“Es claro que la corrupción que viola leyes ha devastado nuestra ciudad”. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Entre todo lo que remueven los temblores están sin duda las ideas y las ideologías, las concepciones de la vida compartida. Los mitos. Detrás de las urgencias materiales debe venir la atención a la urgencia de repensar nuestra vida en común. Se va volviendo evidente que hay que concebir a la ciudad de otra manera.

Es claro que la corrupción que viola leyes ha devastado nuestra ciudad. Erradicarla es absolutamente necesario. Pero también la corrupción legal debe ser evitada. Quiero insistir en que la corrupción comienza en el cuerpo de los ciudadanos desde que se piensa a la ciudad de manera peligrosamente equivocada. Las leyes que ahora permiten hacer edificios de alto riesgo en zonas de altísimo riesgo deben ser derogadas con urgencia. No deben ser permitidas ni a la sombra de la soberbia tecnológica que disminuye el riesgo en ciertos casos de temblores conocidos, (los que vienen son desconocidos, siempre distintos) ni a la sombra de una supuesta política de vivienda populista. Urge repensar esos dos factores con mayor sutileza.

Estamos llenos de nuevos edificios monstruosos que han desestabilizado todo a su alrededor. No basta con que cada uno de ellos sea tecnológicamente firme si su entorno se ve devastado, debilitado, roto materialmente pero también socialmente. Es decir, no sólo devastado como firmeza de construcción sino como desastre urbano total. Urge estudiar a fondo los efectos urbanos nocivos que tanto los edificios de Santa Fe, como los de nueva Polanco y Reforma han tenido. Una patología que se propaga por toda la ciudad y sus alrededores. Incluye edificios y vías supuestamente rápidas. Segundos pisos multiplicados hasta volverse cielos de concreto sin prestar atención ni al subsuelo y a la infraestructura necesaria. Mientras ese examen no se haga de verdad y a fondo no cabrá en esta ciudad un ápice de esperanza.

Ojalá que las iniciativas geniales de muchos jóvenes, entre las cuales las de @verificado19s han sido ejemplares, puedan también lanzarse a cuestionar la patología legal del desastre urbano que se desencadenó como un virus de corrupción con el Bando 2 promulgado por López Obrador el segundo día de su gobierno, ampliado por Marcelo Ebrard como Norma 26, reformulado por Mancera con sus Normas 30 y 31, y la joya de la corona, la asociación que casi perpetró el engaño del Corredor Chapultepec pero que está realizando cientos de negocios más, igual de turbios, gigantes, irresponsables y dañinos.

Es evidente que no son los desarrolladores urbanos quienes vendrán con una solución a este embrollo que un sector amplio de ellos ha capitalizado o podrían capitalizar. Desgraciadamente, tampoco son nuestros grandes arquitectos quienes están en la mejor posición de opinar con autoridad moral sobre el tema de derogar para reexaminar a conciencia el Bando dos y sus secuelas. Es una clara situación de conflicto implícito de intereses. Nadie que se ha beneficiado legalmente o podría beneficiarse con el auge de la construcción en la ciudad podrá pensar que es cuestionable. Es un momento histórico grave, de alta responsabilidad, donde los guardianes oficiales del bien común urbano no lo han sido a fondo, se han permitido hacer negocios en nombre de sus causas electorales en el mejor de los casos, cuando no de sus bolsillos.

Son cientos de personas en posición de haber tomado y tomar decisiones desde hace décadas que han favorecido una idea de la ciudad de México que ahora se ha puesto en crisis. No prestar atención a lo enfermo y resquebrajado que hay de raíz en las políticas urbanas vigentes es como negarse a mirar la grieta peligrosa que crece ante nuestros ojos.

El temblor y sus consecuencias adelantan una nueva pregunta: ¿Cómo frenar y limitar este nuevo corporativismo del sistema político mexicano, el del sector de la construcción? Porque tanto a nivel federal, como a todos los niveles regionales, incluyendo la región de la capital del país, la corrupción desenfrenada exponencialmente del sector de la construcción con los gobiernos que adjudican obras han demostrado ser parte esencial del sistema político mexicano actual. Y eso está en todos los partidos. Y lo han vuelto legal. La idea misma de nuestro sistema político tiembla y no podemos dejar de verla. Pero ese es el tema del artículo siguiente.