México

Investigaciones contra exgobernador de Tamaulipas son de antes de 2018: Mejía Berdeja

06/10/2022 - 7:49 am

Ayer se dio a conocer que un Juez federal libró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, dio a conocer esta mañana que las investigaciones en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, son previas al 2018, es decir, antes del inicio del Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en la rueda de prensa matutina que se realiza en Palacio Nacional, el funcionario de seguridad detalló que son varias las pesquisas que se llevaron a cabo en contra del exmandatario.

Sin embargo, mencionó que “finalmente” la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una denuncia por el delito de lavado de dinero por la simulación de compra-venta de un departamento.

Lo anterior, dijo, derivó que un Juez de Control girara una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

No obstante, recordó que el exgobernador promovió un amparo para no ser detenido, mientras que en paralelo, el Congreso de Tamaulipas promovió dos controversias constitucionales, mismas que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara, invalidó la solicitud de orden de aprehensión solicitada, ya que el exmandatario contaba con fuero constitucional. Esto el pasado 17 de agosto de 2022.

 

Asimismo, señaló que Francisco Javier García Cabeza de Vaca interpuso una denuncia penal en contra del Juez que giró la orden de aprehensión en su contra.

Señaló que luego de concluido su cargo como Gobernador, el pasado 4 de octubre, se giró una nueva orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Cabeza de Vaca, por lo que se solicitó el apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM) para emitir una alerta migratoria para evitar su fuga.

Ayer se dio a conocer la orden de aprehensión en contra el exgobernador de Tamaulipas por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca consideró que dicha orden y alerta migratoria en su contra se trata en realidad “de una persecución política” en su contra por parte del Gobierno federal.

“No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de seguir opositores”, escribió en su cuenta de Twitter.

García Cabeza de Vaca dejó la gubernatura de Tamaulipas el pasado viernes 30 de septiembre y el sábado, día en que tomó protesta como nuevo Gobernador el morenista Américo Villarreal, no acudió a la ceremonia realizada en el Congreso estatal.

Su ausencia en la toma de protesta hizo que se especulara sobre su paradero, ya que se encuentra vigente una orden de aprehensión en su contra, pero él mismo publicó un mensaje en sus redes sociales el pasado 3 de octubre en el que aseguró que había tomado algunos días de descanso y que se encontraba en un rancho de su propiedad, ubicado en Tamaulipas.

El Partido Acción Nacional también calificó como una persecución política del Gobierno la alerta migratoria en contra de García Cabeza de Vaca. A través de un posicionamiento difundido en redes, exigió respeto a la presunción de inocencia del exgobernador, que la justicia sea imparcial y no se utilice con tintes políticos en su caso.

LAS ACUSACIONES CONTRA EL EXGOBERNADOR

Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien al rendir protesta dijo que el 6 de junio de 2016 —cuando ganó las elecciones— se marcaba un antes y después, hoy se suma así a la lista de exgobernadores tamaulipecos que enfrentan a la justicia una vez finalizado su mandato.

El primero de ellos fue Manuel Cavazos Lerma (1993 a 1999), el primer Gobernador tamaulipeco en ser señalado por sus vínculos con el narcotráfico luego de que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) comenzó a investigar los vínculos del crimen organizado con políticos; Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999 a 2004), quien en marzo del año pasado se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante un Tribunal Federal en Texas, Estados Unidos, al admitir que aceptó 3.5 millones de dólares en sobornos que usó para adquirir propiedades de manera fraudulenta; Eugenio Hernández Flores (2005-2010), quien está amparado para evitar su extradición a Estados Unidos (concedida por la SRE en 2018) para enfrentar las acusaciones de lavado de dinero, fraude bancario y de operar sin licencia un negocio de envío de dinero.

La acusación que pesa en su contra por parte de la FGR fue por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. En total, el mandatario local habría amasado una fortuna superior a 951 millones de pesos.

El mandato judicial en contra de Cabeza de Vaca llevó a que la FGR solicitara, el 23 de febrero de 2021, el desafuero del panista, aunque ya desde 2020 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), investigaba al tamaulipeco luego de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) consiguiera audios de llamadas telefónicas que, presuntamente, ligan a García Cabeza de Vaca con el crimen organizado.

