Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijo que las personas desaparecidas son “una responsabilidad del Estado”, por lo que se debe “dar respuesta del paradero de toda persona desaparecida, que se conozca la verdad en todos los casos, que haya acceso a la justicia y que haya responsabilidades, reparación de los daños y sobre todo que construyamos garantías de no repetición”.

Por Karina Contreras y Aurora Harrison

Acapulco, Guerrero, 6 de octubre (ElSur).– El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que Guerrero no es ajeno a lo que pasa en otras estados por los problemas fuertes de violencia y uno de los temas más sensibles que tiene la entidad es la de personas desaparecidas, no solamente los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

González Pérez dijo que es necesario que se conozca la verdad en todos los casos de personas desaparecidas, que haya acceso a la justicia y reparación del daño, pero sobre todo que se construyan garantías de no repetición.

El Ombudsman no quiso opinar sobre la reforma que hizo el Congreso local al Código Penal del estado la cual establece que no incurrirán en delito las personas que lesionen o asesinen a agresores dentro de sus propiedades o área de trabajo, cuando sea en “legitima defensa” porque esté en riesgo su vida, familia, comunidad afectiva o patrimonio, pues argumentó que necesitaba empaparse del tema para poder opinar, de lo contrario sería irresponsable.

Sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos hace cinco años en Iguala, González Pérez indicó que el Gobierno mexicano tiene que dar una respuesta puntual para que “conozcamos la verdad, que se conozca con puntualidad qué pasó con los estudiantes, el paradero, y que conozcamos esa verdad y reparación del daño, que haya acceso a la justicia y que no vuelva a suceder”.

El encargado del organismo, quien dejará el cargo el próximo 15 de noviembre, dijo que hay una recomendación de la CNDH en dos mil 200 páginas, un análisis de un millón de fojas, 220 líneas de investigación propuestas y 120 recomendaciones específicas y “hay un área de trabajo” que debiera aprovecharse por los actuales investigadores para avanzar.

A pregunta de cómo se encuentra Guerrero en materia de derechos humanos, indicó que como otras entidades federativas, atraviesa por problemas fuertes de violencia y uno de los temas más sensibles es el de las personas desaparecidas que no son solamente los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Añadió que hay otras personas desaparecidas y que “también es una responsabilidad del Estado dar respuesta del paradero de toda persona desaparecida, que se conozca la verdad en todos los casos, que haya acceso a la justicia y que haya responsabilidades, reparación de los daños y sobre todo que construyamos garantías de no repetición”.

Además, afirmó que el problema que se tiene en Guerrero no es ajeno al tema de la violencia contra las mujeres porque es un caso sensible donde hay alertas de Género declaradas, y al igual, el de la niñez que es otra de las “preocupaciones, sobre todo porque pueden ser captada por grupos delictivos, entonces me parece que necesitamos combatir la pobreza y desigualdad”.

Sobre los feminicidios dijo que las alertas son importantes, que se tienen 30 procedimientos de alertas en el país y han declarado muchas de éstas en Guerrero, tiene muchos municipios, y “son estos temas los que busca Guerrero Primero, contribuir para la solución de problemáticas, son situaciones delicadas y lo importante es que haya el compromiso de las autoridades en ese sentido”.

Sobre si en Guerrero los gobiernos han fallado en garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos González Pérez dijo que son problemas estructurales que vienen de décadas, se tiene que decir, pero que no exime a las autoridades del cumplimiento de sus obligaciones y el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame “mostró el compromiso para buscar soluciones a los planteamientos de Guerrero es Primero”.

NO HAN DIMENSIONADO LAS DESAPARICIONES

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, criticó la inacción de las autoridades para atender el problema de las desapariciones de personas, y señaló que pareciera que no se ve como una responsabilidad grave.

“Falta voluntad política para atender este tema porque no se ha dimensionado lo que implica, el patrón de desapariciones es lo que nos tiene sumergidos en un estancamiento social, político, económico, un atraso jurídico, y sobre todo una sociedad agraviada, estamos ante unas heridas que están muy profundas porque son casos largos y al mismo tiempo recientes” indicó.

Este sábado al asistir al Foro de consulta de participación ciudadana que organiza el Congreso local para los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, se le preguntó al director de Tlachinollan por lo dicho por el presidente de CNDH, quien señaló que las desapariciones de personas son un problema fuerte en Guerrero.

Barrera Hernández recordó que hace 12 años se hizo una ley sobre desaparición de personas, pero “nunca se aplicó por parte de las autoridades ministeriales y esto da pie a que ni las mismas autoridades encargadas de investigar hayan encuadrado casos de violaciones de desaparición de personas”.

Explicó que hay un caso emblemático, cuando desaparecieron a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, que la familia pidió que se iniciara la denuncia por desaparición pero lo que hacen los Ministerios Públicos es que deben esperar 48 horas y mientras no se tipifica como delito.

Agregó que es un problema histórico y estructural porque se trastoca la vida de los guerrerenses y se cometen graves violaciones a sus derechos humanos.

Dijo que es un tema que viene desde la guerra sucia donde el Ejército era el principal perpetrador, pero después del último año con el ex Presidente Felipe Calderón “se da otro patrón de desaparición” al declararse la guerra contra la delincuencia organizada.

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