Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– Los estados vecinos de Michoacán y Guerrero comparten situaciones extremas en algunas de sus regiones: la apropiación territorial de parte del crimen organizado, la vinculación de grupos delincuenciales a la vida económica, la extorsión a la sociedad, la inseguridad y la impunidad. Por eso es que es previsible que surjan en Guerrero grupos civiles armados como las autodefensas michoacanas para tratar de arrebatarle el control a los grupos de la delincuencia organizada, dice Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de Pueblos.

“Toda la parte de la región Norte, Centro y de Tierra Caliente, ese cinturón y buena parte de la región Costa hacia arriba, la parte de Filo Mayor son comunidades que históricamente ha habido presencia del crimen organizado, pero antes  se movían más en esta lógica de ruta y distribución, no de control territorial y vinculación a la vida económica de las regiones”, explica a SinEmbargo.

Otro estímulo para el surgimiento de más grupos de autodefensas es la posibilidad de regularización que ofrece el gobierno, al ofrecer integrarlas a una nómina de guardias rurales, dice el especialista del Centro Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (CMDHD), Alejandro Jiménez.

“El gobierno federal está incentivando con esto de la regularización que se aparezcan más este tipo de expresiones de autodefensas, con la parte popular organizada y el apoyo del Estado se está favoreciendo la integración más con las condiciones laborales que prestaría. Y al blindar Michoacán las periferias del estado van a sufrir un incremento en este tipo de poblaciones relacionadas con el crimen organizado y las actividades que llevan con ellas”, dice.

En otros estados –como en Puebla, Veracruz, San Luis Potosí,  Chiapas, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Sinaloa– se ha advertido el nacimiento de grupos de autodefensa. En Oaxaca y el Estado de México, el fenómeno sólo creció.

Colindante con Michoacán, en Guerrero se tiene conocimiento de que en más del 50 por ciento de los 81 municipios existen autodefensas. En Oaxaca y en el Estado de México hay presencia de este tipo de grupos en dos municipios en cada estado.

En Puebla, el fenómeno de las autodefensas también va creciendo, aunque las autoridades formales se han empeñado en negar su existencia. Es un hecho que estas corporaciones ya están en los poblados de San Gabriel Chilac, Chachapa y Tlaxcalancingo, entre otros. Por su parte, el Movimiento Amplio Social (MAS) ha advertido al gobierno sobre la urgencia de atender las necesidades de seguridad de las comunidades más victimizadas por la delincuencia.

En San Luis Potosí, una agrupación que se hace llamar “Huasteca Armada” se ha hecho presente a través de correos electrónicos y mensajes de emisarios para denunciar el abandono de las autoridades a sus comunidades, donde el Cártel del Golfo y Los Zetas han hecho rehenes a sus habitantes, a través de la venta de protección, extorsiones y delitos patrimoniales. Preparan el ensamble y levantamiento de autodefensas como medida para protegerse.

El fenómeno de las autodefensas puso en jaque al gobierno federal y lo orilló a promover su legalización. En algunas entidades, esta situación no ha sido bien vista por sus gobernantes, en cambio, en otras sí se promueve la formación de guardias civiles.

El lunes el Gobernador de Sinaloa, Mario López Váldez, dijo que habrá cero tolerancia para quienes tomen las armas en su defensa, ante un grupo de sinaloenses que dijeron estar en contacto con líderes comunitarios de Michoacán para crear su propia policía comunitaria.

En cambio, en el Procurador  de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, respaldó a los Comités de Vigilancia Vecinal siempre y cuando actúen apegadas al derecho y sean para reforzar el trabajo de la autoridad.

“No es ilegal, no es nada malo, siempre y cuando no se pretendan estar haciendo justicia por su propia mano y no pueden actuar como autoridad, sino como auxiliares y colaborar con la misma. De hecho está permitido que en flagrancia puedan proceder como una instancia administrativa, y pudieran detener algún sujeto, pero inmediatamente deben ponerlo a disposición de la autoridad a la que corresponda”, explicó Armando García Torres.

POLICÍA COMUNITARIAS

Guerrero es un estado con una larga tradición de creación de policías comunitarias, que no son recientes como lo son las autodefensas.

Mijangos Leal recuerda que desde 1995 surgió en la región Montaña y Costa Chica la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias/Policía Comunitaria (CRAC/PC). En una región donde se desconfía del Ejército como consecuencia de la Guerra Sucia contra la guerrilla ocurrida en los años setenta del siglo pasado, y con altos niveles de inseguridad, la CRAC/PC es un movimiento que abarca 120 pueblos de 16 municipios.

