mucha presión, movilizamos a todos los políticos, pero no esperábamos que el caso se resolviera tan rápido”, declaró a Efe la pastora Emma Lozano, una de los activistas que se movilizaron para que Pérez fuera perdonado y se anulara la deportación, efectuada en marzo del año pasado.
Pérez estuvo viviendo en Tijuana (México) desde que fue removido del país, aunque se le permitió regresar temporalmente a Chicago el 23 de septiembre para asistir a una audiencia sobre su caso.
El condecorado ex combatiente de las fuerzas especiales del Ejército estadounidense tenía residencia permanente en el país, donde ha vivido desde los 8 años de edad, pero fue deportado por el antecedente de haber cumplido una pena de siete años en una prisión estatal por tráfico de drogas.
Uno de los argumentos principales presentados por la defensa en la audiencia fue que el Gobernador de Illinois, JB Pritzker, le perdonó en agosto la condena por la cual Inmigración le canceló la “green card” o residencia permanente.
Además de no recibir tratamiento médico por trastornos postraumáticos sufridos durante dos incursiones en Afganistán, Pérez sostenía que su presencia obligatoria en México ponía en peligro su vida, por la posibilidad de ser víctima de traficantes de droga por su condición de exmilitar.
Según Lozano, pastora de la iglesia metodista Lincoln, tanto Pérez como sus familiares y los activistas que lo defendieron “nunca bajamos los brazos, ni nos callamos”.
Finalmente lograron que las autoridades reconocieran que la deportación del veterano era “una traición a alguien que sirvió a este país con valor durante tiempos de guerra”, agregó la también activista pro inmigrantes.
El abogado del ex combatiente, que en 2017 entabló una apelación ante la Mesa de Apelaciones de Inmigración (MAI) para que Pérez Jr. no fuera deportado, fue llamado de urgencia a las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), donde se le comunicó la decisión definitiva.
El proceso de apelación de Pérez fue largo y, entre otras acciones, en enero de 2018 sostuvo una huelga de hambre en el centro de detención de Inmigración de Kenosha, Wisconsin, en un nuevo esfuerzo para llamar la atención de políticos y jueces.
