La política de seguridad pública fue desigual durante el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. La violencia afectó principalmente a estados, municipios y candidatos de los partidos de oposición, principalmente del PRD, afirma investigación. En zonas gobernadas por el Sol Azteca la violencia fue 7 veces mayor a la registrada en áreas donde el PAN estaba en el poder.

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa [2006-2012] la violencia afectó más a las zonas gobernadas por partidos de oposición que al partido en el Gobierno, señala un análisis realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Encontró que la politización de la seguridad pública protegió de amenazas de manera especial a las autoridades del Partido Acción Nacional (PAN).

La investigadora Sandra Ley Gutiérrez, del CIDE, expuso que entre el 2007 y el 2012 hubo siete veces más violencia en los municipios gobernados por alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en aquellos encabezados por el PAN.

“Estamos guiados por el supuesto de que el Estado busca tener el monopolio de la violencia. Hemos observado que a veces es el uso de la política de seguridad es para beneficiar a copartidarios y afectar políticamente a quien es la principal oposición política”, dijo Ley, durante su participación en el Seminario del Colegio de México “Márgenes estatales, seguridad ciudadana regional y reforma de la justicia penal”.

Con Calderón, los índices más altos de violencia se registraron en los municipios y estados gobernados por el PRD. Ley recordó que el sexenio pasado, el PAN ganó el 22.9 por ciento de las gubernaturas, el PRI el 59.4 por ciento y el PRD 17.7 por ciento.

“Estos ataques no son aleatorios y se concentran donde hay mayor presencia de cárteles”, dijo la investigadora.

Entre 1995 y 2014 hubo más de 400 agresiones del crimen organizado contra autoridades y representantes de partidos políticos. “Las amenazas sólo las tomamos en cuenta cuando tuvieron un efecto inmediato de la remoción del candidato”, dijo Ley.

No obstante, la gran mayoría de estos ataques fueron mortales, de acuerdo con el estudio. Los estados que concentraron mayores índices de atentados fueron Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas.

Las autoridades municipales concentran el 83 por ciento de estos ataques. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional es el que concentra un mayor número de ataques. “Sin embargo, al ver este tema de forma proporcional [entre el número de localidades gobernadas y atentados] es el PRD el más afectado”, explicó Ley.

Con base en datos oficiales y de 50 medios locales, Ley Gutiérrez utilizó modelos que dieron cuenta de la diferencia en los niveles de riesgos a los que están expuestos los distintos políticos en México, según el partido al que pertenecen.

“Encontramos que hay autoridades locales que están desprotegidas. Es el caso de Ygnacio López Mendoza, Alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, cuando hizo un plantón en Ciudad de México y luego fue asesinado [en el 2013]”.

CAMPAÑAS CON VIOLENCIA

Los ataques se agravan durante épocas de campaña confirmó el trabajo llamado “Federalismo, drogas y violencia”: “Especialmente lo vimos en Michoacán en el 2011, en Tamaulipas en el 2010, Durango también presentó casos, donde a uno de los candidatos lo asesinaron a dos semanas de la elección”, detalló Ley Gutiérrez.

“Los grupos criminales están tratando de controlar procesos electorales y también amenazan a votantes”, dijo la investigadora.

Tres años después de Calderón, el problema subsiste, este año la Alcaldesa de Temxico, Gisela Mota Ocampo del PRD fue asesinada por circunstancias que en un principio fuero adjudicadas al grupo del crimen organizado “Los Rojos” por la Fiscalía de Morelos.

Ley expuso que su estudio llegó a la conclusión de que a mayores tasas de homicidios de políticos, menor es la participación social en las elecciones. Y por el contrario, en aquellos municipios donde hay mayor violencia, las protestas sociales aumentan, salvo excepciones.

“Pensaríamos que esto es una relación muy directa entre violencia y protesta social, aunque ese no es el caso en Tamaulipas y Veracruz donde las tasas de violencia son comparables a Nuevo León o Guerrero, que han tenido mucha mayor protesta, lo que yo argumento es que tiene mucho que ver con quienes están detrás de estas propuestas”, dijo Ley.

Lo que caracteriza a los lugares que no tienen altos niveles de participación social, aseguró, es una falta de cohesión social de organizaciones locales: “Esto afecta la política intergubernamental, la política de seguridad y es importante que los ejecutivos estatales sean limitados por procesos de pesos y contrapesos”, explicó.

Dos años después esta clase de violencia continúa en contra de los políticos. Enrique Hernández Salcedo, candidato para la Alcaldía de Yurécuaro, Michoacán, por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue asesinado en mayo del año pasado en la víspera de las elecciones. El hecho se registró cuando desconocidos a bordo de un vehículo en movimiento dispararon mientras Hernández realizaba un acto proselitista.

MANDO ÚNICO

Durante el Seminario hubo críticas al modelo de Mando Único policial, que pretende centralizar el control de las policías municipales en manos de los Gobernadores.

“Todo esto ha generado una enorme discusión de cómo la clase política decide cómo controlar a sus policías, y lo que vemos es que no hay evidencia sustantiva para que esta Reforma Policial pueda combatir los delitos ni prevenirlos”, apuntó el investigador Arturo Alvarado Mendoza, del Colegio de México (Colmex).

Pese a que la propuesta fue enviada al Senado desde diciembre del 2014, el Congreso no ha terminado por generar los consensos suficientes para su aprobación. Como quedó demostrado en el recién terminado periodo de sesiones, entre febrero y abril, en el que la aprobación de una Reforma Policial volvió a generar falsas expectativas.

El semanario británico The Economist publicó en enero de este año que el Mando Único respondía a un momento político, más que funcional: a “la toma de control de las policías locales por parte del estado fue la gran idea para combatir el crimen que se le ocurrió al Presidente Enrique Peña Nieto tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.

Este sería un problema que, de acuerdo con Alvarado Mendoza, el país arrastra desde 1995. “Cuando los gobiernos estatales entraron en una dinámica de no saber qué hacer con las policías. Y el debate por un lado se ha concentrado en sí el modelo de la constitución de 1917 aún es funcional, y por otro, si debe ser un modelo bajo el control de los poderes ejecutivos”.

Mientras continua este debate, en los últimos ocho años 40 alcaldes han perdido la vida. De la misma forma que sucedió en Morelos el pasado enero, las medidas de protección adicional no suelen extenderse en el tiempo. Y los investigadores de este seminario apuntaron la necesidad de atender problemas de raíz.