El magistrado Llarena no esconde la posibilidad de que la Justicia belga tumbe parcialmente la euro–orden y se niegue a extraditar a Puigdemont por todos los delitos de rebelión, sedición, prevaricación, malversación y desobediencia.
Ciudad de México, 5 diciembre (eldiario.es/SinEmbargo).- Movimiento en el frente judicial del proceso soberanista. El Tribunal Supremo ha retirado la orden europea de detención y entrega que emitió la Audiencia Nacional el pasado 3 de noviembre contra Carles Puigdemont y sus cuatro exconsellers que permanecen en Bruselas, así como las órdenes de detención internacional contra todos ellos. Uno de los motivos es que la Justicia belga podría limitar los delitos por los que encausar a Puigdemont y a los exconsellers y no exponerles a la rebelión y la sedición que se investiga en España.
El magistrado Pablo Llarena fundamenta la retirada de la euro–orden en tres elementos. En primer lugar, la “intención” de Puigdemont y los exconsellers de volver a España, y por lo tanto, dejar de huir de la Justicia española, para tomar posesión de su acta de diputado. No en vano todos ellos son candidatos al 21D por JxCat –el expresident, Clara Ponsatí y Lluís Puig– o ERC –Toni Comín, y Meritxell Serret.
Asimismo, el magistrado argumenta el carácter “plurisubjetivo” del delito de rebelión, esto es, que en los hechos que se investigan han participado más de dos personas, lo que marca la necesidad del enjuiciamiento conjunto en un mismo tribunal.
En este sentido, el magistrado remarca lo que ya apuntó en el auto por el que mantuvo en prisión a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los ‘Jordis’: que los investigados, tanto los que huyeron a Bélgica como los que se quedaron en España, actuaron de común acuerdo y “en concierto” para llevar a cabo la independencia de Catalunya bien por vías pacíficas o violentas. En consecuencia, la investigación penal “debe ser llevada de manera unificada, pues de otra manera se podría conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes”.
El magistrado Llarena no esconde la posibilidad de que la Justicia belga tumbe parcialmente la euro–orden y se niegue a extraditar a Puigdemont por todos los delitos reclamados por la Audiencia Nacional –rebelión, sedición, prevaricación, malversación y desobediencia– como uno de los motivos que le ha llevado a retirarla. “Al ser posible que el Estado requerido [Bélgica] deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se está posibilitando la restricción de la imputación para los investigados que se encuentran fugados”, asevera el magistrado.
Llarena, consciente de que la Fiscalía belga apoya la extradición de Puigdemont pero no por todos los delitos que pidió la Audiencia Nacional, añade que, de producirse una extradición parcial se introduciría una “distorsión sustantiva” a las defensas de los exconsellers que sí han comparecido ante el Supremo, que permanecerían imputados por todos los delitos, a diferencia de los dirigentes huidos a Bélgica.
Añade Llarena que esta eventual extradición por distintos delitos (por ejemplo, desobediencia y malversación, pero no rebelión) pondría en dificultades la “respuesta homogénea” que motivó que el Supremo se quedara la causa contra el Govern cesado que inició la Audiencia Nacional.
De esta manera, queda paralizado el proceso judicial en Bélgica de Puigdemont, en el que el próximo 14 de diciembre el juez de primera instancia debía pronunciarse sobre la extradición. Con todo, la participación destacada de Puigdemont en el presunto delito de rebelión hace que tenga muchas probabilidades de ser detenido para que pase a disposición del magistrado Llarena si vuelve a España.
El magistrado ha dictado una providencia, con posterioridad al auto, en el que explica que éste último también afecta a las órdenes internacionales de detención. Sigue vigente la orden de detención en territorio español, lo que implica que serán detenidos cuando pisen territorio español.
