Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– El Colectivo Libre Internet para Todos (LIPT) exigió al Presidente Enrique Peña Nieto y a los legisladores que la Ley Secundaria en Telecomunicaciones ponga un alto a los grandes monopolios en México, especialmente a Telmex y a Televisa, respete la neutralidad de la Red y no atente contra la democracia en México desde Internet.

Ante la esperada presentación de la Ley Secundaria en Telecomunicaciones, LIPT demandó a los legisladores que incluyan los puntos anteriores, además de liberar espacios blancos sin licencia, no dar concesiones, respetar la gratuidad del servicio y la desincorporación de las grandes empresas que acaparan el mercado de las telecomunicaciones en México.

Luego de que la legislación secundaria fuera pospuesta en diciembre del año pasado por la urgencia de aprobar la Reforma Energética, y dejara de lado las discusiones e iniciativas en materia de telecomunicaciones, ayer, 20 organizaciones de la sociedad civil incorporadas a LIPT pidieron la democratización de la comunicación, antes de la fecha límite constitucional que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) para pronunciarse por la desincorporación, o no, de los actores dominantes.

Ahora, reanudado el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, diversas organizaciones como Artículo 19, Alconsumidor y Evolución Mexicana, entre otras, esperan que dichas demandas sean incluidas en las próximas iniciativas que el Ejecutivo debió haber enviado desde inicios de este mes, lo que aún no ha hecho.

Colectivo Libre Internet Para Todos logró, hace un año, la entrada de la primera iniciativa ciudadana en México al Congreso de la Unión: con 127 mil firmas provocaron que los legisladores dieran luz verde al derecho al Acceso a Internet y al Acceso Libre a las Telecomunicaciones, ya incluidos en el artículo sexto de la Constitución.

En esta segunda etapa, el LIPT destacó la importancia de acabar con los monopolios de comunicación en México y exigir al Estado la neutralidad en la Red, temas considerados de relevancia política en la próxima legislación secundaria.

NEUTRALIDAD DE LA RED

Antonio Martínez, de la organización Artículo 19, dijo que lo primero que se debe hacer para tener un acceso a Internet adecuado es “eliminar a todos los consentidos, porque el Estado no necesita a consentidos del Presidente; y segundo, si nos vamos a conectar, nos vamos a conectar bien”.

El especialista explicó que el tema de la neutralidad de la Red es de vital importancia para que se tenga un verdadero acceso y no quede limitado o discriminado por las grandes empresas. También dijo que urge a los legisladores entender el contexto en que se dan estos cambios y evoluciones dentro de las telecomunicaciones, ya que en Estados Unidos se ha abierto un gran debate en torno a dicho tema.

Martínez detalló que “el principio de neutralidad es que los datos viajen a través de la Red de un punto a otro, sin ningún tipo de discriminación por temas como: de dónde provengan, hacia dónde van o qué tipo de contenidos son. Y esta no discriminación de los datos hace que la Red funcione como funcione; es decir, que nadie tiene que pedir permiso para innovar y nadie tiene que pedir permiso para publicar. Cualquiera tiene la misma posibilidad para poder usar en beneficio suyo en Internet”.

El también integrante de LIPT dijo que dicho principio es tácito, no está en ninguna legislación, pues el único país que cuenta con este principio es Chile, que se pronunció a favor de la neutralidad de la ley en 2009.

La neutralidad de Red depende en de los mercados que regulan el flujo del contenido. Sin embargo, en México esto no es posible, ya que existen monopolios que no permiten al usuario tener mayores opciones de contratación en cualquier tipo de comunicación, lo que merma el sistema que procura ser democrático.

Por su parte, Óscar Mondragón, activista y empresario, explicó que “en Estados Unidos, en la década de los 80, AT&T (compañía telefónica) fue partida en varias empresas y se inició la competencia en telecomunicaciones, se generaron miles de millones de dólares. Ahora quizá el gran monopolio mexicano (Teléfonos de México) tenga que partirse en una compañía que tenga la infraestructura de cable, Internet, o servicios de celular. De esta forma se permitiría que entraran nuevos actores a cada uno de estos mercados”.

