Se trata de la Controversia Constitucional interpuesta por la administración anterior, una acción de inconstitucionalidad del Partido de Baja California (PBC) y un escrito firmado por cuatro ex contrincantes de Bonilla Valdez, quienes presentaron el documento en la modalidad de amicus curiae, que permite a particulares participar de forma indirecta en un juicio.
Por Eduardo Andrade Uribe
Tijuana, 5 de noviembre (ZetaTijuana).- Dos nuevos asuntos y la controversia solicitada por el anterior Gobierno del Estado se acumularon al expediente en el que ya obraban las acciones de inconstitucionalidad admitidas a cuatro partidos, así como la petición amicus curiae que hizo el Senador de Morena, Germán Martínez, en contra de la reforma aprobada para prolongar el mandato del Gobernador Jaime Bonilla. Además, el 31 de octubre, el INE presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tres medidas impulsadas en el ánimo de revertir la reforma con la que el mandato del nuevo Gobernador Jaime Bonilla Valdez se ampliara de dos a cinco años, fueron incorporadas al expediente en el que ya obraban las acciones tramitadas por los partidos nacionales de oposición y el escrito del Senador Germán Martínez remitido en la modalidad de amicus curiae (“amigos de la Corte”).
Se trata de la Controversia Constitucional interpuesta por la administración anterior, una acción de inconstitucionalidad del Partido de Baja California (PBC) y un escrito firmado por cuatro ex contrincantes de Bonilla Valdez, quienes presentaron el documento en la modalidad de amicus curiae, que permite a particulares participar de forma indirecta en un juicio.
Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) procedió a promover un recurso legal, luego que la acción declarativa que había presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con miras a clarificar el periodo por el que habrá de gobernar Jaime Bonilla, le fue denegada bajo el argumento de que el INE carece de potestad para tramitar un procedimiento de esa naturaleza.
La nueva demanda, que constituye una acción orientada a declarar inconstitucional el Decreto 351 con el que se reformó el Artículo Octavo Transitorio que privilegiaba una gubernatura de dos años, fue presentada el 31 de octubre por el Secretario Ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo Molina.
Como argumento para proceder ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE señaló que “el decreto publicado el pasado 17 de octubre de 2019 contraviene la Constitución Federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California”.
Según dio a conocer el órgano electoral, este ha hecho “valer sus facultades constitucionales implícitas considerando que el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se inscribe en su función de mantener un Estado democrático, como rector de los procesos electorales a nivel nacional y garante del sufragio secreto, efectivo, libre, informado y directo”.
Por otro lado, la controversia procedente del Gobierno predecesor (el cual estuvo encabezado por Francisco Vega de Lamadrid) fue incorporada a una lista de acuerdos de la SCJN el 28 de octubre. En tanto que el recurso del Partido de Baja California quedó registrado un día después en una Lista Extraordinaria de Notificaciones del máximo órgano jurisdiccional.
Por lo que respecta al alegato de los ex candidatos Óscar Vega Marín, Jaime Martínez Veloz, Enrique Acosta Fregoso e Ignacio Anaya Barriguete, entró a trámite ante la misma instancia el miércoles 30.
Estas tres medidas se sumaron a las cuatro acciones de inconstitucionalidad que presentaron los partidos nacionales de la oposición y el amicus curiae que el ex panista y hoy legislador de Movimiento Regeneración Nacional, Germán Martínez, promovió.
El 18 de octubre, al día siguiente de haberse publicado el Decreto 351, con el que se reformó el Artículo Octavo Transitorio, los partidos PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y PRI presentaron sus respectivos recursos. El jueves 24, estas impugnaciones fueron acogidas para su resolución por el Ministro José Fernando Franco González-Salas. En el caso de las solicitudes adicionales que desde el ámbito partidista se realizaron para efectos de suspender de manera provisional la reforma, se negó a admitirlas.
El jurisconsulto explicó que no era necesario efectuar demandas de esa índole; el hecho de que la enmienda constitucional se mantuviera en vigor no impedía a la Corte “realizar el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas”, precisó.
El mismo día fue admitido el documento con el que procedió Martínez Cázarez, quien con todo y ser correligionario de Bonilla, alegó que la reforma favorable al tijuanense con la ampliación de su mandato, “es un atropello a la soberanía y a la dignidad cívica de las bajacalifornianas y bajacalifornianos”.
