El sistema de justicia penal en México es la gran pata coja del Estado mexicano.

Organismos internacionales, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pasando por defensores de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y hasta gobiernos como el de Estados Unidos, critican duramente que, sexenios van y sexenios vienen, pero la impunidad crece y alienta la comisión de todo tipo de delitos.

La corrupción es la madre de todos sus males, sí. Pero también es cierto que faltan recursos y capacitación de policías, agentes investigadores, ministerios públicos, defensores de oficio e incluso jueces. Sin embargo, pese al cúmulo de promesas del gobierno federal, las respuestas no llegan.

El accionar de la Procuraduría General de la República (PGR) es el ejemplo más relevante de la derrota del sistema de justicia, pues acumula miles y miles de expedientes con denuncias hechas a un lado por omisión e influencias políticas y económicas, pero también por la debilidad de sus investigaciones.

El propio titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, reconoció recientemente el precario estado de la institución y en abril de 2013 entregó al Senado de la República un plan de modernización que, afirma, busca erradicar desde la entraña múltiples vicios.

Los abusos de figuras como el arraigo y los testigos protegidos en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa la dejaron aún más venerable e imposibilitada para lograr procesos de investigación eficaces sin tener que acudir a su herramienta favorita: la corrupción como base de todos los procesos.

Por eso no es extraño que la mayoría de las grandes investigaciones penales contra funcionarios y empresarios corruptos mexicanos provengan de fiscalías en EU.

En los últimos días, los medios de comunicación en México se han llenado de información relacionada con los fraudes y el lavado de dinero de la empresa Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Osuna, quien desde 2005 fue ligado a los hijos de la entonces “primera dama” Martha Sahagún Jiménez por fraudes en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Una comisión de la Cámara de Diputados se encargó, por tres años [de 2005 a 2008], de reunir pruebas; aunque en 2006, un día antes de terminar el gobierno de Vicente Fox Quesada, sus hijastros Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún fueron exonerados por la PGR de todo delito relacionado con esa compañía marítima.

Ahora, sin embargo, Oceanografía está de nuevo en el ojo de la justicia porque desde las oficinas del Citigroup en Estados Unidos fue acusada de provocar un hoyo financiero de 360 millones de dólares en su subsidiaria en México, Banamex, con la que contrató créditos con garantías falsas.

Luego de esa acusación se han sumado más y más denuncias que demuestran que desde el sexenio de Fox Quesada fue protegida por redes de poder al más alto nivel.

Pero este no es el único caso y, seguramente, no será el último mientras la aplicación de la justicia esté en manos, cada sexenio, de un puñado de políticos.

Como muestra quedan los siguientes hechos, aunque claro la lista es mucho más larga.

Los fiscales de EU exhibieron la corrupción que priva en la justicia mexicana en el escándalo protagonizado por Néstor Félix Moreno Díaz, ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien sobornaba a trasnacionales, como ABB, de las que recibía dinero a cambio de conseguirles contratos de energía.

Otro es el caso Wal-Mart, que salió a la luz por una investigación realizada en The New York Times, donde se denunciaron sus pagos de millones de pesos a funcionarios mexicanos –en todos los órdenes de gobierno– para acelerar permisos y quitarle trabas legales en su expansión en el país.

Tampoco pasa por alto que sólo hasta que un fiscal de Texas ordenó su investigación y pidió su detención, se puso en la mira de la justicia a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero del gobierno del priista Humberto Moreira Valdez en Coahuila, quien actualmente está preso en San Antonio acusado de lavar millones de pesos en paraísos fiscales, que a su vez hurtó del presupuesto público de Coahuila.

Otro caso es el del ex Gobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien acumuló en México diversas denuncias por sus supuestas ligas con el narcotráfico, pero no fue sino hasta que el 23 de mayo de 2012, fiscales federales de Estados Unidos revelaron que aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles de la droga e invirtió el dinero en bienes raíces en Texas, que se inició una investigación en México. El ex mandatario es ahora prófugo de la justicia.

También destacan los sobornos que la compañía Orthofix International distribuyó entre funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de los que la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos alertó para detonar una investigación en la filial mexicana de Orthofix. La empresa entregó a directivos del IMSS desde dinero en efectivo hasta computadoras portátiles, televisores y electrodomésticos.

Y cortamos esta lista con el caso del grupo financiero HSBC que, en México, realizó operaciones de lavado de dinero desde antes de 2004 y hasta hace apenas dos años, cuando una investigación en EU lo delató; lo hizo, además, con grupos relacionados con el tráfico de drogas y vinculados al terrorismo, según una denuncia hecha desde el Senado estadounidense. El escándalo detonó por esas actividades en México pero, luego, se supo que transacciones similares se hicieron en otros países del mundo.

Redacción/SinEmbargo

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