Redacción/SinEmbargo
06/10/2015 - 12:00 am
La CIDH da una oportunidad al Estado, ¿la tomará?
Está claro que las investigaciones e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desapariciones forzadas y violaciones a las garantías individuales en México no le han gustado nada al Gobierno federal, porque exhiben que no se ha dado un trabajo serio en la materia y, debido a ello, el país lidera en […]
Está claro que las investigaciones e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desapariciones forzadas y violaciones a las garantías individuales en México no le han gustado nada al Gobierno federal, porque exhiben que no se ha dado un trabajo serio en la materia y, debido a ello, el país lidera en el continente americano las denuncias en materia de desaparición forzada.
Integrantes de la CIDH realizaron la semana pasada una gira de cinco días en la que visitaron distintos estados en los que existen reportes de desapariciones forzadas, entre ellos, Guerrero.
El viernes pasado revelaron un informe preliminar en el que concluyen que el país enfrenta una grave crisis de derechos humanos, una afirmación a la que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, respondió que el documento “no refleja del todo la realidad del país”.
Sin embargo, ayer Emilio Álvarez de Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dijo que el Gobierno federal debe reconocer que “hay otro México donde la gente es abusada”, y puso como ejemplo los 15 estados en los que no se puede combatir la práctica de la tortura porque no está tipificada como delito.
Este diagnóstico, expuso en entrevista en Primero Noticias, de Televisa, “es una oportunidad” que le brinda el organismo al país para seguir adelante.
“La CIDH tiene un diagnóstico de una crisis grave de derechos humanos en México, lo que toca es que los gobiernos pongan atención, pero nosotros no queremos calificar”, respondió al periodista Carlos Loret de Mola.
Y es verdad: el Gobierno de Enrique Peña Nieto tiene un enorme reto por superar en materia de abuso a los derechos humanos, y los informes de la CIDH sobre los temas de Ayotzinapa y Tlatlaya, por ejemplo, además de los que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han hecho sobre la tortura, son en realidad una oportunidad para revisar esta crisis a fondo.
La oportunidad, porque ahí están los casos y los detalles documentados, se da también para reorientar la política pública en la materia y, muy importante, aceptar que no se ha trabajado con rigor y con voluntad para atender esa crisis de derechos humanos que ahoga al país, y que se relaciona directamente con la corrupción y la impunidad.
El Estado mexicano debe dar certidumbre a sus ciudadanos y la primera condición para que eso suceda es que quienes trabajan en las instituciones de seguridad sean los primeros en respetar la Ley.
Sin esa premisa difícilmente se encontrarán soluciones y los gobiernos federal, estatales y municipales seguirán siendo vistos por la sociedad como el origen de todos los males, en la medida en que la mayoría de los crímenes que se mencionan son originados o solapados o escondidos por los propios funcionarios públicos.
La crítica, como dijo Álvarez de Icaza, es una oportunidad para cambiar lo que no está bien, para corregir y para avanzar hacia otro estrato. Pero si no se toman en consideración las recomendaciones, se minimizan y hasta se desechan podemos esperar que el escenario que hoy tenemos en materia de desapariciones forzadas, tortura y abusos a los derechos humanos en general se torne aún más oscuro.
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