Lo anterior, según explicó el integrante de Artículo 19, se resume en la capacidad que tienen los operadores de Internet quienes deciden si bloquean un contenido o hacerlo más lento, y hacer más rápido el de su propia compañía, cuestión que en un mercado de competencia no se vería reflejado, ya que el usuario podría elegir a otro operador. Sin embargo, en México está sujeto a un mercado totalmente cerrado en el que el usuario no tiene mayores opciones de contratación.

Ante el gran monopolio que sujeta a México en materia de telecomunicación, Óscar Mondragón dijo que en México se tienen los precios más altos en telefonía celular, de acceso a Internet y… el peor servicio. Además de contratos injustos, por lo que demandó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) que en su resolución desincorpore a los grandes dominantes de la comunicación.

LA DISPUTA POR LOS ESPACIOS BLANCOS

Óscar Mondragón explicó que “los espacios blancos son frecuencias de muy alta calidad, capaces de penetrar árboles, bardas y llegar a largas distancias; por lo tanto, permiten la utilización del espectro para proveer servicios de internet de banda ancha a los consumidores a precios muy económicos porque es un espectro público”

El Colectivo Libre Internet Para Todos consideró de vital importancia que la legislación secundaria de Telecomunicaciones libere los espacios blancos de las grandes corporaciones.

Al respecto, Antonio Martínez advirtió: “El tema de los espacios blancos es muy delicado. Televisa no quiere que se toque ese tema porque ellos usan ese espectro que va a quedar libre en el cambio digital, y van a exigirlo para sus propios fines y sin licitaciones”.

La solución de la disputa por los espacios blancos, de acuerdo con los integrantes del Colectivo, es que queden a manos del Estado para que éste pueda conceder los concursos y licitaciones, de tal manera que todo ese espectro que quedará libre podría ser utilizado por los ciudadanos y no por una sola empresa como Televisa.

LA LEGISLACIÓN ATORADA

De acuerdo con el Colectivo, el pronunciamiento hecho, así como sus demandas, se verán resueltas o no, luego de que el Ejecutivo mande la legislación secundaria en materia de Telecomunicaciones, cuestión que tuvo que haberse realizado desde el 9 diciembre pasado, y que el Presidente Peña Nieto debió entregar el 1 de febrero pasado para poder identificar las iniciativas que faltan o vulneren los derechos al acceso libre de las nuevas tecnologías de los ciudadanos.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, dijo en los últimos días que el gobierno federal apenas tiene el proyecto de dicha legislación, y destacó que contiene tres puntos básicos: la cobertura universal, los precios accesibles y la calidad de los servicios.

Ruiz Esparza anunció que dicho proyecto –que será presentado próximamente en el Congreso de la Unión– integra reformas a 11 leyes vigentes divididas en 300 artículos y 17 títulos.

Al respecto, el Colectivo Libre Internet Para Todos espera que, luego de que haya discusiones y exista la neutralidad de la red que demandan, sería oportuno y necesario incluir un artículo en la Ley de Federal de Telecomunicaciones que garantice este servicio.

Representantes de LIPT anunciaron: “Vamos a esperar a que se presenten formalmente las iniciativas del Ejecutivo y algunos partidos, porque probablemente no venga la neutralidad de la Red en ninguna de las leyes secundarias, entonces esperamos a que se abran mesas de trabajo con la sociedad civil, sobre cuál es el futuro del sector”.

LIPT surgió en enero de 2013, cuando Organizaciones de la Sociedad Civil se unieron para lanzar la primera iniciativa ciudadana “Libre Internet para Todos”, la cual logró –con 127 mil firmas– que se otorgara por derecho constitucional una cobertura nacional de Internet para los mexicanos.

“Esperaremos las iniciativas, hablaremos con los abogados, si no incluyen nuestras demandas buscaremos de nuevo 127 mil firmas, ese no es el problema. El problema es que ya no habría tiempo por la próxima resolución del Ifetel”, planteó Antonio Martínez, integrante del Colectivo.