Previo a la acción que interpuso en la SCJN, el Partido de Baja California a su vez solicitó un juicio de revisión constitucional en el TEPJF, en el ánimo de que se declarara inválido el Decreto 351, que dejó sin efectos el Artículo Transitorio aprobado en 2014, el cual establecía que a partir de 2019 y por única vez, la gubernatura en Baja California sería por dos años. La petición del partido estatal finalmente fue denegada.
A propósito, el dirigente partidista Mario Favela Díaz mencionó que se trataba de “una vía que los abogados del partido no quisieron dejar pasar”, impulsada a sabiendas que de cualquier manera el PBC procuraría interponer una acción de inconstitucionalidad.
MEDIDAS ADMITIDAS
En cuanto a la controversia constitucional interpuesta por Francisco Rueda Gómez el 21 de octubre, fecha en que aún fungía como Secretario General de Gobierno en la administración que encabezó Francisco Vega de Lamadrid, el recurso va contra el Poder Legislativo de Baja California.
Por lo que refiere a la norma general o acto cuya invalidez se demanda, el gobierno de “Kiko” Vega alegó que no se le dio aviso cuando menos con cinco días de anticipación de que la iniciativa origen del Decreto 351 sería discutida.
El medio tramitado da cuenta de que “se modificó indebidamente una obligación de hacer en cuanto a la temporalidad del inicio y conclusión del ejercicio del encargo”.
En atención a la controversia, José Fernando Franco González-Salas dispuso que “al dar contestación de la demanda”, el Poder Legislativo del Estado de Baja California “envíe a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo, así como los respectivos diarios de debates y las documentales de las que se advierta que dio vista con la reforma constitucional a los Municipios del Estado, conforme al Artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California”.
El Ministro advirtió que “de no cumplir con lo anterior”, el Congreso se hará acreedor a “una multa en términos del Artículo 59, fracción l, del citado Código Federal”.
Tratándose del medio presentado por el PBC, quedó establecido que habría de formarse y registrarse el expediente relativo a ese recurso, hecho valer por el presidente del partido (Mario Favela) y que se decretara la acumulación del asunto (119/2019) a los medios interpuestos por los partidos Acción Nacional (112/2019), Movimiento Ciudadano (113/2019), de la Revolución Democrática (114/2019) y Revolucionario Institucional (115/2019).
“En virtud de lo anterior”, según da cuenta el documento, “se ordena turnar este asunto al Ministro que corresponde para que instruya el procedimiento correspondiente”.
En alusión al escrito que a su vez remitieron cuatro ex contrincantes de Bonilla a la SCJN, Óscar Vega Marín, del Partido Acción Nacional, manifestó que en razón de que los particulares no pueden presentar acciones de inconstitucionalidad, como tampoco controversias constitucionales, “este parece ser el único mecanismo en el que de forma indirecta” pueden participar.
Resumió que por medio de esa figura, “se trata decirle a la Corte ‘tengo suficiente interés como para pedirte que me dejes escucharte, aunque no soy parte vinculada formalmente’ ”.
El amicus curiae igualmente fue agregado al expediente 112/2019 y su admisión implica que la Corte otorga derecho de audiencia a los “promoventes”, quienes deberán comparecer ante la Coordinación de la Ponencia del Ministro Instructor en aras de fijar fecha para tales efectos.
Los interesados comparecerán una vez que “las autoridades demandadas, señaladamente el Congreso del Estado de Baja California, contesten la demanda”.
Finalmente, en el documento los ex candidatos arguyen que “es un hecho notorio y cosa juzgada por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial el que dicha elección (la del 2 de junio, en que Bonilla ganó la gubernatura) fue realizada para un período de Gobierno de dos años, por lo que resulta ilegal el pretender siquiera, como lo intenta públicamente el (entonces) Gobernador Electo del Estado de Baja California en el proceso 2019, el que, bajo cualquier interpretación dicho proceso electoral, haya sido convocado y realizado para un periodo de cinco años de gobierno”.
BONILLA, DE LA TOMA DE PROTESTA AL GABINETE, AL “SALUDO AL PUEBLO” Y LUEGO A SAN QUINTÍN.
A las 12:01 am del viernes 1 de noviembre, Baja California entró a la época Morena.
En una sesión del Congreso del Estado con invitados especiales del protagonista y el atestiguamiento de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Jaime Bonilla Valdez tomó posesión como Gobernador constitucional de Baja California.
