Una amalgama de poderosos intereses políticos y económicos se resisten a la reforma electoral, y hacen causas común influyentes cofradías de intelectuales y académicos, de políticos de derecha y grupos privilegiados del sector privado.

Es mucho lo que está en juego y por eso su defensa a ultranza del actual andamiaje jurídico que privilegia el poder del Instituto Nacional Electoral y su presunta imparcialidad e independencia.

El Presidente López Obrador dijo en la conferencia mañanera del pasado jueves 3 de noviembre del 2022, que “nadie va a desaparecer al INE, lo que se quiere es que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros del INE, gente sin principios, sin vocación democrática y nombraban también a los magistrados del Tribunal Electoral”.

La afirmación de López Obrador tiene sustento, pues durante las cuatro más reciente décadas México fue gobernado por una oligarquía, con enorme influencia en el gobierno, en el cual tenía socios y empleados serviles, que decidían en beneficio de los poderosos privilegiados, a espalda del pueblo.

Esos gobiernos neoliberales, que mucho beneficiaron a cofradías privilegiadas, ejemplificaron nítidamente el poder o el dominio de pocos en su propio beneficio.

Ese control y manipulación del organismo electoral ha sido una herramienta que ha permitido o facilitado la imposición de gobiernos dúctiles a esa oligarquía que además de su enorme poder económico, tiene todavía un gran poder mediático, pues controla muchos de los medios de comunicación convencionales que conservan una significativa cuota de audiencia o lectores.

El presidente resaltó que el Instituto Nacional Electoral tiene muchísimo dinero, “porque, además, los funcionarios del INE y del tribunal ganan más que el presidente, porque ellos no acataron lo que establece la Constitución, retorcieron la ley, se ampararon y tienen fideicomisos, y se dan la gran vida”.

López obrador se refirió a la encuesta que llevó a cabo el INE y que se resistía a ponerla a la disposición de la opinión pública, en la cual el 52 por ciento de los entrevistados considera que sí es necesaria una reforma electoral como la que promueve el presidente López Obrador.

Además, el 93 por ciento está de acuerdo en que se les reduzca el financiamiento a los partidos políticos; el 87 por ciento dice que apoya la disminución de diputados y senadores; el 74 por ciento respalda que se le reduzca el financiamiento al INE y el 78 por ciento comparte la idea de que consejeros electorales y magistrados electorales sean electos por el voto popular.

Al hablar sobre la corrupción en diversos ámbitos de la vida público reprochó que “esa podredumbre es la que quieren que regrese, la oligarquía actual, el conservadurismo, con sus voceros, sus intelectuales orgánicos, sus medios de información, eso es lo que quieren”.

Las batallas de López Obrador con esa oligarquía privilegiada vienen de lejos. Uno de sus capítulos más significativos ocurrió en la contienda electoral del 2018.

Javier Lozano, entonces vocero de la campaña del candidato de la coalición Todos por México, el priista José Antonio Meade, señaló que había presiones y una campaña del sector empresarial para que el ex secretario de Hacienda y la candidata independiente, Margarita Zavala, se hicieran a un lado para que Ricardo Anaya pasara y frenara a Andrés Manuel López Obrador, publicó el periódico El Informador de Guadalajara el 1 de mayo del 2018.

En el mismo sentido se pronunció Jorge Camacho, entonces vocero de Margarita Zavala, quien dijo: “No tengo nombres pero sí hay empresarios que buscan que se fortalezca una sola opción contra López Obrador; no es momento de pedir el voto útil”.

El primero de mayo del 2018, entrevistado por reporteros en Zongolica, Veracruz, el entonces candidato presidencial López Obrador aseguró que era cierto que había un grupo de empresarios, traficantes de influencias les llamó, que presionaban mucho para que se unieran los otros candidatos en su contra.

