Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra fueron agredidos en San Salvador Atenco por medio centenar de hombres armados luego de que solicitaran a trabajadores que cesaran obras que forman parte del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, informó el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. La organización se dijo preocupada por los hechos y acusó al Gobierno federal, estatal y municipal, de ser omiso “para garantizar el respeto a la integridad, la vida y el territorio de quienes defienden la tierra en los municipios de Atenco y Texcoco, y tolerante con la comisión de delitos perpetrados por grupos que parecen responder a los intereses de las empresas” que edifican la obra federal, a la que los ejidatarios se oponen desde 2001.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– Ejidatarios de San Salvador Atenco, Estados de México, denunciaron que fueron víctimas de un ataque a tiros luego de que protestaran y obligaran a cesar obras en terrenos en los que se pretende construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

A través del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) dieron a conocer que ayer al medio día, “entró maquinaria pesada útil para extender cascajo, junto con cuatro camiones de carga de las empresas Lince y Cipsa Vyse”, en los parajes denominados Santa Ana y Santa Cecilia del territorio ejidal de San Salvador Atenco.

Agregó que al lugar se presentaron 15 trabajadores “cuya labor consistía en extender rollos de plástico y de fieltro con el fin de preparar el terreno para la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, cuya edificación forma parte del proyecto integral del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

Al lugar, dice el comunicado, los integrantes Sergio Ramírez Velázquez, Miguel Medina Silva, Víctor Estrada Sánchez y Armando Juárez, junto con otros, acudieron al lugar para solicitar verbalmente a los trabajadores y a los choferes que suspendieran sus labores. Bajo el argumento de que las obras violan “la suspensión definitiva de la obra obtenida en el juicio de amparo 349/2016 seguido ante el juzgado 9° de distrito del Estado de México”.

Pasados 20 minutos, dice la denuncia, los trabajadores se retiraron al margen del río Coscacuaco del lado de Tocuila, mientras que los miembros del FPDT se alejaron a del lugar y una hora más tarde, llegaron al sitio dos camionetas tipo Pick Up color blanco y una combi, que transportaban a cerca de cincuenta personas “armados con pistolas, palos y tubos”, quienes “accionaron sus armas de fuego y realizaron, al menos, cinco descargas al tiempo que perseguían a los defensores de la tierra gritando: ‘¡Ya váyanse de aquí, no estén chingando'”.

Los ejidatarios huyeron y posteriormente interpusieron una demanda por la agresión, “la cual consta en la carpeta de investigación TEX/TEX/00/MP1/076/01928/16/10”.

El territorio de Tocuila “se encuentra invadido en aproximadamente 400 metros lineales”, denunciaron, pues desde el pasado lunes “ha ingresado maquinaria para continuar los trabajos respectivos a la construcción del tramo Peñó-Pirámides de la autopista anteriormente mencionada, y dos kilómetros lineales, debido a obras de Comisión Nacional del Agua ” contra las que también se ha tramitado un amparo.

El Centro Zeferino señala que la agresión ocurren en el contexto de la próxima elección de nuevo comisariado ejidal, que se celebrará el 23 de octubre.

Desde el año 2001, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se ha opuesto a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, movimiento que tuvo su máxima represión los días 3 y 4 de mayo de 2006, cuando la entidad era Gobernada por el ahora Presidente Enrique Peña Nieto, en un operativo de desalojo a los campesinos con un uso excesivo de la fuerza. El saldo: denuncias de abuso sexual a mujeres por parte de las fuerzas policiacas, dos muertos y decenas de detenidos.

Este fin de semana se dio a conocer que el caso denunciado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) fue turnado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) ante la falta de investigación de las autoridades mexicanas en la denuncia que presentaron 11 mujeres por los ataques sexuales.

El Zeferino Ladrillero recordó que tan sólo este año, se ha registrado la incursión de una tanqueta militar en el Cerro de Huatepec, en Nexquipayac, el día 12 de abril y el desalojo de un campamento de resistencia en el mismo cerro, perpetrado el día 23 de mayo por un grupo de 150 personas supuestamente afines al proyecto, que fueron resguardadas por elementos de la policía federal, estatal, municipal, e incluso, personal de la marina.

Además, dijo, se documentó la presencia de grupos de choque en el área de Tocuila, donde los días 18 y 19 de agosto golpeadores quemaron un campamento de resistencia, agredieron a un periodista y persiguieron con piedras y palos a los defensores de la tierra. A ello se suman dos eventos violentos más: uno en contra de Andrés Pineda, a quien el 26 de mayo golpeó Filiberto Calette Rodríguez, auxiliar administrativo de la Secretaría General de Gobierno en Nexquipayac, y otro contra Zeferino Ruiz Mendieta y Sergio Ruiz, ejidatarios de Tocuila a quienes los agresores les reclamaron su participación en las asambleas ejidales.

El litigio por las tierras aún se mantiene con varios recursos interpuestos por los campesinos, pese a que el Gobierno federal ha dicho que la megaobra no afectará esos terrenos.

Ante los hecho el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero se dijo preocupado por los hechos y acusó al Gobierno federal, estatal y municipal, de omiso “para garantizar el respeto a la integridad, la vida y el territorio de quienes defienden la tierra en los municipios de Atenco y Texcoco, y tolerante con la comisión de delitos perpetrados por grupos que parecen responder a los intereses de las empresas Lince y Cipsa Vise”.

Consideró “intolerable” que las agresiones a los defensores del Frente hayan escalado hasta estos niveles de violencia y exigió que se lleven a cabo las investigaciones por los hechos relatados y que, con base  a la Constitución y tratados internacionales “se respete, cuide y proteja la vida, la integridad personal y el territorio de los habitantes y de quienes defienden la tierra en los municipios de Atenco y Texcoco”.