Basada en usos y costumbres, con trabajo coordinado con autoridades municipales, sus integrantes hacen además de labores de seguridad y de justicia. Llegan a intervenir hasta en casos de violencia doméstica. Cuentan con un reglamento y generalmente cargan armas “conejeras”, viejos rifles heredados de sus abuelos.

Más recientemente surgió la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en 2010.

Conformada por 70 pueblos de 11 municipios, esta semana se puso en boga luego de que integrantes suyos marcharon el 30 de enero por Chilpancingo en una manifestación pacífica, que fue sometida a revisión por el Ejército y la policía.

La marcha fue un día después de que pidieran aclarar el atentado contra el líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato, luego de que criticara al alcalde de la capital guerrerense, Mario Moreno Arcos, por no atacar la inseguridad.

Aunque en el pasado la UPOEG han tenido acercamientos con el gobierno estatal encabezado por Ángel Aguirre Rivero, ha sido llamada autodefensa.

“En el caso de la UPOEG, algunos de sus grupos tienen componentes indígenas pero otros combinan diferentes colores, algunos están formados alrededor de un partido político sin consenso de la población y hay también diferentes grupos que dentro de la misma región donde se establecen desprendimientos de la CRAC de la Montaña y en la UPOEG se cruzan con  estructuras vinculadas a paramilitares o grupos de poder organizados a los políticos o al narco.  Son procesos donde aparecen como infiltrados pero que la propia UPOEG ha ganado porque ha  filtrado en asamblea colectiva el asunto, lo que mantiene el espíritu de querer seguir una acción colegiada”, indica.

Agrega que en el estado también hay policías ciudadanas en algunos municipios que han sido tratadas de diversas maneras por las autoridades, ya sea porque acusan a los alcaldes y a las policías municipales de estar coludidas con el narcotráfico, o porque denuncian la inseguridad pero el Ejército o la Marina protegen a los grupos delictivos.

“Lo que hemos visto es que llegan a Olinalá con la policía ciudadana luego de que detienen al presidente y a los policías municipales, acuerdan velar por la seguridad y mandan a policías comunitarios a quitar sus barricadas. La gente acepta y a la madrugada el Ejército entra a liberarlos y desarma a los comunitarios y a los tres días instalan a la policía munipal, se genera mas miedo al crimen organizado y la gente está ya desarmada. De repente no sabes si el Estado está actuando a favor de quién o cuál es la lógica de blindar un territorio con mecanismos y leyes y ahí es donde el asunto brinca”.

De ahí que las policías comunitarias a veces se nieguen a colaborar con las autoridades, ya que por experiencia saben que estas últimas incumplen los acuerdos.

“Ya no me vas a desarmar hasta que garantices que no estés coludido y hasta entonces no te vamos a entregar las armas”, es lo que deciden, comenta Mijangos Leal.

A pesar de las diferencias entre los grupos civiles armados, prevé que sin importar su origen, su antigüedad o la situación en que surjan, en Guerrero serán llamados Autodefensas, con la intención de que sea más fácil criminalizarlos.

“Le van a apostar a un proceso mediático de desgaste”, expone.

Jiménez difiere de la visión de Mijangos. Considera que el Estado tiene la intención de regularizarlos, e incluso alerta que si no se regularizan pueden derivar en grupos paramilitares.

Pero incluso la regularización de los grupos de autodefensas encara un riesgo, ya que al entrar en la figura de guardias rurales, su actuación estaría legislada bajo el régimen militar.

“Es muy probable que incurran en abusos y la parte de que al regularizarlas sea en el de guardias rurales los sujeta a la jurisdicción militar, que es todo un tema desde la perspectiva de los derechos humanos, y serían juzgados desde el fuero militar y no civiles”, concluye.

LOS GRUPOS SON CADA VEZ MÁS JÓVENES

Los grupos criminales se encuentran divididos y algunos ya ni tienen la conexión con los procesos de grandes intercambios de droga, por lo que han girado su actividad a la extorsión. Pero un elemento que forma parte del combustible de la violencia es que los integrantes de los grupos delictivos cada vez son más jóvenes.

