A este narcotraficante nacido en la ranchería de La Tuna, municipio de Badiraguato, Sinaloa, lo persigue una estela de mitos, misterios, leyendas, mentiras, traiciones, amores, desamores, muerte y actos de caridad que me tomaría meses resumir en cientos de páginas, escribe J. Jesús Esquivel en El juicio: Crónica de la caída del Chapo. 

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– J. Jesús Esquivel, uno de los periodistas mexicanos que mejor conocen el mundo del narco y el único que ha documentado esta realidad tal y como la enfocan las autoridades norteamericanas, entrega con este libro la más original de las crónicas sobre el proceso judicial que el Gobierno de Estados Unidos ejecutó en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán. No sólo se trata de una descripción completa, fiel y crítica del proceso que muchos han llamado “el juicio del siglo”, sino que recurriendo a distintas herramientas periodísticas y narrativas (incluyendo una entrevista exclusiva a Emma Coronel, esposa de Guzmán Loera) el autor ha montado un auténtico thriller legal.

Pero la riqueza de contenido del libro trasciende los registros anecdóticos, el desfile de testigos, peritos y policías, así como las evidencias presentadas en contra del inculpado y el exhibicionismo criminal que se dio en la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York. Lo que también leemos en estas páginas es la hipocresía del sistema penal estadounidense y la perversión de la guerra contra las drogas.

*La información anterior pertenece a Penguin Random House Grupo Editorial.

SinEmbargo comparte un fragmento de El juicio: Crónica de la caída del Chapo, un libro de J. Jesús Esquivel. Cortesía otorgada con el permiso de Penguin Random House.

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Introducción

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, es indiscutiblemente el criminal mexicano más famoso en el mundo.

A este narcotraficante nacido en la ranchería de La Tuna, municipio de Badiraguato, Sinaloa, lo persigue una estela de mitos, misterios, leyendas, mentiras, traiciones, amores, desamores, muerte y actos de caridad que me tomaría meses resumir en cientos de páginas.

Nadie como “El Chapo” acapara la atención y fascinación de gran parte de la población mexicana que —debido a esa anomalía llamada “narcocultura”, que no debería tener cabida en la cultura de México— considera que el criminal es víctima y no victimario.

Bonachón, traga años y mujeriego, “El Chapo” es un caso peculiar de la historia criminal y del narcotráfico internacional.

Su extradición a Estados Unidos, después de haber exhibido la corrupción al más alto nivel en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, con su espectacular fuga por un túnel de más de kilómetro y medio de longitud construido debajo de su celda en el penal del Altiplano, acabó de tajo con la novela del capo sinaloense.

El Gobierno de Estados Unidos —y de manera significativa la dea— estaba ansioso de usar a este capo para demostrar que aplica la justicia sin cortapisas.

El juicio al que el Departamento de Justicia sometió a Guzmán Loera en la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, mostró por qué los narcotraficantes latinoamericanos y de cualquier parte del planeta temen ser extraditados a Estados Unidos, el fracaso de la guerra contra las drogas que inició Richard Nixon, y la hipocresía de la DEA —a cuya colusión con criminales de la peor calaña llama “acuerdos de cooperación”, y que nunca de los nuncas, pase lo que pase, actuará contra las instituciones financieras y bancarias estadounidenses, que lavan miles de millones de dólares provenientes de la venta de los enervantes; de hacerlo levantaría la tapa a una cloaca de la que brotaría una podredumbre que salpicaría a muchos “honorables ciudadanos”.

En términos periodísticos, el haber tenido la oportunidad de cubrir el juicio del “Chapo” fue una experiencia retadora. El hecho de que llevo muchos años como corresponsal mexicano en Estados Unidos me facilitó el trabajo en la corte de Brooklyn. Este libro nace de la inquietud de exponer las diferencias de los sistemas judiciales entre Estados Unidos y México, sin exonerar a ninguno de sus pecados de narcocorrupción en sus respectivas dimensiones.

Durante las extenuantes 38 audiencias que duró el juicio, excluyendo las seis que a puerta cerrada realizó el jurado que declaró culpable al “Chapo”, palpé entre la sociedad mexicana ese cinismo que nos caracteriza cuando, sin entender procesos, emitimos fallos y opiniones infundadas.

