El Presidente de la República insiste en que el objetivo central de su gobierno es el cambio de régimen. Nos machaca cotidianamente con la cantaleta ya bastante gastada de su “cuarta transformación”, pero cuando se intenta entender qué entiende López Obrador por ello, el proyecto parece no tener ni pies ni cabeza, más allá de un intento de reconcentración del poder político en el ejecutivo y una pérdida de autonomía de las instancias estatales que se había profesionalizado y especializado durante las últimas décadas.

Las tres reformas constitucionales anunciadas a mediados del año pasado no solo no corresponden a un gran proyecto innovador y reformista, sino que tienen un carácter francamente regresivo. La vuelta al monopolio eléctrico, la pretensión de desmantelar al INE y la militarización de la Guardia Nacional no apuntan hacia un nuevo Estado, más eficiente y menos corrupto. Parecen más bien un retorno al viejo régimen rentista, con control político de los procesos electorales y con un protagonismo de las fuerzas armadas que nos retrotrae no a la época clásica del régimen del PRI, sino a la etapa previa, la del militarismo posrevolucionario. La marcha de López Obrador parece ir en reversa.

Ya el proyecto de reforma eléctrica se empantanó, sobre todo por los problemas que acarrearía en nuestra alianza comercial con los Estados Unidos y Canadá y por sus efectos evidentes en la inversión privada, pero la testarudez del caudillo es proverbial y seguramente insistirá en su aprobación. Para lograrlo tendría que conseguir al menos cuarenta votos opositores en la Cámara de Diputados y once en el Senado. No es una tarea imposible, dada la laxitud en las convicciones de nuestros legisladores y la capacidad de chantaje gubernamental, sobre todo a los legisladores del PRI, con largas colas proclives de ser pisadas. Los costos económicos de esa reforma ya han sido ampliamente analizados por diversos especialistas, pero el alegato nacionalista es constantemente encomiado por quienes pretenden ver en el Presidente a un héroe a la altura del arte, una reencarnación de Lázaro Cárdenas, recuperador de la soberanía amenazada.

La segunda reforma anunciada, aún sin iniciativa legislativa, es la electoral, con la autonomía del INE en la mira. Falta ver los términos en los que será planteada, pero las señales son ominosas y, de concretarse, podría constituir el mayor retroceso institucional del último cuarto de siglo. Si los partidos de oposición no mantienen su unidad y avanza lo esbozado por López Obrador en materia de recorte de la representación proporcional y de autonomía del órgano electoral, su gobierno pasaría a la historia no como el de la transformación sino como el de la retranca.

La tercera reforma anunciada también es muy preocupante. López Obrador insiste con ella en su proyecto de Guardia Nacional militarizada, que ya fue rechazado por el Constituyente permanente en 2019. Entonces se creó la Guardia como un cuerpo civil, que debería tener un mando civil, pero el Presidente decidió no obedecer el mandato constitucional y se empeñó en construir un cuerpo castrense, tanto en mandos como en disciplina, lo contrario de lo estipulado por el artículo 21 reformado. También ha violado sistemáticamente la Constitución al no cumplir con el artículo 5º transitorio del decreto de reforma, que le ordena establecer un proceso de retiro de las fuerzas armadas de las tareas inconstitucionales en las que se ha involucrado durante lo que va del siglo. Simplemente, el presidente ha hecho caso omiso de ese mandato.

Ahora pretende tapar su violación constitucional con una reforma para respaldar lo que de facto ha llevado a cabo. La Guardia Nacional no es otra cosa que un cuerpo formado por soldados y marinos con otro uniforme, bajo el mando de oficiales de las fuerzas armadas regulares, donde los elementos civiles heredados de la Policía Federal han sido marginados y en el cual no se han desarrollado ninguna de las capacidades técnicas propias de una policía civil. De ahí que quiera cubrir su falta con una contrarreforma. Si los senadores que aprobaron el texto de 2019 cambiaren ahora parecer y cedieren a las pretensiones presidenciales harían un ridículo fenomenal y mostrarían que la oposición realmente existente puede ser incluso peor que la maquinaria de respaldo al caudillo en ciernes.

Si la oposición se tomara en serio la amenaza a la democracia que representa el proyecto presidencial debería cerrar filas para establecer un auténtico bloque de contención legislativa y decretar una moratoria de reformas constitucionales. Pero en la política mexicana lo que impera es el oportunismo, las redes de complicidad y la búsqueda de impunidad, así que no sería extraño ver cómo López Obrador hace avanzar su agenda.

Terminé el año con la lectura de M, la novela de Antonio Scurati sobre el ascenso de Mussolini y su dictadura. En ella queda claro el papel propiciatorio de una oposición pasmada en el proceso de desmantelamiento de la democracia. Mi deseo principal para 2022 es que en México no ocurra algo parecido.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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