La investigación de Ciudadanos Observando retoma el descubrimiento que hizo el periodista Juan José Rodríguez Medina, columnista de Pulso Diario de San Luis, en su espacio “Las nueve esquinas” del 4 de junio pasado, de que la Secretaría de Salud de San Luis Potosí otorgó en 2018 dos contratos que sumaban 22.5 millones de pesos a dos empresas involucradas en el escándalo de “La Estafa Maestra de Baja California”, por el cual se acusa al exgobernador priista de esa entidad, Francisco Vega de Lamadrid, de desviar mil 224.5 millones de pesos a través de contratos de asesorías a compañías “fantasma”.

San Luis Potosí, 6 de julio (Pulso).– La organización Ciudadanos Observando descubrió que la red de compañías vinculadas al empresario Gabriel Salazar Soto que ha obtenido contratos los Servicios Estatales de Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno de San Luis Potosí por 176.4 millones de pesos presenta irregularidades como la presentación de domicilios inexistentes o desvinculados a las compañías, la inclusión involuntaria de socios de empresas de la red, el montaje de concursos licitatorios en las que participaban como supuestas competidoras empresas con los mismos socios y la falsificación de firmas.

La investigación “Epidemia de corrupción en los Servicios de Salud”, realizada por este grupo ciudadano que vigila el ejercicio del erario de autoridades de los tres niveles de Gobierno en el estado, descubrió que la red de empresas se extiende por San Luis Potosí, la Ciudad de México, Morelos y el Estado de México.

Asimismo, consigna otras polémicas circunstancias en las que la dependencia que dirige Mónica Rangel Martínez, por encargo del Gobernador Juan Manuel Carreras López, realiza sus contrataciones de bienes y servicios, como el uso de empresas vinculadas a escándalos financieros en otros estados o que han sido sancionadas por diversas irregularidades.

ASCENSO Y CAÍDA DE GABRIEL

Mónica Rangel Martínez, funcionaria de San Luis Potosí. Foto vía Pulso.

Gabriel Salazar Soto cobró notoriedad el año pasado con sus videos motivacionales y de emprendimiento en redes sociales. En sus mensajes, “Gabo”, como él mismo se presenta, relata cómo a sus 28 años de edad, pasó de vender enchiladas casa por casa en su natal municipio de Soledad de Graciano Sánchez, vecino de la capital, a crear el Grupo Infinite, propietario de 24 empresas dedicadas a la proveeduría de diversos artículos, servicios financieros, de limpieza, contabilidad, seguridad privada y de mantenimiento.

Su ascenso fue meteórico y lo evidenciaba presumiendo autos deportivos, residencias y viajes.

La suerte terminó, sin embargo, este año, cuando el ala financiera de su emporio, Invercorp Capital Financial, se declaró en quiebra, generando el enojo de unos 800 inversionistas, que la acusaron de defraudar más de 80 millones de pesos.

El auge y declive de Salazar. Gráfico: Pulso.

La quiebra de Invercorp sólo fue el inicio de la debacle, pues poco después, el 24 de mayo, informó que declararía en concurso mercantil el resto de sus empresas, debido a “errores financieros” y a la crisis económica generada por la emergencia sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19.

El éxito se había acabado.

DESLINDE INFRUCTUOSO

El auge de Salazar Soto, señala Ciudadanos Observando, empezó con la creación de sus empresas en octubre del 2015, coincidentemente con la llegada de Carreras al Gobierno de San Luis Potosí.

Sus vínculos en la Secretaría de Salud, dirigida por Mónica Rangel Martínez, le abrieron el paso a millonarios contratos por servicios de limpieza en los hospitales del estado.

Paulatinamente fue extendiendo su influencia gracias a sus contactos en el IMSS y en varias dependencias del Gobierno estatal.

Creó toda una red de razones sociales y personas físicas y de esa forma poder ofrecer servicios de facturación tanto a dependencias de Gobierno como a personas y empresas privadas.

El Grupo Infinite, del que Salazar Soto es presidente del Consejo de administración, es un corporativo con 21 empresas visibles y en todas estas empresas, es el accionista mayoritario, presidente y fundador.

Cuando se anunció el concurso mercantil, varios socios inconformes apuntaron a la Secretaría de Salud, denunciando presuntas irregularidades en los contratos con empresas del grupo.

En respuesta, la dependencia se deslindó completamente del asunto, señalando que no se le había otorgado ningún contrato.

Los montos. Imagen vía Pulso.

Pero ante el surgimiento de evidencia documental de que sí había tratos, la secretaria Rangel reconoció que su dependencia había firmado 17 contratos entre 2017 y 2018 por 64.9 millones de pesos.

Descartó irregularidades e indicó que los contratos habían sido revisados por la Contraloría General del estado.

Sin embargo, la investigación de Ciudadanos Observando descubre que el monto contratado con las empresas vinculadas a Salazar Soto asciende en realidad a 176.4 millones de pesos, 171.8 por ciento más que lo reconocido por la Secretaria de Salud.