“Que lo maten”, “lo van a hacer testigo protegido”, “lo van a obligar a declarar contra políticos mexicanos” y “ése no es “El Chapo”, es un impostor que se parece a él” son algunos de los comentarios que leí y escuché en las redes sociales durante el proceso contra el capo.

El sistema judicial de Estados Unidos tiene una diferencia fundamental respecto del de México: el respeto y cumplimiento cabal de la presunción de inocencia. Hasta “El Chapo”, siendo extranjero, disfrutó de ese derecho sagrado en materia de derechos civiles y humanos en Estados Unidos.

Su debilidad por los reflectores, la publicidad y las mujeres no le daban a Guzmán Loera la menor posibilidad de que lo declararan inocente: él mismo se incriminó en el video que le mandó a la actriz Kate del Castillo, en el que admite participar en el tráfico de drogas. Antes del juicio en Brooklyn, millones de personas vieron ese video en YouTube.

Sin embargo, ante los ojos del sistema judicial estadounidense, Guzmán Loera no era culpable a menos de que le demostraran lo contrario, y de eso se trató el largo e interesante juicio en Brooklyn.

Nunca, desde que nacieron las redes sociales, la prensa había reportado un proceso judicial en Estados Unidos como lo hizo con el de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

La popularidad de las narcotelenovelas, novelas y series de televisión que hacen apología de los narcotraficantes le pusieron un toque de morbo al proceso.

La presencia en la corte de Emma Coronel, esposa del “Chapo”, fue sin lugar a dudas un aliciente para ese público que seguía el proceso como un espectáculo y no como lo que era: un juicio.

Decenas de narcos famosos, asesinos confesos, expertos que hicieron lo que les instruyó la fiscalía y agentes estadounidenses —algunos de los cuales admitieron haber mentido a las autoridades— desfilaron ante “El Chapo” para acusarlo de todo.

Miles de folios, decenas de fotografías, grabaciones de conversaciones telefónicas y videos fueron presentados ante el jurado como documentos de prueba por el Gobierno estadounidense para sustentar sus acusaciones.

“El Chapo”, por medio de sus abogados —Eduardo Balarezo, Jeffrey Lichtman y William Purpura— tuvo el derecho a defenderse y tildar de mentirosos y tendenciosos a los testigos del Gobierno, que no hicieron otra cosa que contar las fechorías que cometieron al lado del acusado.

El del “Chapo” fue un proceso judicial abierto al público, transparente, que se hizo conforme a los reglamentos judiciales que marca la ley, más allá del morbo, de lo mediático y escandaloso que también fue.

Criminales y narcos de la talla del “Vicentillo”, “El Licenciado”, “El Rey Zambada”, Álex y Jorge Milton Cifuentes Villa, y “Chupeta”, bajo juramento, traicionaron al “Chapo” para intentar salvar su propio pellejo.

No puedo negar que, en momentos, los que estábamos en la sala del juez Cogan parecíamos ser parte del elenco de una película.

Este libro está basado en los apuntes que tomé en cuatro cuadernos durante mi cobertura de las audiencias del juicio. Lo que hay en las páginas de este trabajo son crónicas hechas por un reportero. Las frases textuales de este trabajo pueden no ser precisas. No sé taquigrafía y en las cortes federales de Estados Unidos está prohibido el uso de grabadoras, teléfonos y cámaras fotográficas durante los juicios. Las únicas herramientas permitidas a los reporteros son papel y pluma.

Todo lo que se expuso en el juicio como documento de prueba, de defensa y la transcripción de lo que se declaró —sin excepción— es del dominio público en Estados Unidos.

Esos expedientes “no son documentos exclusivos ni secretos” como luego claman varios reporteros cuando, tarde, los obtienen. En Estados Unidos se paga para conseguir las transcripciones de procesos penales.

En un futuro, dentro de varios meses, cuando estén disponibles los documentos del juicio contra “El Chapo”, seguramente quienes los adquieran encontrarán diferencias con mis citas, tomadas de las notas en mis cuadernos. No temo a eso: será muy válido y justo si me reprochan los errores.

Carezco de memoria fotográfica y, aunque en segundo de secundaria cursé el taller de taquimecanografía —sólo porque a esos talleres se inscribían todas las compañeras—, me fue imposible transcribir todo con precisión absoluta y a toda velocidad.

