Un grupo de personas protestaron el 5 de junio, y a un año de la muerte del joven Giovanni López a manos de policías de Jalisco. Foto: Francisco Guasco, EFE.

Este jueves 10 de junio se cumplirán 50 años de la masacre del Jueves de Corpus, conocida también como el Halconazo, en alusión al grupo paramilitar los Halcones que reprimió una marcha estudiantil y popular realizada en la Ciudad de México en solidaridad con una huelga estudiantil en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Era una de las manifestaciones estudiantiles más grandes tras la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. La manifestación se convocó en el Casco de Santo Tomás y pretendía llegar al Zócalo de la capital. Pero unas cuadras después de salir, los manifestantes fueron bloqueados por la policía para permitir el despliegue de decenas de jóvenes vestidos de civil que se hacían pasar por estudiantes. Iban armados de grandes y gruesos palos que utilizaron para golpear a los verdaderos manifestantes. Tras un primer choque, los Halcones se replegaron y regresaron armados con armas de fuego, fusiles M1 y M2, de acuerdo a los testimonios de la víctimas.

La violenta represión de este grupo armado patrocinado por el Gobierno ocasionó 120 muertos, jóvenes de 14 a 22 años. La mayoría cayeron en la calle pero algunos fueron asesinados ya en los hospitales públicos donde eran atendidos y hasta donde llegaron los Halcones para completar la tarea de eliminar manifestantes.

Tras la masacre, la oleada de indignación provocó la renuncia del entonces Jefe del Departamento de Distrito Federal (DDF), Alfonso Martínez Domínguez, y del Jefe de la Policía Rogelio Flores Curiel. Años después el exjefe del DDF declaró a la revista Proceso que la matanza del 10 de junio de 1971 fue preparada por el entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez.

Como quiera que sea, la matanza conocida como el Halconazo ha quedado impune aun ahora que se cumplen 50 años de cometida. Esto se debe a la impunidad que hay en el país, según ha dicho Félix Hernández Gamundi, uno de los dirigentes del movimiento de 1968 e integrante del Comité 68 que lleva décadas tratando de hacer justicia contra de estos crímenes estatales. “En México se ha vivido un estado permanente de impunidad, total. El 2 de octubre y el 10 de junio son casos donde los agresores se conocen con mucha claridad. Está clarísimo que se trata de crímenes organizados desde el Estado”, declaró Félix Hernández.

Pero lamentablemente las matanzas y los grandes hechos represivos no son hechos del pasado, no quedaron enterrados en los años del autoritarismo priista. La violencia estatal es una práctica que continúa hasta el presente.

Un ejemplo de ello es el “Halconazo tapatío” que el pasado 5 de junio cumplió un año de cometido en Guadalajara, Jalisco. Este fue un operativo represivo ordenado desde el Gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, del partido Movimiento Ciudadano, contra cientos de manifestantes que pretendían llegar a la sede de la Fiscalía General del Estado para pedir la liberación de 28 personas, detenidas un día antes que protestaron frente a Palacio de Gobierno por el asesinato del joven Giovanni López, cometido por la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, por no portar cubrebocas.

Pero en lugar de escuchar sus peticiones, grupos de policías ministeriales vestidos de civil armados de bats, palos de golf, tablas y palos, golpearon y detuvieron ilegalmente a decenas de manifestantes, probablemente un centenar. Luego los llevaron a la Fiscalía donde los mantuvieron detenidos ilegalmente y donde los amenazaron con desaparecer. Aunque fueron liberados esa misma noche, los policías de Jalisco cometieron el delito de desaparición forzada en contra de decenas de manifestantes. El Gobernador de Jalisco se deslindó de los hechos y en graves declaraciones declaró que la Fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado. Por el Halconazo tapatío se detuvo y se proceso a dos mandos intermedios de la Fiscalía que, según sus familiares, se declaran “chivos expiatorios” de ese hecho represivo.

Pero la violencia estatal en contra de los manifestantes sigue en el presente. En menos de dos semanas dos protestas de normalistas han sido brutalmente reprimidas.

El 18 de mayo, estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá fueron reprimidos violentamente por policías del estado de Chiapas mientras se manifestaban pacíficamente en una caseta de cobro de la carretera San Cristobal-Tuxtla Gutiérrez. Además de los heridos, la policía del Gobierno de Rutilio Escandón detuvo a 93 normalistas, 74 de ellas eran mujeres. Las normalistas denunciaron recientemente que durante su detención fueron acosadas y abusadas sexualmente en las instalaciones de la Fiscalía del Estado. Sus testimonios recuerdan las denuncias por abuso sexual que varias mujeres padecieron durante la represión en Atenco en mayo de 2006.

Dos semanas después de estos hechos, la policía del Gobierno de Puebla, que encabeza Miguel Barbosa, reprimieron a estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles, Puebla. Treinta mujeres fueron detenidas. No está de más recordar que los gobernadores de Chiapas como de Puebla pertenecen al partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Estos ejemplos, entre decenas más, nos confirman que pese a declarar lo contrario la represión contra los movimientos sociales sigue siendo la práctica en el ejercicio del poder, con independencia del partido gobernante.

En el caso de Morena, el actual Presidente ha dicho repetidamente que en su Gobierno ya no se cometerán masacres ni se reprimirá al pueblo. Aunque en los hechos mencionados la responsabilidad sea de los gobiernos estatales, sí es responsabilidad del Gobierno federal que las grandes masacres no queden impunes.

Podría empezar por esclarecer y condenar a los responsables de las masacres del 2 de octubre de 1968, el Halconazo del 10 de junio de 1971, los responsables de la guerra sucia contra disidentes políticos de la década de1970, entre ellos los brutales “Vuelos de la muerte” práctica con la que el Ejército se deshizo de decenas de desaparecidos arrojándolos al mar desde una base aérea en Acapulco.

El actual Gobierno podría seguir haciendo justicia a los decenas de maestros disidentes asesinados desde la década de 1970 y de los cientos de luchadores indígenas y campesinos desaparecidos o asesinados por defender su territorio, como Samir Flores, asesinado en las puertas de su hogar en Amilcingo, Morelos, ya en este Gobierno.

Y esclarecer también las masacres de Aguas Blancas, El Charco, Acteal y los operativos represivos en Atenco y Oaxaca, en 2006. Si no detiene a expresidentes por corruptos, sí podría detenerlos por represores. Solo así se podría impedir que los Halconazos del pasado sigan reproduciéndose en el presente.