Durante más de tres décadas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue groseramente manoseada y reformada para adecuarla a los intereses de una oligarquía rapaz, que en complicidad con políticos corruptos, se sentía dueña del país y gozaba de privilegios excepcionales para enriquecerse, sobre las carencias y las desgracias de la mayoría.

Esas reformas se hicieron a espaldas del pueblo y con la complicidad aplaudidora de una oposición convenenciera e hipócrita, representada principalmente por el PAN, así como con la anuencia del silencio cómplice de la mayoría de los medios de comunicación convencionales y de organizaciones de una presumible sociedad civil, generosamente lubricados con prebendas y subsidios que se pagaban con dinero de los contribuyentes.

La profundización de este frenesí legislativo lo reflejan las estadísticas que ofrece la Cámara de Diputados en su plataforma digital oficial. El priista Miguel de la Madrid Hurtado reformó 66 veces la Constitución; su sucesor, Carlos Salinas de Gortari la modificó 55 ocasiones; el también tricolor Ernesto Zedillo Ponce de León le hizo 78 cambios; el panista Vicente Fox Quesada la modificó 31 veces; el albiazul Felipe de Jesús Calderón Hinojosa le hizo 110 alteraciones a la Carta Magna y el priista Enrique Peña Nieto promovió 155 reformas.

Andrés Manuel López Obrador ha promovido, hasta el pasado 18 de noviembre del 2022, un total de 56 reformas constitucionales. El jueves 9 de junio del 2022, PAN, PRI y PRD anunciaron que en lo que resta de la actual legislatura que terminará en 2024, sus grupos parlamentarios no aprobarán iniciativas de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que sean promovidas por el Presidente de la República.

En tal situación López Obrador ha promovido reformas a leyes secundarias, que sólo requieren mayoría simple en las cámara de diputados y senadores, en donde Morena y sus aliados sí cuentan con la mitad más uno. Y eso tiene muy irritada a la oposición.

En su tratado sobre Derecho Constitucional Mexicano, publicado por Editorial Porrúa en 1972, el jurista Ignacio Burgoa Orihuela advierte: “Mediante el ejercicio de su poder soberano, el pueblo puede romper, violenta o revolucionariamente, como de hecho ha sucedido con frecuencia innegable, un régimen jurídico, político o socioeconómico que se adecúe a sus aspiraciones o que sea obstáculo para su progreso en los más importantes aspectos de la vida”.

El connotado constitucionalista hace la siguiente ponderación: “En su fase cruenta, la soberanía tiene un fin destructivo, pero también suele perseguir el objetivo de construir un sistema jurídico en cuyas normas fundamentales se plasmen los designios populares, se apunten las soluciones a los grandes problemas que afectan a los sectores humanos mayoritarios y se indiquen las medidas para satisfacer las necesidades y carencias colectivas” (Página 250).

Y explica Burgoa Orihuela: “El pueblo (…) es la fuente de la soberanía, su único sujeto o dueño, pero (…) en atención a circunstancias de índole práctica, no puede desempeñarla por sí mismo, en cuya virtud delega su ejercicio en órganos por él creados expresamente en el derecho fundamental o Constitución, los cuales despliegan el poder soberano popular en forma derivada” (Página 264).

Esta voluntad soberana del pueblo se expresa a través de las iniciativas del Presidente de la República y de las leyes o reformas que promueven y aprueban diputados y senadores en el Congreso de la Unión, ajustando los procedimientos a las reglas establecidas.

El jueves 4 de agosto del 2022, en su conferencia mañanera, el Presidente López Obrador hizo una amplia relatoría de las principales reformas que promovieron los gobiernos que le antecedieron, orientadas a ajustar el andamiaje jurídico de la República en favor de una oligarquía que entreveraba los intereses de una clase política corrupta y obsequiosa, con los privilegios de un segmento muy exclusivo del sector privado, acostumbrado a hacer negocios en complicidad y al amparo del poder público, y con dinero de los contribuyentes.

López Obrador hizo notar que “en mayo de 1989, al inicio del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, PRI y PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado”.

El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar todo el sistema bancario, que era propiedad de la Nación, a un segmento privilegiado del sector privado.

El 6 de enero de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. Estas reformas permitieron que hoy existan enormes latifundios en manos de falsos ejidatarios inmensamente ricos, y se despojó a millones de dueños originarios de las tierras.

Puso otro ejemplo: el 6 de mayo de 1992, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años, para la explotación de oro, plata y cobre. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales. A partir de esa reforma, se entregó al sector privado la minera de Cananea, que era una empresa pública.

A raíz de las reformas a la ley minera, durante el Gobierno de Salinas de Gortari, se entregaron 6 millones 600 mil hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a tres concesionarios del país: Grupo Peñoles, Grupo México y Grupo Carso.

En 36 años del periodo neoliberal, que inició con la administración de Miguel de la Madrid en 1982 y terminó con Enrique Peña Nieto en 2018 -incluyendo los periodos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón-, se concesionaron 90 millones de hectáreas, es decir, el 45 por ciento del territorio nacional. “Ni siquiera en el porfiriato se llevó a cabo una enajenación de suelo patrio tan extensa y descarada”, advirtió López Obrador.

El 22 de diciembre de 1992 los legisladores del PAN y del PRI aprobaron la reforma a una ley secundaria que, a contrapelo de la Constitución permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica, en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad, a la que gradualmente fueron desmantelando.

López Obrador también refirió que el 5 de marzo de 1993, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León era secretario de Educación, en la administración de Carlos Salinas, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo tercero constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública, acotarla sólo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al libre mercado, como si fuera una mercancía, la educación media superior y universitaria.

El 12 de mayo de 1995 el PRI y el PAN reformaron la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlos a empresas nacionales y extranjeras. “Tan descarado fue este atraco que, al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del consejo de administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país”, reprochó López Obrador.

El 12 de diciembre de 1998, con Ernesto Zedillo en la Presidencia de la República, diputados del PRI y del PAN aprobaron el Fobaproa, que convirtió en deuda pública las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros. Hasta el 31 de diciembre del 2018 la deuda del Fobaproa ya había rebasado el billón 200 mil millones de pesos.

El 8 de diciembre de 2005, durante el Gobierno del panista Vicente Fox Quesada, PRI y PAN reformaron la Ley de Impuesto sobre la Renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el cien por ciento de sus contribuciones.

El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de haber tomado posesión de la Presidencia, Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el llamado Pacto por México, en el cual se acordó profundizar las privatizaciones del sector energético, la educación, la seguridad social y las comunicaciones, así como reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias, todo en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros.

El 26 de diciembre del 2013 el Presidente Peña Nieto emitió dos decretos en los que se facultaba al Presidente para condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y accesorios, y para conceder subsidios o estímulos fiscales.

Concluyó López Obrador ese jueves 4 de agosto del 2022: “En fin. Durante el periodo neoliberal las leyes se aprobaron por consigna y a modo en el sentido que exigían los potentados, políticos, funcionarios y legisladores, para beneficio de particulares, sin importar el interés público”. Y mucho menos, proteger los intereses del pueblo.

Más allá del discurso demagógico, falso e hipócrita, a la mayoría de los políticos se les atraganta la sentencia inscrita en el artículo 39 de nuestra constitución: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno”. Y a través de la 4T lo está haciendo.

Pedro Mellado Rodríguez

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Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

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