Por dos años es lo legítimo de acuerdo a la Ley arbitrariamente reformada por diputados locales de la anterior Legislatura, 36 días después de la elección, para concederle cinco años de administración pública. El tema de ampliación de mandato está ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se resolverá de fondo.
Por lo pronto Jaime Bonilla Valdez ya es Gobernador de Baja California, y aun cuando le restó el mérito histórico de su triunfo al terminar con 30 años de administraciones panistas en Baja California, con la pretensión de quedarse tres años más en el poder, la realidad es que el Estado tiene por primera vez desde su fundación, un Gobierno de izquierda -por lo menos en papel- encarnado por una persona que siempre se manejó en la derecha, pero llegó al poder arropado por la popularidad del actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Las visitas contempladas para el pasado viernes en el primer día de gobierno de Bonilla, cuya toma de posesión se amplió y trascendió de Mexicali a Tijuana en un acto en el CECUT como “presentación y toma de protesta al gabinete legal para el gobierno de Baja California”, que comenzará a las cuatro de la tarde y culminó a las cinco.
En una de sus conferencias mañaneras, el Presidente de México hizo público que no acudiría a la toma de posesión de Bonilla, que en su representación asistió la Secretaria de Gobernación. También del Gobierno Federal esperan a César Yáñez, quien por años fue vocero del Presidente, pero existe una notoria distancia desde su llegada al poder federal.
Otros invitados fueron: el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán; los senadores Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Susana Harp, por supuesto Yeidckol Polevnsky, la todavía dirigente nacional de Morena; y el Diputado líder del partido en la Cámara baja, Mario Delgado.
También esperaron al abuelo del Senador Velasco, el chiapaneco Fernando Coello Pedrero, quien ha sido íntimo amigo de López Obrador y se presume uno de sus asesores en la actualidad. De los gobernadores, a pesar que esperan la presencia de varios, solo pudieron confirmar dos nombres a ZETA: Alejandro Murat, de Oaxaca, y Rutilio Escandón Cadenas, de Chiapas. Entre los invitados aseguraron se encontrarían varios directores de medios de la Ciudad de México, como Franco Carreño Osorio, de El Heraldo de México.
Después de la presentación y toma de protesta del gabinete estatal y un discurso del Gobernador Jaime Bonilla Valdez, el acto se trasladó al estacionamiento del CECUT, donde sostendrá un “saludo al pueblo de Baja California”.
Al día siguiente esperan acudir a San Quintín a otro acto de toma de posesión, festival donde, adelantaron, cantará la senadora Susana Harp.
EN EL CONGRESO
La agenda legislativa comenzó a las nueve de la noche del jueves 31 de octubre, cuando se citó a la Junta de Coordinación Política en la Sala de Juntas de Presidencia y se determinó el Orden del Día para la toma de posesión. A los invitados los recibirían a las diez de la noche, para iniciar justo a las 12:01 am del pasado viernes 1 de noviembre con la toma de posesión.
De antemano los equipos de comunicación tanto de Movimiento Regeneración Nacional como del Congreso, informaron que estaban estrictamente prohibidas las entrevistas al Gobernador Jaime Bonilla Valdez. Nadie podría hacerle preguntas al mandatario estatal.
Oficialmente solo se contempló la visita de los cinco alcaldes, algunos próximos funcionarios, familias, amigos y de Olga Sánchez Cordero en representación del Presidente de México.
Ahí mismo se llevó a cabo la toma de protesta del oficial mayor Jesús Demián Núñez Camacho, y de Amador Rodríguez Lozano como secretario general de Gobierno, para echar a andar la administración a primera hora del viernes 1 de noviembre.
Sin embargo, la entrega-recepción formal de la administración pública de Baja California fue programada para las nueve de la mañana, antes de trasladarse a Tijuana para los actos de toma de posesión al gabinete.
Afuera del Congreso del Estado, un operativo de seguridad fue proyectado para ser visible, con numerosos agentes de la extinta Policía Estatal Preventiva. Algunos vestidos de civil, y otros, con el característico uniforme azul, pero sin las insignias.
Apenas concluido el evento, el flamante Gobernador se hizo acompañar de su equipo más cercano, cruzó la explanada e ingresó al edificio del Poder Ejecutivo para ser recibido por el ahora ex Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, para la entrega formal de las oficinas.
