Mientras que el caso del priista Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz y hoy prófugo de la justicia, acapara la atención mediática, en Chihuahua los ciudadanos libran una batalla contra trabas legales para iniciar la investigación por presunta corrupción e enriquecimiento ilícito de otro priista: el ex Gobernador César Duarte Jáquez. De acuerdo con Jaime García Chávez, abogado y activista y quien demandó a César Duarte desde hace 25 meses en la Procuraduría General de la República, esta instancia ha sido omisa y, ahora, incluso quiere cobrarles 300 mil pesos por hacer un peritaje sobre el patrimonio del ex mandatario. También dice que los ciudadanos recelan del nuevo titular de la PGR, el también priista Raúl Cervantes Andrade, quien además es amigo cercano, “camarada”, del ex Gobernador.
Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– Para el abogado que interpuso la denuncia por corrupción contra el ex Gobernador César Duarte Jáquez, la responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) es sencilla: establecer el origen de 65 millones de pesos que el priista aportó al fideicomiso que lo hizo accionista de un banco.
Pero a 25 meses de haber iniciado la averiguación previa, dice el activista chihuahuense Jaime García Chávez, la PGR no sólo no ha hecho el peritaje que permitiría establecer la ruta de esos recursos, sino que ha insistido en que sea el denunciante quien pague la generación de la evidencia.
“En lo fundamental, el expediente no se ha movido porque, siendo la Procuraduría la que cuenta con peritos en investigación financiera, quiere que nosotros llevemos la carga de pagar un diseño patrimonial, que en el mercado se cotiza en 300 mil pesos, porque no quiere hacer ese peritaje”, dice García Chávez en entrevista con SinEmbargo.
“El expediente de Duarte Jáquez lleva el número uno de la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF); ellos son los que tienen los peritos, las conexiones con el Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Hacienda; pero la visión de Arely Gómez Gonzñalez, y creo que se continuará con el nuevo Procurador, es una visión privatista, en la que las partes denunciantes de la corrupción llevan la carga de la prueba”, agregó el abogado e integrante de la Unión Ciudadana, que apoyó la candidatura del hoy Gobernador panista Javier Corral Jurado.
Desde septiembre de 2014, García Chávez presentó ante la PGR el contrato del Fideicomiso 744773 creado en 2012, firmado por el hoy ex Gobernador Duarte y su esposa y al que destinaron 65 millones de pesos para convertirse en accionistas del Banco Unión Progreso, encabezado por su luego Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral.
Desde entonces se abrió el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09 y se insistió ante PGR, dice García Chávez, en la necesidad de establecer el origen del dinero aportado al fideicomiso debido, insiste el abogado, entre otros elementos, a que no aparece en las declaraciones patrimoniales del ex mandatario.
“Se lo dijimos a [Arely Gómez, ex titular de la PGR] en la entrevista de hace un año, y en la que se comprometió de forma hipócrita y falsa a hacer la investigación más a fondo, pero se han manejado con una lentitud perversa y deliberada”, dice.
“De origen, nos han estado diciendo: ‘nombren peritos y páguenlos’, a sabiendas que no tenemos para hacerlo”, agrega.
A la falta de avances en la indagatoria se sumó, el pasado 26 de octubre, el nombramiento del ex senador priísta Raúl Cervantes Andrade como nuevo Procurador General de la República.
Designación, considera García Chávez, que es preocupante no sólo porque el nuevo titular del Ministerio Público Federal es priísta –representó al partido en el caso Mónex–, sino porque además es amigo de Duarte Jáquez, de quien fue dos veces compañero en la Cámara de Diputados –de 2000 a 2003 y de 2006 a 2009– y a quien visitó en Chihuahua cuando era mandatario.
“Es su amigo, es su camarada. ¿Qué neutralidad puede exhibir en una causa como esta?”, dice García Chávez.
“Es una red de complicidades: Tú me tapas, yo te tapo, y la corrupción se convierte en el cemento de la casta dominante”, agrega.
EXIGEN SE PROCEDA CONTRA DUARTE JÁQUEZ
Ante el nombramiento de Cervantes, García Chávez se manifestará el próximo lunes ante la oficina de la delegación de la PGR en el estado de Chihuahua –ubicada en Ciudad Juárez– y leerá un posicionamiento en exigencia de que el expediente contra el ex Gobernador se consigne ante el Poder Judicial.
“Se trata de un documento muy enérgico, de una reconvención aguda, sin falsas diplomacias ni cortesías inmerecidas, le decimos que no se haga y que proceda”, anunció el abogado.
Este medio solicitó ayer a la Subdirección de la PGR Información sobre el estado de la AP/PGR/UEAF/001/2014-09, pero no hubo datos disponibles.
Además de convertirse en accionista de un banco y de que su administración asignó contratos millonarios a una red de farmacias probablemente vinculadas con sus actividades privadas, César Duarte Jáquez dejó en Chihuahua una deuda de 42 mil 175.9 millones de pesos, la cuarta deuda per cápita más alta del país.
César Duarte es también uno de los cuatro ex gobernadores priístas mencionados en una denuncia interna del Partido que busca eliminar sus derechos como militantes debido, entre otros motivos, dice el texto, a que las irregularidades que se les atribuyen “influyeron negativamente en las elecciones constitucionales locales en perjuicio de nuestro instituto político”.
De los denunciados, sin embargo, el partido sólo ha procedido en contra del veracruzano Javier Duarte de Ochoa –prófugo–, en una medida que en el PRI se considera preventiva ante un eventual voto de castigo en 2018.
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