EMPRESARIO SORPRESIVO

Cuando representantes de Ciudadanos Observando visitaron un domicilio ubicado en San Luis Potosí para preguntar si ahí habitaba el socio de una empresa que había recibido pagos de 11.9 millones de pesos de Secretaría de Salud en 2018, los padres de Emmanuel Aureliano Moreno Márquez casi se fueron de espaldas.

Desconocían que su hijo fuera socio del Corporativo Ribe de San Luis SA de CV y se sorprendieron, porque sufre un tipo de discapacidad.

Señalaron que ignoraba cómo el nombre de su pariente aparecía en el acta constitutiva de una compañía que tenía su domicilio fiscal en la colonia Clavería, en la alcaldía de Azcapotzalco, de la Ciudad de México.

Pero le aportaron un dato revelador al representante de la organización: hace años, trabajo en Scoltta Seguridad Privada, una compañía vinculada a Gabriel Salazar Soto, el empresario que, antes de caer en desgracia, concretó a través de él mismo u otras 18 empresas de su propiedad, contratos por 176.4 millones de pesos con la Secretaría de Salud.

Las firmas. Foto: Pulso.

La organización descubrió que esa no era la única liga con Salazar Soto, En el acta constitutiva del Corporativo Ribe aparecía, como socio de Moreno Márquez, Yoel Guerrero Camarillo, quien presentaba como domicilio una casa ubicada en la colonia Independencia, de la capital potosina.

Esa vivienda era también el domicilio fiscal de otros socios de Salazar Soto en otras empresas, Reymundo Guerrero Rangel y Sandra Camarillo Reyes.

Cuando acudieron a confirmarlo, la familia que dijo tener casi 50 años habitando la vivienda, les dijo que no conocía a ninguno de los tres y se deslindaron de los negocios con la dependencia estatal potosina.

El remate en las irregularidades fue que en el domicilio sede del corporativo, el de Azcapotzalco, no existe y que en diversos documentos contractuales de la empresa con la Secretaría de Salud, las presuntas firmas de Emmanuel lucen claramente distinta.

Este caso pudiera ser un machote sobre el modo en el que Salazar Soto y sus empresas hicieron negocios con la Secretaría de Salud, pues el esquema de domicilios falsos y socios que no estaban enterados de serlo, se repite en buena parte de las 19 compañías que entre 2017 y 2019, recibieron contratos de la dependencia que dirige Mónica Rangel Martínez por 176.4 millones de pesos.

AMIGOS Y RIVALES

Para obtener los contratos de la dependencia estatal, Ciudadanos Observando también descubrió que Salazar Soto encabezó un conglomerado de empresas que formaron una compleja red en la que se mezclaban parientes y cercanos colaboradores del empresario.

Ciudadanos Observando detectó que Flor Janeth Rivera Aguilar, esposa de Gabriel Salazar, era también su socia en la empresa Desarrollo e Infraestructura Absac, en Kubal ZF Comercializadora Integral y en Impulse Fibra de Inversión en Bienes y Raíces, S. de R.L. de C.V.

Las autorizaciones. Foto: Pulso.

Su hermano, Jonathan Salazar Soto, también es su asociado en Impulse.

Reymundo Guerrero aparece en el grupo de socios de Absac y de Corporativo Ribe.

En no pocos concursos, empresas del mismo grupo competían entre sí, siempre ofreciendo condiciones distintas, lo que contribuyó al triunfo de la otra carta del grupo en el concurso.

SOCIOS INVOLUNTARIOS

Pero no sólo había parientes y conocidos en el entramado empresarial. Salazar Soto también usó los datos de terceros sin su conocimiento ni su consentimiento, para crear empresas que obtenían los contratos o competían contra estas en licitaciones, facilitándoles el triunfo ofreciendo precios más elevados.

Moreno Márquez, el socio de Corporativo Ribe no fue él único caso.

Verónica Martínez Alfaro aparece como socia de once empresas vinculadas a Salazar Soto. Entrevistada por Ciudadanos Observando, la mujer dijo que ignoraba tal situación.

Mismo caso es el de Claudia Lucía Pérez Rodríguez, quien aparece como socia de la empresa M&M Mantenimiento, que no registra contratos con la dependencia, pero aparecía como “comparsa” en algunas licitaciones.

Pérez Rodríguez informó a Ciudadanos Observando que hace años, se desempeño como auxiliar administrativa en el Corporativo Infinite, de Salazar Soto.

“NO LO CONOZCO”

En el entramado de empresas usadas por el grupo de Salazar Soto, destaca el hecho común de que los domicilios presentados en sus documentos constitutivos son falsos o, en realidad, no están asentados ahí.

Ciudadanos Observando confirmó que 13 de las 19 empresas y personas físicas vinculadas al empresario y que fueron proveedoras de la Secretaría de Salud, presentaron en sus documentos domicilios equivocados, inexistentes o abandonados.