“Cuando uno los ve en las comunidades da risa porque son cabrones de entre 15 a 25 años que juegan a la guerrita, pero armados y locos meten un proceso de miedo a las comunidades y las paralizan. Esa división ha fomentado este establecimiento de territorios. En la zona norte y centro de Guerrero hay cuatro o cinco grupos de crimen organizado posicionados en las comunidades que participan en la vida económica y política de las comunidades, pueden influir en la toma de decisiones. Cuando los ves en su conjunto ya no son los cárteles grandes, son escisiones y cambian de nombre y ya no sabes ni quién es el que está arriba de todo. Su operación ya está fuera del narcotráfico y más bien va vinculada a la extorsión, pero da mucha lana”, asegura.

Como esa zona ya está tomada por la delincuencia organizada, la cual está vinculada a procesos económicos y con una alta convivencia entre comunidades y los criminales, eso puede tensar la situación.

“Es cuestión de tiempo. Ha estado creciendo el problema y ya mucha gente está brincando a Guerrero”, afirma Mijangos.

CERO TOLERANCIA EN SINALOA

Un día antes de que el gobierno de Mario López Váldez mencionara que habrá cero tolerancia para personas que decidan tomar las armas, habitantes del ejido Santa Rosa Campos, en la sindicatura de Baila perteneciente al municipio de Culiacán advirtieron que están organizando un grupo de autodefensa ante la ausencia de la autoridad. “Queremos planear un grupo de autodefensa pacífica, no simplemente con armas se solucionan las cosas sino de una manera pacífica”, expuso el locatario Jaime Gaxiola Caro.

“El problema es la inseguridad, ahorita nos sentimos de cierta manera desesperados por la violencia, nos están quemando casas, nos están saqueando el pueblo”. En la comunidad, manifestó, habitaban alrededor de 15 personas, pero todos ya dejaron sus viviendas por temor a los actos de violencia. Señaló que en caso de que las autoridades no brinden seguridad en la comunidad se organizarán para formar un grupo de autodefensa con pobladores de comunidades aledañas.

El doctor e investigador de la de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gerardo de la Fuente Lora, advirtió que en Sinaloa, las condiciones están dadas para que pronto haya grupos de “autodefensa” como ocurre actualmente en Michoacán y Guerrero.

Esta situación se prevé ante la falta de democracia, el hartazgo social por la ineficiencia de los gobernantes y las presiones internacionales, aseguró el catedrático.

Sin embargo, en sentido contrario, Mario López Valdez  negó que en el estado haya condiciones para que surjan autodefensas. “No hay condiciones. En Sinaloa hay Gobierno, hay coordinación entre la Federación y el Estado, y los municipios”, dijo el mandatario.

GUARDIAS CIVILES TAMBIÉN EN Q. ROO

A petición del Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Carlos Bibiano Villa Castillo, y con el respaldo del Procurador Gaspar Armando García Torres, habitantes del municipio de Othón P. Blanco, donde se localiza la ciudad de Chetumal, iniciaron la conformación de sus propios grupos de vigilancia civil.

El pasado fin de semana, Villa Castillo propuso crear grupos de vigilancia en las comunidades de la ribera del Río Hondo, donde los pobladores han denunciado un aumento en la inseguridad así como la corrupción de los elementos de la Policía Estatal. La prensa local informó que el encargado de la seguridad pública de la entidad que gobierna Roberto Borge Angulo se reunió con varios comisariados ejidales y delegados municipales, y les propuso como opción la autodefensa.

Reconoció la falta de capacidad de las autoridades para contener los brotes de violencia que azotan a estas comunidades. Comentó que él mismo daría la aprobación a estos grupos  y que incluso los dotaría de un registro mediante la expedición de una credencial para que puedan actuar al marco de la ley y en apoyo a las autoridades policiacas.

De acuerdo con reportes de prensa, han surgido en al menos dos colonias de la Ciudad de  Chetumal, capital del estado, grupos de autodefensa. Es el caso de la colonia Sian Kan II que tiene un comité de vigilancia para prevenir los constantes asaltos.

“Carecemos de varios servicios básicos como alumbrado público, pavimentación de calles y espacios deportivos como un domo, pero lo más importante es reforzar la seguridad de quienes vivimos en la comunidad. Hay que prevenir para no luego decir que una vez ahogado el niño queremos tapar el pozo”, dijo el delegado de la comunidad de Caobas, Teodoro Cruz Martínez, al solicitar al Ayuntamiento de Othón P. Blanco capacitación para los hombres interesados en crear un grupo de vigilancia.

Después del anuncio, habitantes del Cacao comenzaron la conformación para vigilar las 19 comunidades más.