“Resultan preocupantes las declaraciones de la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, en donde se advierte una visión limitada en torno al caso Narvarte y las implicaciones que tiene en materia de derechos humanos, pretendiendo minorar las diversas violaciones a los mismos”, coincidieron.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La organización internacional Artículo 19 y el Grupo de Acción Civil por los Derechos Humanos y la Justicia A.C., alertaron que la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha mostrado una visión limitada en torno al multihomicidio de la colonia Narvarte con el objetivo de “minorar” diversas violaciones a los derechos humanos de las víctimas de “uno de los casos más graves que han tenido lugar en la capital del país en los últimos años”.

Más de cuatro meses han transcurrido desde el asesinato de cinco personas en un departamento de la Colonia Narvarte en la Ciudad de México, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y Alejandra Negrete, y hasta el momento no hay ningún móvil del multihomicidio, por el contrario la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) pretende, a través de la filtración ilegal de datos, construir una narrativa relacionada con el “ajuste de cuentas” de narcotraficantes con la víctima de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martín, según lo han denunciado familiares y organizaciones.

Por otra parte, en un comunicado difundido ayer, Artículo 19 y el Grupo de Acción Civil por los Derechos Humanos y la Justicia, advirtieron que pese a que la titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, dijo públicamente que emitirán dos recomendaciones por el caso dirigidas a la Procuraduría capitalina y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), ésta serán con motivo de las filtraciones de la información contenida en la investigación. Con ello, alertaron, se intenta aminorar las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades capitalinas.

“Resultan preocupantes las declaraciones de la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, en donde se advierte una visión limitada en torno al caso Narvarte y las implicaciones que tiene en materia de derechos humanos, pretendiendo minorar las diversas violaciones a los mismos”, coincidieron.

Recordaron que la filtración de información contenida en la investigación del homicidio de cinco personas perpetrado el 31 de julio pasado, violó las medidas precautorias que dictó la CDHDF luego de que se hizo una solicitud de resguardo de información.

Detallaron que en los medios de comunicación se publicó información de la averiguación que tuvo como consecuencia “evictimización, estigmatización y criminalización” de las cinco personas y de sus familias. E incluso “se buscó que en la sociedad se generara una percepción parcial, tendenciosa y sesgada de los hechos”.

Como resultado, la familia de Rubén Espinosa, acompaña por Artículo 19, solicitaron una suspensión definitiva, que fuma concedida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con la que se obligó a las autoridades ministeriales al debido resguardo de la información sobre la investigación del caso Narvarte.

Sin embargo, dijeron las organizaciones, las violaciones a los derechos de las víctimas y sus familiares filtraciones no se limita a las filtraciones. Indicaron que también comprenden otros aspectos que no “deben ser omitidos en la investigación que lleva a cabo la CDHDF, para determinar las violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades”.

Destacaron, entre estos otros aspectos, “las omisiones, inconsistencias e irregularidades dentro de la investigación ministerial”, así como “la negativa por parte del Ministerio Público de desahogar las diligencias necesarias para llegar a un completo esclarecimiento de los hechos, mismas que han sido propuestas por las partes que coadyuvan en la investigación”.

Visibilizaron también que no ha habido un debido agotamiento por parte de la autoridad ministerial de la línea de investigación relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos; además de que se han percatado de la negativa pública y jurídica a esclarecer el móvil de los hechos y la posible participación material e intelectual de más sujetos, a pesar de que existen indicios en este sentido.

Sumado, señalaron, a el “grado de cumplimiento de los protocolos de investigación por parte de la PGJDF, en específico, del Acuerdo A/017/2011 por el que se emite el Protocolo de Investigación ministerial, policial y pericial del delito de Feminicidio; el Acuerdo A/008/2010 por el que se emite el ‘Modelo para la Investigación del Delito de Homicidio’; así como la aplicación del Acuerdo A/011/2010 por el que se emite el ‘Protocolo de Investigación para la Atención de Delitos cometidos en Agravio de las y los Periodistas en el Ejercicio de esta Actividad’”.

Pidieron también que el organismo capitalino tome en cuenta la situación de los probables responsables, “siendo que dos de ellos alegaron incomunicación, y uno de ellos, tortura”.

“En este sentido se encuentra el dictamen basado en el Protocolo de Estambul que fue aplicado a Daniel Pacheco Gutiérrez [uno de los sospechosos detenidos] y que arrojó como resultado tratos crueles, inhumanos y degradantes; no obstante, públicamente sólo se mencionó que no se había acreditado tortura. Lo anterior es de vital importancia, considerando que existe íntima relación entre las garantías procesales de los hoy inculpados y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”, precisaron.

En cuanto a los derechos de las víctimas, Artículo 19 y Grupo de Acción alertaron que “es de vital importancia tomar en cuenta la sistemática estigmatización y denostación que han sufrido públicamente, en especial Mile Virginia Martín, de nacionalidad colombiana, con quien la PGJDF ni si quiera cumplió su obligación de preservar el cuerpo, entregándolo a la familia en estado de descomposición”.

Indicaron también que ha habido restricciones y obstáculos por parte de las autoridades ministeriales al derecho de acceso a la información de las familias de las víctimas, negándoles copias del expediente o información sobre el plan diligencial para la investigación y esclarecimiento de los hechos, así como obstáculos y condicionamientos para consultar la averiguación previa, pues agregaron, incluso la misma CDHDF ha sido limitada para llevar a cabo su labor en la PGJDF.

Estos señalamientos, manifestaron las asociaciones, “no deben ser omitidos en la investigación que lleva a cabo la CDHDF”.

“Por tanto, dicha investigación debe ser integral, exhaustiva y rápida, documentando diversas cuestiones que se incluyan en las recomendaciones que lleguen a formularse”, exigieron.

Finalmente, afirmaron que es “de suma importancia que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal asuma a plenitud sus facultades legales para llevar a cabo una investigación completa y minuciosa de las diversas irregularidades que se han presentado en la indagatoria de los hechos ocurridos, determinando las violaciones a derechos humanos que, por acción u omisión, han cometido las autoridades correspondientes respecto a uno de los casos más graves que han tenido lugar en la capital del país en los últimos años”.