Espero que después de leer este libro, el lector tenga más elementos para concluir si “El Chapo” es en verdad el capo de capos del narcotráfico de México o un simple mito: el campesino que por necesidad y ante la pobreza se transformó en esa leyenda viviente.

Brooklyn, Nueva York, marzo de 2019

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Noviembre

Martes 13 de noviembre de 2018

Soportaba el frío gracias a la adrenalina. Aún era de madrugada y yo, en pleno noviembre, caminaba aterido por las calles de Nueva York. Me dirigía a la corte. Iba tan temprano porque un colega me había advertido: las medidas de seguridad serán extremas y habrá mucha prensa.

A las 5:15 de la mañana el barrio de Brooklyn aún estaba a oscuras, pero desde lejos relumbraba el operativo para resguardar la Corte Federal del Distrito Este. La rodeaban decenas de policías neoyorquinos y alguaciles federales (US Marshals). Parecía un despliegue exagerado, pero se explicaba a la vista del mensaje que el Gobierno de Donald Trump quería enviar: Estados Unidos es más fuerte que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el “criminal más buscado del mundo”, según lo había bautizado la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

No pude evitar una sonrisa al observar semejante espectáculo de uniformes, toletes y luces. Todo se debía a un hombre de 1.55 metros de estatura, nacido en un rancho perdido de Badiraguato, Sinaloa, hace poco más de 60 años. Me imaginé una escena hollywoodense: un comando del Cártel de Sinaloa intentando rescatar a su líder en pleno Nueva York…

Al acercarme, vi la larga fila de reporteros que aguardaban el arranque del juicio. Calculé unas 60 o 70 personas delante de mí.

Habían empezado a formarse a las 2:00 de la mañana, supe, y la puerta de la corte se abriría a las 7:00.

Horas después, cuando al fin nos permitieron pasar, los guardias nos informaron que todos, sin excepción, debíamos quitarnos el reloj, los abrigos, sacos o chamarras, las bufandas, guantes, gorros y el cinturón para hacerlos pasar por un escáner como los que hay en los aeropuertos. A gritos, los alguaciles nos ordenaban colocar los aparatos electrónicos en otra charola.

Tras el larguísimo proceso, revisaron nuestra acreditación, en la que se leía el número y nombre del caso 1:09-cr-00466-BMCRLM. Y nos informaron que el juicio sería en el octavo piso. Ahí despacha el juez Brian Cogan.

Hacia allá nos dirigimos. Más gritos de alguaciles, más revisiones, minutos y minutos de espera. Los agentes informaron que sólo cabrían 54 personas en la sala principal, y otras más en una sala adicional.

A las 8:45 de la mañana el primer recinto se había llenado. Y yo no había logrado entrar. Pero a las 9:10 ya me había sentado en una de las largas e incómodas bancas de madera de la sala adicional, al lado de mi amigo David Brooks, corresponsal de La Jornada. Comentamos el simbolismo de esas bancas, tan similares a las de las iglesias: te hacen sentir en el cuerpo el rigor de la justicia. “Es el sacrificio para exculparte o condenarte por tus pecados, el martirio lo sientes en las nalgas”, le dije a David.

En los monitores que mostraban el proceso podíamos ver las mesas que ocuparían los fiscales del Departamento de Justicia y los tres abogados de Guzmán Loera: Eduardo Balarezo, Jeffrey Lichtman y William Purpura. Pero no mostraban ni el rostro del juez ni el de los 12 integrantes del jurado.

Faltando cinco minutos para que apareciera Cogan, se abrió la puerta del costado izquierdo de la sala y, escoltado por dos policías, salió “El Chapo”. Vestía traje azul, camisa blanca, corbata azul y zapatos cafés. Se veía tranquilo.

Los alguaciles lo sentaron tras la mesa, flanqueado por sus defensores.

No llevaba bigote, y en el pelo negro no se veía una sola cana. Algunos reporteros aventuraban que se había teñido el cabello.

Joaquín volteó hacia su izquierda —hacia el público— y sonrió. Los reporteros de la sala secundaria no podíamos corroborar a quién, pero asumimos que había sido a su esposa, Emma Coronel, de 29 años. Después me enteré de que ella había llegado ataviada con un vestido negro y zapatos del mismo color y tacón alto y delgado como aguja.

