Según el documento al que Reforma tuvo acceso, el empresario Jorge Eduardo Rivera Schotte -accionista de la empresa Petro Chem México-, fue el intermediario entre Odebrecht y los encargados de la campaña.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tamaulipas podría imputar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Loyoza Austin, por sobornos entregados a una campaña local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a cambio de otorgar contratos para la empresa brasileña Odebrecht.

Así lo dio a conocer a primera hora de este miércoles el diario Reforma, quien detalló que en un criterio de oportunidad facilitado por la FGE, un testigo protegido aportó datos y evidencia sobre una reunión celebrada en la entidad en la que se solicitó un monto de 500 mil dólares a la constructora en pago de contratos en proyectos hídricos, energéticos y de transporte, una vez ganada la gobernatura del PRI.

De acuerdo con el testimonio, Lozoya Austin sería el encargado de recoger y entregar el dinero, aunque la investigación que la FGE sigue dese el año 2018, sostiene que el extitular de Pemex solo dio 350 mil dólares a las personas responsables de la campaña priista.

La campaña a la que se destinaron estos recursos fue la del candidato a Gobernador de Tamaulipas en 2010, Rodolfo Torre Cantú, quien fue asesinado en el mismo año y suplido por su hermano Egidio Torre, coronándose como vencedor en las elecciones.

Según el documento al que Reforma tuvo acceso, el empresario Jorge Eduardo Rivera Schotte -accionista de la empresa Petro Chem México-, fue el intermediario entre Odebrecht y los encargados de la campaña.

Esto fue confirmado por Luis Alberto De Meneses Weyll, director de la constructora en México, quien aseguró que aportó 500 mil dólares al PRI estatal en su testimonio rendido ante la justicia brasileña.

De Meneses Weyll detalló en su comparecencia de octubre de 2017 que conoció a Rivera Schotte en un evento social celebrado en la CdMx en septiembre de 2009, donde conversaron acerca del candidato priista y las oportunidades de proyectos regionales en los sectores hídrico, transporte y energía.

De esta manera, De Meneses Weyll trazó un programa de acción de Odebrecht en México para el trienio 2010-2012, y aseguró que Rivera Schotte le comentó que sería importante que la constructora financiara la campaña de Torre Cantú como una manera de posicionarse y abrir oportunidades de negocios cuando este fuera Gobernador.

Fue entonces cuando el empresario tamaulipeco le dijo a Torre Cantú, en presencia del colaborador de Odebrecht, que la empresa brasileña contruibiría a su campaña, con la expectativa de que varios de sus proyectos prosperaran durante su Gobierno.

FISCAL GENERAL DE TAMMAULIPAS TIENE EN LA MIRA A LOZOYA

Horas después, El Universal informó que la FGE solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) documentos, audios y videos testimoniales de De Meneses Weyll, donde este habría confesado haber financiado la campaña de Torre Cantú.

El diario señaló que el Fiscal General de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, solicitó las pruebas al titular de la FGR -Alejandro Gertz Manero-, donde se indica que en la carpeta de investigación abierta por el homicidio de Torre Cantú, también se nombra a Lozoya Austin.

En dicha carpeta se especifica que diferentes empresarios -incluido Rivera Schotte- participaron en el Comité de Financiamiento de la campaña priista, en la que se reconoce que estos recibieron recursos de De Meneses Weyll a instancia del extitular de Pemex.

“Hay una investigación de un tiempo atrás donde aparece el nombre del señor Emilio Lozoya, dentro de actos que pudieran ser constitutivos de delitos en el estado de Tamaulipas”, citó El Universal a Barrios Mujica.

El Fiscal explicó que, con base en el convenio de colaboración entre las fiscalías estatales y la FGR, se solicitó esta información, pues tanto él como su equipo tienen conocimiento de que existen declaraciones grabadas en audio y video otorgadas por las autoridades brasileñas, con las que podrían corroborar las pesquisas y evidenciar los delitos cometidos en el estado, específicamente el financiamiento de campañas con recursos de procedencia ilícita.