El 30 de abril del 2021, la Cámara de Diputados federal analizó la solicitud de la FGR y fungió como Jurado de Procedencia. Los diputados escucharon los argumentos de la defensa García Cabeza de Vaca y de la Fiscalía.

La Fiscal Elizabeth Alcantar Cruz fue quien exhibió que entre las investigaciones encontraron un caudal de bienes y recursos ocultos del Gobernador tamaulipeco, en total 30 casas en México y Texas, así como diversas empresas usando prestanombres, entre estos sus hermanos y familiares.

Ese mismo día, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el desafuero del Gobernador para separarlo de su cargo a fin de que pudieran ejecutar la orden de aprehensión y envió el juicio de procedencia al Congreso de Tamaulipas para su aval. Sin embargo, ese mismo día el legislativo tamaulipeco, integrado en su mayoría por panistas con el apoyo de priistas, decidió que Cabeza de Vaca conservaría su fuero, es decir, la inmunidad constitucional que impedía que fuera puesto a disposición de un Juez.

El 19 de marzo de 2021, Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, denunció que García Cabeza de Vaca compró inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

Además, dijo que, entre las varias irregularidades, se detectó la compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita.

De acuerdo con la investigación de la UIF, habría recibido 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos por parte de dos empresas fantasma que actualmente tienen las operaciones congeladas por haber servido al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.

La UIF también detectó dos ranchos más y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas, Estados Unidos, vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.

 

También informó que desde el año 2000, Cabeza de Vaca ingresó en diferentes trabajos en empresas privadas y cargos públicos 35.5 millones de pesos, pero sólo declaró 23.9 millones de pesos.

En mayo de 2021, la FGR obtuvo otra orden de aprehensión con respecto a la investigación de una presunta red de corrupción entre el mandatario y familiares coludidos para la triangulación de más de 100 millones de pesos en México; indagatoria que había robustecido con los informes que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo que el Instituto Nacional de Migración emitió una orden de restricción contra el Gobernador de Tamaulipas para evitar su fuga al extranjero.

La UIF ha presentado ante la FGR al menos cinco denuncias en contra de García Cabeza de Vaca en las que se detalla el presunto esquema que operó en Tamaulipas y que derivó en delitos como enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y delincuencia organizada, según consta en el expediente al que tuvo acceso SinEmbargo en mayo del presente año y con declaraciones de Santiago Nieto realizadas en junio del año pasado.

De acuerdo con la indagatoria, al menos 12 personas físicas y 25 personas morales integran dicha red. En ese esquema de presunta corrupción destacan adquisiciones irregulares de departamentos de lujo, casas y ranchos ligados al Gobernador y que no coinciden con su patrimonio, ni con el de su familia, quienes poseen más de 15 propiedades en México y Estados Unidos.

Sus hermanos, por ejemplo, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, son parte de los señalados como actores importantes en la red de presuntos desvíos de recursos públicos en la entidad a través de empresas fantasmas que les ayudaron a incrementar su patrimonio con casas, departamentos, autos y ranchos que hoy investiga la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la indagatoria, actualmente en manos de la Fiscalía General de la República, durante la trayectoria política del actual Gobernador tamaulipeco, sus hermanos habrían recibido millones de pesos entre transferencias interbancarias y percepciones que provienen de empresas señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como compañías simuladoras.

El desafuero de García Cabeza de Vaca fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 17 de agosto pasado resolvió invalidar la orden de aprehensión emitida por la FGR en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La Primera Sala decidió que mantendría el fuero constitucional y determinó que el Congreso local actuó de acuerdo a sus atribuciones cuando acordó no secundar la decisión de la Cámara de Diputados de quitar dicha inmunidad al mandatario.

No obstante, la decisión de la SCJN sólo se limita a la validez de su fuero como Gobernador, no a los delitos que presuntamente cometió en Tamaulipas, por lo que Santiago Nieto Castillo, asesor del Gobernador electo Américo Villarreal , advirtió que será sancionado cuando se retire del cargo.

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