Durante el programa de la periodista Carmen Argistegui, la titular de la FGR en materia de derechos humanos, Sara Irene Herrerías, replicó por segunda ocasión por los dichos de las últimas semanas, en los que se aseguró que se le estaba dando “carpetazo” a la investigación en torno al tiroteo ocurrido hace seis años.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que no cerró el caso de las ejecuciones extraoficiales en Tlatlaya, Estado de México, luego de que obtuviera declaraciones de altos rangos del Ejército mexicano que estuvieron en el lugar el día de los hechos, en junio de 2014.

Durante el programa de la periodista Carmen Argistegui, la titular de la FGR en materia de derechos humanos, Sara Irene Herrerías, replicó por segunda ocasión por los dichos de las últimas semanas, en los que se aseguró que se le estaba dando “carpetazo” a la investigación en torno al tiroteo ocurrido hace seis años.

Poco después de la primera negativa ante un posible cierre del caso sin resolución, Santiago Aguirre, titular del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín”, dijo que Sara Irene estaba equivocada.

Aguirre resaltó que la Fiscalía intentó cerrar el caso Tlatlaya “específicamente en el apartado de la responsabilidad de la cadena de mando”.

“Después de mucho batallar, se logró que se hiciera una de las diligencias básicas en este tipo de casos, que es interrogar a la cadena de mando militar involucrada en los hechos. De eso, surgieron algunos elementos importantes y se demostró que algunos han incurrido al menos en falsedad, de demostró que la orden de abatir existió y fue real y no era susceptible de interpretarse por los elementos de tropa que ejecutaron. […] Sin embargo, de manera muy precipitada, el Ministerio Público tres días después de esta diligencia nos notifica el no ejercicio de la acción penal, y eso en efecto es un ‘carpetazo'”, expuso el titular del Centro de DD.HH en Aristegui Noticias.

Añadió que luego de que se notificara el no ejercicio penal, acudieron para presentar una apelación y que se continúen con las investigaciones hasta dar con los responsables de ordenar la muerte de las 22 personas.

“Ese no ejercicio se revocó y tienen todavía que realizarse actos de investigación ulteriores que ojalá se realicen de manera exhaustiva para indagar quienes son los responsables de esta orden y que finalmente rindan cuentas”.

El titular del Centro de Derechos Humanos detalló que se tienen siete órdenes de aprehensión pendientes, sin embargo, aclaró que la FGR no las ha tenido en consideración, sino que las víctimas han insistido en que se analicen los procesos y es por eso que se encuentran pendientes.

“Tienen más de un año esas órdenes y no se materializan. Es preocupante que nos digan que ahora si se materializan porque va a ayudar la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuando son órdenes que la Fiscalía debe ejecutar sin pedirle permiso al Ejército”, subrayó durante el programa de Carmen Aristegui.

Ante las declaraciones de Aguirre, la Fiscalía solicitó a la periodista un espacio para aclarar diversos puntos. En voz de Sara Irene Herrerías Guerra, la dependencia aseguró que no están dando ningún tipo de “carpetazo” a la investigación en torno al caso Tlatlaya.

Gráfico realizado por el Centro Prodh luego de un año del caso. Foto: Centro Prodh.

Herrerías Guerra señaló que el amparo al que hizo alusión el titular del Centro Pro Juárez se realizó en junio 2017, antes de que entrara en funciones la actual administración del órgano de justicia. Apuntó que el amparo sirvió para que la actual Fiscalía desahogara las pruebas necesarias, entre ellas, las declaraciones de los altos rangos de la Sedena que estuvieron en la tragedia.

“No puedo hablar del contenido de las declaraciones, porque es una averiguación previa en la que hay reserva de la información, pero todas esas pruebas se van a agregar en el proceso”, refirió en la entrevista la funcionaria de la FGR.

Sara Irene resaltó que el caso no se ha cerrado, ya que hay un proceso federal en contra de los presuntos responsables, el cual no puede ser interrumpido. “Estamos actuando conforme a derecho y en representación de las víctimas respetando sus derechos”, señaló.

Finalmente, la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR expuso que las órdenes de aprehensión pendientes se van a ejecutar, que ya están en proceso, pero que aún así, es clave la colaboración de la Sedena.

FGR CERRÓ EL CASO: EL PAÍS

Cuatro generales, un soldado y un cabo declararon por el caso Tlatlaya en este 2020, pero luego de que lo hicieron el proceso se cerró, pues no había indicios para “ejercer acción penal” contra nadie, de acuerdo con información revelada por el diario español El País el pasado 23 de octubre.

En septiembre de este año se realizaron los interrogatorios a la cadena de mando que participó en el caso. Foto: Archivo, Cuartoscuro.

“Por primera vez en seis años, abogados civiles, integrantes del Centro Miguel Agustín Pro, han interrogado a militares de alto rango vinculados al caso Tlatlaya, el escándalo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados en este municipio del Estado de México en 2014”, escribe el periodista Pablo Ferri para El País.

La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el caso Tlatlaya fue que se había tratado de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes. Pero testimonios de las testigos de los hechos y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echaron por tierra esa versión al referir posibles ejecuciones extrajudiciales.

En el tiroteo ocurrido en junio de 2014, el Ejército reportó la muerte de 22 sospechosos de narcotráfico en la localidad de Tlatlaya, en el sur de México. Solamente un soldado resultó herido en el enfrentamiento.

“Abatir delincuentes en horas de oscuridad”, esa fue la orden que se les dio a los militares que integraban la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario” y que estuvieron involucrados en la posible ejecución extrajudicial de 22 personas el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. Así lo consiguió documentar el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) al tener acceso a la Orden de Relevo y Designación de Mando, dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando del personal de tropa. Las pruebas fueron presentadas en 2015.

Las respuestas de los interrogados abren nuevas preguntas “sobre el papel de los generales en el caso y actualizan una vieja pregunta: ¿bajo qué tipo de órdenes actuó el Ejército en esa parte de México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto?”, señala Pablo Ferri en el texto “La Fiscalía cierra el caso Tlatlaya” tras interrogar a un general presente en el lugar de las ejecuciones.

Los interrogatorios se llevaron a cabo el 29 de septiembre en las instalaciones del Ejército en la Ciudad de México, de acuerdo con Pablo Ferri. Sin embargo, apunta, apenas tres días después el Fiscal informó sobre el cierre del proceso.