Entonces ingresó el juez Cogan. “Buenos días, señor Guzmán”, le dijo en inglés, y el narcotraficante le respondió lo mismo. Así comenzaba el juicio al narcotraficante más conocido durante las últimas tres décadas. El narco más famoso del mundo.

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Cogan inició la audiencia con la noticia de que la defensa y los fiscales tendrían que definir una situación imprevista: una de las integrantes del jurado estaba aterrada. Determinar el futuro del “Chapo” le causaba pavor y le ponía los nervios de punta. “Llora mucho por la ansiedad, y no quisiera que se pusiera a llorar por lo que aquí se diga”, explicó el juez. “Y está el caso de otro de los jurados, un hombre que no tiene empleo y teme que no pueda aguantar el proceso de este caso sin obtener ingresos”.

El juez llamó a los abogados a una oficina aparte para discutir las sustituciones. Y la resolución de lo que parecía un asunto menor demoró cinco horas. A ese ritmo no parecía que el juicio fuera a durar los tres o cuatro meses que había calculado la fiscalía.

Al fin regresaron, con la buena nueva de que avalaban los cambios. Cogan decidió, entonces, dirigirse al jurado en pleno. Les recordó que ellos eran los más importantes en el proceso. La fiscalía debería demostrarles sus afirmaciones con evidencias y pruebas irrefutables: “Les recomiendo evitar cualquier información referente a este caso. No vean las noticias en la televisión, periódico o radio, eviten recurrir a sus redes sociales, Twitter, Facebook o Instagram. Entre ustedes no pueden hablar del asunto, mucho menos en casa con sus familiares. Ni en las calles con amigos, con nadie”.

Ahí empezó lo sustancial.

El juez Cogan cedió la palabra al fiscal, Adam Fels, quien a nombre del gobierno de Estados Unidos dijo que a Guzmán Loera se le imputaban 10 delitos relacionados con la asociación ilícita para traficar drogas y para lavar dinero procedente de la venta de todo tipo de narcóticos.

“El Chapo” se inició en el narcotráfico en los años setenta, contó Fels. El oriundo del rancho La Tuna comenzó con la mariguana que se sembraba en Sinaloa. A él le tocaba llevarla a la frontera norte y meterla a Estados Unidos.

Astuto en eso de evadir a los agentes federales, según Fels, lo que a otros narcotraficantes les tomaba semanas, al “Chapo” sólo un par de días o apenas unas cuantas horas; era raudo para meter los cargamentos a territorio estadounidense. “Fue cuando comenzó a usar túneles para introducir la droga”, relató el fiscal del Departamento de Justicia.

La mirada de Guzmán Loera estaba fija en su acusador. Ya en la década de los ochenta, continuó Fels, “El Chapo” hizo contacto con narcotraficantes colombianos para ayudarlos a traficar cocaína a cambio de un porcentaje de la venta. “Les prometió meterla en poco tiempo y los convenció… usando los túneles lo lograba. Los colombianos estaban complacidos, por eso le pusieron el apodo de El Rápido.”

Poco después, “El Chapo” revolucionó el trasiego de drogas con el uso de aeroplanos. “En la década de los noventa metía a Estados Unidos cientos de toneladas de cocaína colombiana por túneles, avionetas y aviones grandes, como los DC10.”

Con ese último dato quedó claro cuán interesado estaba el Gobierno de Estados Unidos en presentar a Joaquín como el gran capo de capos: en la historia del tráfico de drogas en México, el transporte aéreo de droga a escala masiva se le achaca a Amado Carillo Fuentes, otrora líder del Cártel de Juárez. Por ello se ganó el apodo de “El Señor de los Cielos”.

Con su modo de operar, dijo Fels, “El Chapo” logró triplicar el valor de la cocaína en las calles estadounidenses. “Metía droga por túneles, autos, camiones de carga, trenes, tractocamiones, aviones y submarinos.”

Para entonces, “El Chapo” ya estaba en el radar de las autoridades. Así que en 1993 se fue a Guatemala. Sin embargo, la distancia no lo libró. Fue detenido y rápidamente entregado al gobierno mexicano. Para él fue una desgracia a medias: estuvo ocho años en prisión, pero gracias a la corrupción que fomentó, siguió controlando su negocio desde la cárcel, con toda tranquilidad.

