Ciudad de México, 6 de ene (SinEmbargo).– El Gobernador Enrique Peña Nieto no tuvo más opción que despedirlo. Presentó su renuncia el 25 de 2010, acosado por la prensa nacional e internacional porque, como Ministerio Público, había cambiado tres veces la versión sobre el caso todavía nebuloso de Paulette Gebara Farah.

Alberto Bazbaz asombró al país pero de mala manera. Primero dijo que la pequeña había sido asesinada y después, secuestrada. Al final no tuvo más opción que desdecirse y afirmar que la menor había muerto por asfixia: su cuerpo apareció entre su cama y la cabecera. Los sabuesos amaestrados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) no dieron con ella antes. Fue “la casualidad”.

Nadie creyó un ápice sus versiones. Sólo Peña Nieto salió en su defensa entonces, como sólo Peña Nieto sale en su defensa hoy.

Con el prestigio de sabueso sin olfato, lo acaba de nombrar titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Él estará a cargo de buscar a los lavadólares, los eternos evasores de la ley, los sofisticados integradores del dinero del crimen organizado a las redes formales del sistema financiero mexicano. Sí, él.

Los datos más conservadores dicen que en México se lavan cerca de 10 mil millones de dólares. La Asociación Mexicana de Bancos habla de 20 mil millones, pero otros afirman que la cifra es mucho mayor: hasta 40 mil millones.

Bazbaz, quien no pudo resolver a satisfacción el caso Paulette, será el que enfrente a un mundo de finos entramados que involucran no sólo a las cabezas del narcotráfico internacional, sino a instituciones financieras que se han prestado –y han obtenido ganancias– para que el dinero que viene del tráfico de drogas y de humanos, de la extorsión y el robo, sea legitimado en México.

JP Morgan, Bank of America Corp, Western Union, HSBC Bank USA, Monex y otras instituciones, cuando menos, han sido señaladas por Estados Unidos por lavar dinero en México.

BANCOS LAVADORES: EL ESCÁNDALO EN GRANDE: Las multas por “operaciones irregulares” (principalmente las de lavado de dinero) son exorbitantes. Las instituciones bancarias han pagado miles de millones de dólares en los últimos cinco años; son instituciones financieras que operan principalmente en Estados Unidos y que tienen oficinas o negocios en México y con mexicanos. Según reportes de autoridades estadunidenses, las montañas de billetes son del narco. Sin embargo, todo ese dinero no se puede comparar con las ganancias de la venta de drogas, armas, tráfico de personas y demás actividades ilícitas. Los cárteles de la droga saben que en Estados Unidos los bancos lavan dinero de forma muy fácil y que, en el caso de ser descubiertos, las autoridades sólo podrán ponerles una sanción millonaria pero, finalmente, sencilla de pagar para ellos. En México, el panorama para combatir este problema es peor. Hasta el momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha implementado nuevas estrategias para identificar este tipo de delito, pero los resultados siguen siendo escasos y tardados. VER AMPLIA INFORMACIÓN

CERCA DE SALINAS, Y DE PEÑA NIETO

Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, campus estado de México; desde hace 11 años es catedrático de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal en la misma universidad, Alberto Bazbaz Sacal nació el 24 de octubre de 1973.

Fue elegido por Peña Nieto procurador mexiquense  en marzo de 2008. Se benefició de la desgracia de Abel Villicaña Estrada, quien no pudo resolver el asesinato de Enrique Salinas de Gortari además de cientos de 600 feminicidios.

Bazbaz se rozó todavía más directamente con la familia Salinas. Fue también parte del equipo de defensa de Raúl Salinas de Gortari desde la firma Moreno y Bazbaz.

En 1994 fue agente del Ministerio Público en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y de 1996 a 2006 se desempeñó como abogado litigante. En 2007 fue asesor de la Coordinadora de Planeación, Innovación y Desarrollo Institucional de la Procuraduría General de la República.

“Lo importante es no peder de vista de dónde viene Bazbaz Sacal y quién ha movido sus hilos desde sus años mozos. Nos referimos al multipremiado por la comunidad judía, el director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Fedelman, con quien Bazbaz compartió pupitre en la Universidad Anáhuac y tiempo después, hasta despacho”, escribió Jesusa Cervantes en Proceso.

“Ante la desaseada investigación por el caso Paullete Gebara Farah, el escándalo y la indignación que se generó en todo el país, los asesores de Peña Nieto le recomendaron la destitución de Bazbaz Sacal. El primer nombre en que se pensó fue justamente en David Korenfeld, entonces encargado del Sistema de Agua del Estado de México, pero éste declinó la propuesta bajo el argumento –sostienen quienes los conocen–, de que en esa área (el Sistema de Agua) se manejaba más dinero que pronto les sería útil para la campaña presidencial”, agrega la periodista.

“El posible desvío de una parte del presupuesto del Sistema de Agua hacia la campaña presidencial no pudo ser comprobado ni siquiera por la oposición encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, lo que sí quedó claro fue que el señor Korenfeld se convirtió muy pronto en la puerta de entrada de Peña Nieto con la comunidad judía; incluso se le mencionó como uno de los personajes que habrían ultimado sus contactos en el medio oriente para, mediante una complicada transacción financiera como la que se utiliza para lavar dinero, sacar el millones de pesos de México, llevarlos a España, pasarlos por Israel y regresarlos al país vía banco Monex”, publicó la revista apenas se supo del nombramiento de Bazbaz.

EL IRRESPONSABLE

En junio de 2010, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) presentó dos denuncias en contra del ya para entonces ex Procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz Sacal. Pidió que se le castigara  administrativa y penalmente por las violaciones cometidas durante la investigación del caso de la desaparición y muerte de la niña Paulette Gebara Farah.

El secretario general del PAN mexiquense, Víctor Hugo Sondón Saavedra, acudió a la sede de la Secretaría de la Contraloría de la entidad para presentar la denuncia. En su exposición de motivos, el PAN pidió que sele inhabilitara por 20 años para ocupar cargo público.

Fue incluso a la mesa de responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del Edomex para que se iniciara una averiguación previa y fuera sancionado por violaciones a la Constitución y al Código de Procedimientos Penales del Estado de México, al no respetar la secrecía de la investigación.

“El ex Procurador violentó el artículo 42 de la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado, y el articulo 242 del Código de Procedimientos Penales de la entidad. No sólo pedimos que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en la contraloría, sino vamos a la procuraduría, para que se le sancione penalmente y se consigne al ex procurador por los errores cometidos”, explicó Sondón.

“Es lamentable que la autoridad misma reconozca y fomente la impunidad de esta manera. Nosotros no queremos sacar raja política de este asunto, pero tenemos la responsabilidad de verificar la correcta actuación de las instituciones y en este caso se actuó deficientemente y lo tenemos que decir”, expresó.

Esa era la posición del PAN en ese año.

No está claro si ahora, cuando ha decidido unir su esfuerzo al Gobierno de Peña Nieto, sostendrá su palabra.