Gerardo Ruiz Esparza es el escalón más alto en una trama de presunta corrupción en la SCT. Durante el sexenio pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró más de 16.5 mil millones de pesos en irregularidades no solventadas, ya fuera por actos u omisiones que fueron maquinados desde la base hasta la punta de la escalera burocrática.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga al ex Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, por posibles casos de corrupción con la constructora OHL, hoy Alética.

“Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior administración con OHL”, señaló el el titular de la UIF, Santiago Nieto, al salir de una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario añadió que en las indagatorias colabora la Secretaría de la Función Pública (SFP), y estas incluirían a funcionarios del extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

“Estamos trabajando de la mano de la Secretaría de la Función Pública en casos donde hemos detectado algún tipo de irregularidad, incluso en el actual Gobierno“, añadió.

Santiago Nieto confirmó que investigan a Ruiz Esparza. Foto: Cuartoscuro.

El pasado 28 de octubre, medios nacionales informaron que el Ruiz Esparza, ex titular de la SCT con Enrique Peña Nieto, estaría en la mira de la UIF, por operaciones irregulares y otorgamiento de beneficios a empresas constructoras como OHL; así como desvío de recursos y transferencia de dinero público con posibles fines ilícitos.

La indagatoria contra el ex Secretario de Peña Nieto también iría dirigida contra el ex oficial mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez Reyes, y el Subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta Cummings.

Ramírez Reyes, añadió, estaría ligado a la entrega de contratos con empresas como Alética, antes OHL, y Aldesa.

Incluso se señaló que la UIF solicitaría la congelación de cuentas ligadas a Ruiz Esparza y OHL, hoy Alética.

RUIZ ESPARZA Y LA SCT

Gerardo Ruiz Esparza es el escalón más alto en una trama de presunta corrupción en la SCT. Durante el sexenio pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró más de 16.5 mil millones de pesos en irregularidades no solventadas, ya fuera por actos u omisiones que fueron maquinados desde la base hasta la punta de la escalera burocrática.

Además de Ruiz Esparza, cuando menos 89 funcionarios relacionados con su administración (2012-2018) fueron probables responsables directos o indirectos de las anomalías halladas por la ASF, en 251 auditorías realizadas entre 2014 y 2018.

Por un lado están 17 funcionarios y ex funcionarios que ocuparon los principales cargos directivos de la SCT. Esto es de especial relevancia si tomamos en consideración que las decisiones de los directivos en la SCT están presentes “en prácticamente todas las etapas” del ciclo de inversión de los proyectos de obra pública, de acuerdo con un análisis de 2018 sobre la estructura de la SCT, realizado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la empresa IDOM Ingeniería.

Entre los 17 están un ex coordinador de Centros SCT en los estados de la República Mexicana; siete ex subsecretarios, dos de Infraestructura, dos de Transporte y tres de Comunicaciones; un ex Coordinador General de Puertos y Marina Mercante; un ex Oficial Mayor y un ex titular del Órgano Interno de Control de la SCT, además de seis ex directores generales, dos del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), dos de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, así como dos de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (hoy IFT).

Gerardo Ruiz Esparza es investigado por la UIF. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.

Al menos ocho de esos 17 funcionarios y ex funcionarios públicos fueron señalados entre 2013 y 2018 de presunta corrupción, conflicto de interés y/o negligencia administrativa.

Entre 2014 y 2018, la ASF encontró que nueve de cada 100 pesos ejercidos por la SCT implicaron irregularidades no solventadas. De esos nueve pesos, cinco supusieron probables daños a la Hacienda Pública Federal, por la posible comisión de un delito y/o negligencia administrativa.

Durante esos cinco años, la Auditoría encontró anomalías por pagos excesivos, indebidos y/o injustificados que sumaron un monto total de casi 11.8 mil millones de pesos.

Asimismo, la ASF encontró 2.7 mil millones de pesos utilizados para la compra de bienes y servicios que no fueron “efectuados” o “encontrados” al momento de las auditorías; 841.7 millones por incumplimientos de contrato, falta de cobro de medidas resarcitorias y entrega de amortizaciones y reintegros financieros a la Tesorería de la Federación, además de probables daños por 1.3 mil millones de pesos por “diferencias entre el volumen de obra pagado y cualificado” en diversos proyectos de la SCT.

De acuerdo con las cuentas públicas de 2014 a 2018, hay al menos 72 ex funcionarios públicos que, por sus respectivos cargos, fueron probables responsables directos o indirectos de las irregularidades no solventadas en cinco años de administración de Gerardo Ruiz Esparza. De ellos, al menos 39 han sido señalados de presunta corrupción, conflicto de interés y/o negligencia administrativa.

LAS FAVORITAS DE RUIZ

Una investigación de SinEmbargo arrojó que dos de cada 10 pesos contratados por la SCT de Ruiz Esparza terminaron en los bolsillos de 10 empresas privadas, de acuerdo con el registro del portal de compras gubernamentales CompraNet.

De esas 10 empresas, cuatro –Balandrano Ink, Bodega de llantas La Viga, Comercializadora Milenio y Efectivale– están registradas como proveedores ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto “permite a las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno identificar a las empresas que cuentan con la experiencia en vender o prestar servicios al gobierno”, refiere la información del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) de la SHCP.

Aunque ninguna de las empresas aparece en el “directorio de proveedores y contratistas sancionados” de la Secretaría de la Función Pública, cinco de las 10 compañías –Bodega de llantas La Viga, Comercializadora Milenio, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Efectivale y Mota-Engil México– han sido señaladas por incurrir en irregularidades y/o presuntos actos de corrupción, ya sea en México u en el extranjero.

Asimismo, una de las principales contratistas de la SCT del sexenio pasado está ligada al político y empresario mexicano Carlos Hank González. Se trata de La Peninsular Compañía Constructora, una filial del Grupo Hermes que ha participado en obras de infraestructura como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Tren México-Toluca, la Presa Zapotillo (Jalisco), la Planta de Bombeo El Caracol (Edomex) y otras más.

-Con información de Efrén Flores y Dulce Olvera.