“El acusado sabía que el gobierno de México lo iba a extraditar a Estados Unidos, por eso sus socios lo ayudaron a escapar de la cárcel en 2001 (el 19 de enero). Libre, se atrincheró en la sierra de Sinaloa y se rodeó de un gran ejército de pistoleros; se hizo más organizado y poderoso”, continuó el fiscal.

Desde su fuga de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, hasta 2016, “El Chapo” estableció una alianza con Ismael “El Mayo” Zambada García. Fels aseguró que ambos narcos se encumbraron como los líderes del Cártel de Sinaloa, se dedicaron a matar gente y a corromper a las autoridades para que les facilitaran la “exportación” a Estados Unidos de toneladas y toneladas de cocaína, mariguana y otras drogas.

“Tenían en su nómina al ejército mexicano, a policías y a funcionarios de todos los niveles para que nadie interfiriera en sus actividades y para enterarse con anticipación de operativos militares y policiales.”

También responsabilizó a Guzmán Loera de haber provocado la guerra de 2006 por el control de Ciudad Juárez.

“Les vamos a presentar las pruebas —se dirigió al jurado— de que este hombre es un delincuente de gran peligrosidad, un desalmado y asesino de sangre fría. Con documentos, fotografías y grabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas, ustedes escucharán de viva voz al acusado dirigir operaciones de tráfico de drogas y dar la orden para que se cometan asesinatos…”

Incluso, dijo, ordenó el asesinato de integrantes de su familia. “Les mostraremos un video en el que se ve al acusado dar la orden a sus pistoleros para que, mediante tortura, interroguen a un integrante de una banda contraria, a quien finalmente asesinan. En el video ustedes verán al acusado jalar del gatillo.”

En sentido estricto, el video no tendría relevancia jurídicamente hablando: Estados Unidos no puede juzgar al “Chapo” por un delito cometido en México. El juicio en Brooklyn se concentra en los 10 cargos que le imputan, ningún otro. Ahora bien, exhibir la grabación evidenciaría el talante brutal de Guzmán Loera. Forjaría en la mente de los jurados la idea de que, si no lo envían a la cárcel de por vida, pondrían en riesgo la vida de muchas otras personas.

“Con sus compinches se comunicaba a través de métodos secretos y encriptados usando teléfonos celulares, aplicaciones computarizadas y una red altamente sofisticada en materia tecnológica para espiar al gobierno y a sus enemigos. Era el cabecilla de un imperio del tráfico de drogas”, machacaba el fiscal.

En esa primera intervención, Fels narró cómo “El Chapo” volvió a ser capturado… y cómo escapó nuevamente de otra prisión de alta seguridad, la del Altiplano, en Almoloya de Juárez, a través de un túnel de más de un kilómetro de longitud. En 2015 lo recapturaron y enviaron a otra prisión de alta seguridad, esta vez a la de Ciudad Juárez.

“Lo extraditaron a Estados Unidos (el 19 de enero de 2017) porque ya estaba planeando otra fuga”, aseguró.

El gobierno federal explicó que probaría sus señalamientos mediante los testimonios de agentes federales en funciones y jubilados, narcotraficantes asociados y rivales del “Chapo”.

A lo largo de todo el proceso, estos últimos serían particularmente relevantes. Son criminales entregados por las autoridades mexicanas a las estadounidenses que ya han sido juzgados pero no sentenciados, que esperan comprar, con sus declaraciones, la benevolencia de la Unión Americana.

Con su imperio, Guzmán Loera amasó una fortuna de por lo menos 14 mil millones de dólares, de acuerdo con Fels.

Disfrutaba el uso de las armas de grueso calibre. Tenía un cuerno de chivo chapada en oro. También una R-15, y una pistola calibre .38 que tenía diamantes incrustados en las cachas y, con oro, tres letras marcadas: JGL.

Y Fels guardó silencio.

Tocó el turno para hablar a la defensa de Guzmán Loera. Lichtman —abogado conocido por haber defendido a uno de los más famosos y temidos padrinos de la Cosa Nostra, John Gotti— se levantó de su cómodo asiento de piel y sonriente dijo: “Voy a contarles la otra cara de la historia. De cómo trabajan en complicidad los gobiernos de Estados Unidos y México, países de Centro y Sudamérica.

