La captura de José Antonio Yépez Ortiz por fuerzas federales, después de una carrera delictiva de más de una década en total impunidad, tuvo un efecto colateral que no parece extraño si se observa con cuidado: la desaparición del poderoso Fiscal General del estado del escenario público, desde el fin de semana pasado.

Partidario del bajo perfil mediático casi hasta la opacidad, Carlos Zamarripa Aguirre no elude presentarse a conferencias de prensa donde da a conocer noticias importantes cuando lo ameritan los acontecimientos o cuando debe sacar adelante a su institución de momentos polémicos.

El anuncio de la captura del criminal más buscado los últimos dos años en Guanajuato, a partir de la llegada del nuevo Gobierno federal, era una ocasión inmejorable para que el cuestionado Fiscal, de quien se discuten sus 11 años en el cargo y sus pésimos resultados, saliera a cobrar facturas.

No ha sido así. En primer lugar porque pese a la colocación escenográfica de elementos del grupo élite de la Agencia de Investigación Criminal del Estado en cada foto del “Marro” que se hizo pública, en realidad se sabe ahora que la inteligencia, la estrategia y la operación táctica fueron encabezadas por el Ejército mexicano.

La intervención de la Fiscalía se hizo necesaria para construir el debido proceso y tener una orden de cateo local. La circunstancia fortuita de haber encontrado en el local cateado a una mujer secuestrada dio la oportunidad de utilizar el delito en flagrancia para consolidar la detención y generar un proceso legal en el fuero local.

La cortesía del primer tuit sobre la captura a cargo del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez fue otra manzana envenenada que el Gobierno estatal mordió con fruición. Tras media semana de detención con “El Marro” aprisionado en una cárcel local que no es de alta seguridad, con un Juez local sometido a presiones del Secretario de la Defensa y del propio Presidente de la República, el triunfo pírrico de la captura puede convertirse en una papa caliente para el Gobierno de Guanajuato.

Preso en Almoloya, como se esperaba, Yépez Ortiz se convertiría solo en un mal recuerdo para los políticos de Guanajuato, dejándoles la tarea de limpiar los destrozos provocados por la impunidad de casi dos sexenios y de controlar los residuos de la banda en los municipios.

No pasará así si se le da prioridad al proceso de secuestro en progreso que la fortuna le obsequió a las fuerzas militares que irrumpieron en la finca de Franco Tavera el domingo en la madrugada.

Dentro del ajedrez en el que se ha convertido la política mexicana en tiempos de pluralidad, pandemia y cuarta transformación, el Gobierno federal podría dejar que Carlos Zamarripa, a lo largo del proceso, y Alvar Cabeza de Vaca, con la compurgación de la pena, se cocieran a fuego lento tratando de mantener al capo más mediático de Guanajuato a buen recaudo, en cárceles que además están plagadas de sus seguidores y de sus adversarios.

Así como Zamarripa defendió en el caso del guerrillero chileno Raúl Julio Escobar Poblete la necesidad de que se le juzgara aquí por un secuestro cometido en la entidad, antes de ceder turno a una extradición, ahora habría que hacer valer esa lógica para priorizar el juicio local, sin embargo, no se le ha escuchado hablar de eso ni de nada más.

La presencia en un cárcel local de un capo que mantiene un liderazgo regional y que ha mostrado un carácter sanguinario y arrojado podría provocar una grave desestabilización en el sistema penitenciario estatal, de por sí endeble como lo han mostrado las asonadas y los enfrentamientos en Valle de Santiago.

¿Veremos a Diego pidiendo al Presidente o al Fiscal General de la República que se lleven al “Marro” a un penal federal? Sería lo mejor para todos, aunque quede un tanto cuanto amellado el discurso de pretendida “grandeza”.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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