Sin acciones ejemplares en contra de la corrupción y la impunidad, y a favor de la transparencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto difícilmente saldrá de la crisis en la que ha caído. Sin embargo, como han externado analistas políticos, políticos de oposición, grupos civiles en México y el extranjero, además de la prensa independiente del país y los medios de comunicación más influyentes en el mundo, el Presidente y su equipo más cercano, además del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al cual pertenece, no parecen tener la más mínima intención de abrirle la puerta a la rendición de cuentas.

Por el contrario, en cada paso que da, en cada acción diseñada para “resolver” la crisis de credibilidad y confianza en la que se ha metido hasta el cuello, se revela el desdén del grupo gobernante ante el grito ciudadano de hartazgo y que no sólo suelo parejo y respeto a los derechos humanos en todos los ámbito, sino también instaurar la legalidad, comenzando por la que, por mandato constitucional, deben respetar los funcionarios públicos, los políticos de todos los partidos, los jueces, las policías y las fuerzas armadas, en los tres niveles de gobierno.

Ayer, nuevamente, la prensa extranjera arremetió contra el gobierno de México y la razón no sólo fue la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero. Ahora, las baterías de la prensa extranjera y la comidilla entre sus lectores en diversos países están enfocadas en la actuación pública y privada del propio Presidente Peña Nieto, en especial luego de los escándalos recientes donde se le involucra en conflictos de interés con empresarios a los que ha favorecido y los evidentes beneficios que esto le ha traído a él y a su familia.

The Economist, por ejemplo, planteó ayer un adelanto de su próxima edición y destacó que a los reclamos de justicia para los estudiantes de Ayotzinapa se agrega ahora “el cansancio [de los mexicanos] con un sistema político, económico y jurídico, que exime del imperio de la ley a aquellos que pueden comprarla o negociar su salida por encima de ella, como los políticos corruptos, empresarios privilegiados y narcos”.

La prestigiada revista británica hizo referencia al escándalo de la “Casa Blanca”, la lujosa residencia que es de Angélica Rivera Hurtado, esposa del mandatario mexicano, que tiene un costo de 7.7 millones de dólares (más de 86 millones de pesos) y que aún aparece como propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, subsidiaria de Grupo Higa, de la que es dueño Juan Armando Hinojosa García, un empresario que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto como Gobernador del Estado de México fue favorecido con contratos que suman más de 8 mil millones de pesos.

Esa misma controladora está ligada al escándalo de la licitación del tren rápido México-Querétaro, pues formaba parte del consorcio beneficiado –el único que realizó propuesta, dijeron– y que está compuesto por la compañía China Railway Construction Corporation y tres mexicanas, las tres relacionadas con el Presidente y con personajes ligados al PRI y que apoyaron fuertemente a EPN durante su campaña para llegar a Los Pinos: GIA, de Hipólito Gerard Rivero, quien es cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari; Prodemex, de Olegario Vázquez Raña, un multimillonario con una afinidad histórica por el priismo, y Constructora Teya, del propio Juan Armando Hinojosa.

Para The Economist, este conflicto de interés ha encendido aún más la indignación de la sociedad mexicana y ha dañado profundamente la credibilidad en EPN: “Pero el tiempo no está del lado del señor Peña. Su popularidad se ha desplomado. Las manifestaciones que antes se centraban en la desaparición de los estudiantes se ha convertido en un clamor –aunque inútil– por su renuncia”.

También ayer, el diario neoyorquino The Wall Street Journal hizo un recuento de los contratos que ha ganado Grupo Higa en los apenas dos años de gobierno del mexiquense y que suman al menos 5 mil millones de pesos.

Al respecto, el diario que es una referencia internacional en el mundo de la economía, las finanzas y los negocios, expuso: “Las preocupaciones sobre los contratos públicos surgen en momentos en que México prepara sus primeras licitaciones en más de 70 años para que petroleras privadas exploren y produzcan crudo y gas […] Los contratos de Hinojosa han profundizado las dudas que tienen muchos mexicanos sobre la apertura del sector energético, sin mencionar a empresas extranjeras que esperan participar en el proceso”.

Las sospechas de corrupción y conflicto de interés han dañado no sólo la imagen del Presidente frente a los mexicanos, sino también es la comidilla entre sus probables socios en el extranjero. Esto significa no sólo un golpazo para el actual gobierno federal y sus sueños de convertirse en una administración que haría historia. Es además, por  las acciones y omisiones del actual grupo en el poder, otro mazazo contra los ciudadanos que podría arrebatarle años de desarrollo y progreso.

Pero la corrupción, la del más alto nivel, se mantiene a galope, imparable, y sin visos de que alguien, al menos en este sexenio, pueda meterle freno.

Redacción/SinEmbargo

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