Como en el caso de la familia de Aureliano Moreno, la respuesta de los ocupantes de las viviendas fue la misma cuando se les preguntaba por la relación con otros socios: “No los conozco”.

No sólo ocurrió en San Luis, que registró seis empresas en Soledad de Graciano Sánchez y en la capital vinculadas al negocio, sino en otras entidades.

En la Ciudad de México, hallaron que Corporativo Ribe, Emverk Innovation y Technology, Desarrollo e Infraestructura Absac y el particular Alfredo García Rodríguez habían presentado domicilios inexistentes o equivocados. En el último caso, en esa dirección opera una bodega de dulces.

En Cuernavaca Morelos, los propietarios del domicilio que registró la empresa Franmark rechazaron ser sede de una empresa y desconocieron la situación.

Mientras que en el Estado de México operaba Abraham Martínez, con domicilios del Tultitlán y en Ecatepec, ambos falsos.

EL PODER DE LA FIRMA… FALSA

Otro hallazgo de la indagatoria de Ciudadanos Observando fue la profusión de firmas distintas que supuestamente pertenecían a una misma persona.

Las signaturas aparecían en los contratos con la Secretaría de Salud.

Ciudadanos Observando documentó incluso caligrafías discordantes en la firma de una funcionaria de la dependencia, Sandra Pulido Valencia, subdirectora operativa, que aparecía como testigo en los contratos, lo que para el organismo es una prueba de las irregularidades en la asignación de contratos.

OTRAS POLÉMICAS

Pero la Secretaría de Salud tiene también problemas con otros proveedores distintos a los del grupo de Salazar Soto.

La investigación de Ciudadanos Observando retoma el descubrimiento que hizo el periodista Juan José Rodríguez Medina, columnista de Pulso, en su espacio “Las nueve esquinas” del 4 de junio pasado, de que la Secretaría de Salud de San Luis Potosí otorgó en 2018 dos contratos que sumaban 22.5 millones de pesos a dos empresas involucradas en el escándalo de “La Estafa Maestra de Baja California”, por el cual se acusa al exgobernador priista de esa entidad, Francisco Vega de Lamadrid, de desviar mil 224.5 millones de pesos a través de contratos de asesorías a compañías “fantasma”.

Las adquisiciones, autorizadas en 2018, involucran la contratación de las empresas Kazpher Proyectos, Insumos y Mantenimiento SA de CV, a la que se le pagaron 16.7 millones de pesos, y Servicios Empresariales Aplicados Glutivec SA de CV, que recibió un contrato por 5.8 millones de pesos.

En ambos casos, los contratos iban a ser otorgados por la SS en licitación pública bajo el concepto de “Otras Asesorías para la Operación de Programas” por servicios presuntamente realizados para el Hospital Central.

Una de las fachadas de empresa fantasma. Foto vía Pulso.

Sin embargo, la Contraloría General del Estado le indicó a la Secretaría de Salud que el concurso no era procedente debido a que la Ley de Adquisiciones del Estado no preveía ese rubro.

Aun así, la Secretaría de Salud entregó los contratos por la vía de la asignación directa. Ambas beneficiadas presentaron en Baja California domicilios fiscales en el Estado de México, pero no existen. Tampoco hay teléfonos u otra forma de comunicarse con ellas.

Las empresas contratadas por la dependencia de Rangel Martínez son ubicadas como parte del esquema mediante el cual el Gobierno bajacaliforniano pagó mil 224 millones de pesos a unas 91 empresas consideradas “fantasma” y por el cual, el exfuncionario y otros colaboradores fueron denunciados por el entrante Gobierno morenista de Jaime Bonilla.

El domicilio de una supuesta empresa. Foto: Pulso.

La dependencia también ha tenido tratos con empresas que gozaron de un auge en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que ahora son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Secretaría de la Función Pública debido a presuntas irregularidades.

Es el caso de Comercializadora Pentamed S.A. de C.V., propiedad de Humberto Tello Alvarado y Ricardo Carrasco, que en el sexenio anterior, obtuvo del Gobierno federal más de seis mil millones de pesos a través de 266 contratos.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió una denuncia en contra de la distribuidora de medicamentos Pentamed en septiembre del 2019, para que se indaguen todos los movimientos financieros de sus accionistas y su relación con la empresa SAVI.

La Secretaría de Salud potosina también ha tenido tratos con Farmacéuticos Maypo y Comercializadora de Productos Internacionales SA de CV, también investigadas por presunta corrupción en la venta de medicamentos y otras irregularidades en el sector Salud federal.

Finalmente, la Secretaría de Salud fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación y por su similar estatal como la dependencia estatal potosina con mayor monto observado por presuntas anomalías en el ejercicio 2018.

La ASF registró observaciones por 145 millones de pesos, mientras que la Auditoría Superior del Estado hizo lo propio con 63.9 millones de pesos.

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