Alertó López Obrador que empresarios como Alberto Baillères, de Grupo Bal, el principal inversionista de Grupo Peñoles, El Palacio de Hierro y GNP Seguros; Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México, propietario de la quinta empresa productora de cobre más grande del mundo; Eduardo Tricio, de Grupo Lala; Alejandro Ramírez, de Cinépolis y Claudio X. González Laporte, presidente del consejo de Kimberly-Clark de México y del Consejo Mexicano de Negocios, así como los panistas Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox Quesada, se habían reunido un mes o mes y medio antes en apoyo de Ricardo Anaya y para pedirle al candidato del PAN que le bajará a la amenaza de que iba a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto.

Según la versión de AMLO, eso tenía molesto a Peña Nieto y por eso no se hacia el acuerdo de bajar de la contienda al priista José Antonio Meade. Anaya les habría pedido en esa reunión que lo ayudarán para convencer a Peña Nieto de que la única manera de que ganaran era con la unidad y apoyando a él.

López Obrador, entonces abanderado de la alianza Morena-PT-PES para la presidencia de México, insistió en que había una minoría empresarial que buscaba beneficiarse al amparo del poder público, advertía una información de la revista Forbes, el 4 de mayo del 2018.

Cita Forbes una entrevista colectiva realizada en el programa Tercer Grado, de Televisa, en la que López Obrador insistió: “En México hay una mafia de poder, no tengo la menor duda. Es la mejor manera de explicarlo, es un grupo que se ha beneficiado al amparo del poder público, a costa del sufrimiento del pueblo, han causado mucho daño. México se convirtió en un cementerio, están detrás, no dan la cara, son los que mueven los hilos y ellos no quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar”.

Hasta el 2018 eran doce familias las propietarias de la mayoría de los medios de comunicación más influyentes de México, los que acaparaban el mayor porcentaje de audiencia y los que se llevaban las mejores tajadas de publicidad oficial… Pero también los que ofrecían una cobertura homogénea de la vida política del país, generalmente en línea con el gobierno en turno, hasta la administración del priista Enrique Peña Nieto y en la actualidad, en mayor o menor grado, confrontados con la administración de López obrador.

Los apellidos son muy conocidos para la mayoría de los mexicanos, pues estaban estrechamente vinculados con el poder y sus intereses se movían más allá de la esfera de la información: Emilio Azcárraga Jean (Grupo Televisa); Olegario Vázquez Raña (Grupo Empresarial Ángeles-Grupo Imagen); Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas-Televisión Azteca); Carlos Slim Helú (Grupo América Móvil); Juan Francisco Ealy Ortiz (Grupo El Universal); Joaquín Vargas Gómez (Grupo MVS Televisión); Rogerio Azcárraga Madero y su hijo Jaime Azcárraga Romandía (Grupo Fórmula-Radio y Televisión); Paquita Ramos de Vázquez Raña (Organización Editorial Mexicana); Francisco Aguirre Jiménez (Grupo Radio Centro); Francisco González Albuerne (Grupo Milenio) y Alejandro Junco de la Vega, de Grupo Reforma.

La mayoría de estos poderosos empresarios entreveraban sus intereses como miembros destacados en los diversos consejos de administración de sus muchas empresas.

Claudio X. González Guajardo, promotor de la coalición opositora Va por México y en fecha recientes de Unid@s, es hijo de Claudio X. González Laporte.

Todos estos datos fueron publicados en el Informe Mom México: ¿Quién Mueve los Hilos de los Medios?, que las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Centro de Comunicación Social (Cencos) presentaron el jueves 22 de marzo del 2018 y que adelantó el semanario Proceso el miércoles 21 de marzo del 2018.

Como podemos observar, la defensa a ultranza del INE, de parte de quienes tienen poder económico, político y mediático, más que por la democracia es por la preservación de una institución y de un andamiaje jurídico que han rendido grandes frutos en favor de los intereses de una oligarquía privilegiada.

Pedro Mellado Rodríguez

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Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

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