” Es la historia de cómo las agencias federales corruptas de Estados Unidos, como la DEA, por décadas han permitido operar a capos de la droga. No lo digo yo, viene directamente de la boca de los testigos del gobierno, que mienten y cometen crímenes todos los días”.

Desde hace muchos años y en descarada complicidad, expuso el defensor ante el jurado, los gobiernos de Estados Unidos y México se empecinan en capturar, procesar y sentenciar a narcotraficantes que les son incómodos. “No pueden confiarse en que les dirán la verdad. La DEA soborna a criminales y funcionarios (mexicanos) y obstruye la justicia para su propio beneficio.”

La exposición de la parte defensora adelantaba una estrategia fincada en usar las propias armas del Gobierno de Estados Unidos para exonerar a Guzmán Loera. Eso le agregaba intereses y morbo al ya intrigante y escandaloso proceso judicial.

“A los criminales-testigos que presentarán ante ustedes, la DEA les ha otorgado visas, les ha cambiado la identidad y los deja vivir libremente aquí, entre nosotros”, atizaba el abogado. “Guzmán Loera es el premio mayor de la fiscalía, es lo mejor que podía haber soñado en décadas… Pero todo es un mito. En el Cártel de Sinaloa hay muchos líderes y fracciones que están en guerra entre ellos. Mi cliente no tiene los miles de millones de dólares ni los misiles que le atribuyen. El Chapo es más mito que leyenda, y lo dice la DEA en un correo electrónico que mostraremos como evidencia”, zanjó.

En conclusión, dijo, “El Chapo” es un chivo expiatorio de ambos gobiernos ante sus problemas de narcocorrupción. Ha sido así desde el 24 de mayo de 1993, cuando en el aeropuerto internacional de Guadalajara, Jalisco, “asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Supuestamente el Cártel de los Arellano Félix (de Tijuana) confundió al cardenal con el señor Guzmán. Ambos viajaban en autos similares. Lo mataron a sangre fría y probablemente por órdenes del gobierno, ya que el cardenal denunciaba la corrupción por drogas. Necesitaban a un chivo expiatorio para ocultar las verdaderas razones del asesinato y usaron al Chapo”.

El verdadero “capo de las drogas de México”, abundó, es El Mayo Zambada y nadie está haciendo nada por detenerlo. “Tiene 70 años y 40 de carrera delictiva. Paga dinero a todo el gobierno. Pagó cientos de millones de dólares en sobornos al actual presidente (Enrique Peña Nieto) y al anterior (Felipe Calderón)”, declaró Lichtman, consciente de que había lanzado la primera granada con esquirlas noticiosas de gran alcance político.

Aseguró que a esto se agregaba el hecho de que un hermano del capo y dos de sus hijos —entre éstos Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo— son testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos y actualmente cooperan con la dea.

El Vicentillo, de hecho, declararía más tarde en el juicio contra El Chapo.

“La guerra de Estados Unidos contra las drogas es un fracaso”, aseveró Lichtman al cierre de su argumentación. “Como lo muestran las estadísticas oficiales, de 1993 a 2017 no ha bajado el flujo a Estados Unidos de cocaína y heroína: los verdaderos culpables y líderes del tráfico de narcóticos viven libres y tranquilos en México”, remató.

Miércoles 14 de noviembre de 2018

La perorata del abogado del Chapo surtió efecto. Los medios las retomaron, y tanto Peña Nieto como Calderón rechazaron las acusaciones con vehemencia.

La frase pronunciada por Lichtman generó en México la idea de que la fracción comandada por El Mayo fue la protegida del gobierno federal durante los últimos dos sexenios a costa de la del “humilde narcotraficante” que vendía naranjas y pan cuando era niño en La Tuna. Las redes ardían.

Pero en Brooklyn, la temperatura era de tres grados bajo cero. De nuevo los reporteros comenzaron a formarse desde las 2:00 de la mañana, pero ahora con un poco más de orden. Y durante la sesión de hoy, supimos, sí podríamos ir al baño.

Horas después, ya dentro de la sala del juicio, el grillete electrónico que le colocaron al Chapo en torno a su pierna izquierda era muy evidente, debido a la estrechez del pantalón que traía puesto.

Una vez sentados los integrantes del jurado en sus cómodos sillones de piel, el juez Cogan les ordenó que “desatendieran” la parte en la que Lichtman mencionó los presuntos sobornos a funcionarios del gobierno de México. Esos sobornos supuestamente los hizo “alguien más” (El Mayo Zambada) y no el acusado. Por tanto, esa parte “no era admisible” y “quedaba desestimada”.

Acto seguido, instruyó a Lichtman para que continuara con el argumento de apertura que había dejado inconcluso la sesión anterior, recordándole que se abstuviera de hacer referencia a asuntos que no estuvieran directamente ligados al Chapo. “Esto no es un show de Broadway”, remarcó Cogan.

Tranquilamente, el abogado reanudó su exposición, e insistió en el poder del Mayo. Y para “confirmar” su dicho, mencionó una de las fugas de su cliente, la del penal del Altiplano, mediante un túnel. “¿Cómo fue que lo construyó sin que nadie se enterara?” Si las autoridades se hicieron de la vista gorda mientras se construía el túnel en Almoloya, arguyó, fue porque El Mayo Zambada le ayudó a su compadre con la edificación.

“Al señor Guzmán Loera le gusta disfrutar de la publicidad y ser reconocido”, fue lo único que admitió Lichtman ante el jurado. Y cerró su introducción.

El equipo de siete fiscales, entonces, llamó a su primer testigo: Carlos Salazar, un agente jubilado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ice, por sus siglas en inglés) que estuvo asignado al área fronteriza de Arizona desde 1990 hasta 2010, cuando se retiró.

El exoficial federal contó que durante varios años fungió como agente encubierto de ice asignado al combate del trasiego de narcóticos.

Guiado por las preguntas que le hacía el fiscal Adam Fels, Salazar reveló que el 11 de mayo de 1990, en la ciudad fronteriza de Douglas (que colinda con Agua Prieta, Sonora) descubrieron un túnel en una bodega, que llevaba a una casa en el lado mexicano.

“Los que habitaban la casa escaparon momentos antes de que junto a los policías mexicanos hiciéramos el cateo, alguien les avisó”. Todo estaba asociado al narcotraficante Rafael Camarena, apuntó.

Mientras el exagente federal hablaba, El Chapo hacía apuntes en un cuaderno de papel amarillo de rayas, sentado entre Balarezo y la traductora de turno, y vigilado por dos alguaciles federales que cada hora y media eran sustituidos.

Cuando la fiscalía terminó su interrogatorio, William Purpura se levantó de la silla para hacer lo mismo por parte de la defensa.

Conciso, al abogado del Chapo sólo le tomó 10 minutos admitir y hacer notar a Salazar que tanto el túnel como la casa en Agua Prieta y la bodega en Douglas pertenecían a Camarena y no al acusado. Etiquetó como “increíble” que los agentes aduanales de Estados Unidos no hubieran descubierto antes el túnel, tomando en cuenta que el inmueble usado como bodega o supuesta base de descarga de drogas se encontraba a dos cuadras de la oficina de ice en Douglas. “No más preguntas, su señoría”.

El segundo testigo de los fiscales fue el exquímico forense de la dea, Robert C. Arnold, quien habló de su larga experiencia y carrera en los laboratorios del gobierno federal.

Las preguntas de Fels condujeron al forense a que explicara el minucioso sistema con el que en los laboratorios hacen pruebas a las drogas que se confiscan en Estados Unidos.

Arnold anotó que los 929.4 kilos de cocaína confiscada en Phoenix, Arizona, en fechas que coincidieron con el descubrimiento del túnel en Agua Prieta y Douglas, eran de procedencia colombiana, con una pureza de 95 por ciento.

Como el químico forense no vinculó lo que explicó al jurado con El Chapo, Purpura declinó su turno para cuestionarlo.

Jesús Zambada García, El Rey, fue el tercer testigo del Departamento de Justicia y el primer narcotraficante mexicano en sentarse a la diestra del juez Cogan.

Cuando El Rey entró en la sala de la corte —resguardado por un par de alguaciles federales, vestido con el tradicional overol que usan los presos federales en Estados Unidos—, El Chapo se echó para atrás en su silla y cruzó los brazos. Intercambiaron miradas brevemente. Zambada García levantó su mano derecha y juró declarar la verdad.

A diferencia de los abogados o de los fiscales para el caso de los argumentos de apertura en un juicio, los testigos están obligados a rendir juramento. Si llegasen a mentir y se les comprobara, […]