El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene ya sólo dos alternativas de corto plazo en su camino: o abre canales y comienza a dialogar con la sociedad civil, a transparentar su administración y generar confianza entre los ciudadanos, empresarios –nacionales y extranjeros–, políticos y organizaciones no gubernamentales, o endurecerse.

Esta último opción, parece, es la que le parece más adecuada a sus asesores y por ahí, de la mano de gobernadores priistas o aliancistas y, en especial, del Gobierno del Distrito Federal (GDF), que encabeza el supuesto hombre de izquierdas Miguel Ángel Mancera Espinosa, se va configurando en el discurso y en el accionar del gobierno.

Las reacciones en México y el mundo por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que además fueron secuestrados el 26 de septiembre pasado por la propia autoridad municipal de Iguala, con ayuda de policías de ese ayuntamiento y también de los de Cocula, echaron por la borda los planes del gobierno federal que, hace más de dos meses festinaba el éxito de sus reformas, en especial de la energética, que hoy también, a más de 70 días del ataque a los normalistas, también se ha comenzado a tambalear.

La crisis de Ayotzinapa, ampliamente cubierta por la prensa internacional, mostró al mundo el verdadero rostro de la administración peñista: una que está respaldada por hombres experimentados en el control político y social, pero que no estaban preparados para la reacción de una sociedad más informada, con mayores herramientas tecnológicas para organizarse y, encima, harta de los abusos y la corrupción de funcionarios públicos, de los partidos y de la mayoría de los políticos que lucran desde esas organizaciones.

Ahora, la imagen pública del propio Jefe del Ejecutivo federal está en entredicho no sólo en México sino en el extranjero, debido a la cadena de escándalos que lo relacionan con corrupción y conflictos de interés con diversos empresarios mexicanos, a los que ha beneficiados por años, y en particular en su primer tercio del sexenio, con jugosos contratos de obra pública que suman, apenas en sus 24 meses de gobierno, miles de millones de pesos.

Estas son algunas de las poderosas razones por la que millones de ciudadanos han salido a las calles de las principales ciudades e incluso de los pueblos más alejados del país a protestar. Al principio, con la exigencia de que los 43 jóvenes de Ayotzinapa sean presentados con vida y se castigue con todo el peso a la ley a la cadena de funcionarios corruptos que permitieron que Guerrero se convirtiera en un fosa común, de la mano del crimen organizado. Pero ahora también, y tras la incapacidad del gobierno para actuar con rapidez y contundencia, se ha agregado el reclamo por la renuncia del Presidente Peña Nieto, a quien simplemente ya no le creen.

En las últimas marchas, particularmente las que se han realizado en la Ciudad de México, las policías de Mancera Espinosa han desplegado operativos donde la represión ha sido la constante, según han documentado organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales.

En esas marchas de ciudadanos pacíficos pero muy indignados, se han colado grupos de jóvenes violentos, autodenominados anarquistas, que armados con bombas molotov, palos, piedras, tubos, embozados, y desde la clandestinidad, han tratado de esparcir el miedo entre los manifestantes reales, los que no se cubren el rostro y tienen las agallas para reclamarle a un gobierno que no está cumpliendo con su tarea.

La aparición de ese puñado de violentos, a los que ni el Gobierno del Distrito Federal ni la administración federal, han podido localizar ni contener ha sido interpretada por la propia ciudadanía, como una manipulación de las autoridades para reprimir y desactivar los reclamos legítimos de la mayoría.

El viernes pasado, en la prestigiada revista The New Yorker, el escritor y periodista Francisco Goldman publicó que el gobierno mexicano, con ayuda de las voces que lo apoyan, están construyendo un discurso para justificar la represión de manifestaciones públicas no sólo en la capital del país sino en toda la República.

Goldman, quien tiene reconocimiento internacional por su trabajo y ha reportado en ese semanario –uno de las más influyentes, respetados y leídos en el mundo– las muestras de debilidad del Estado mexicano para resolver la crisis de Ayotzinapa, citó casos de periodistas, publicistas y políticos, incluido el propio Presidente, quienes han argumentado, casi con las mismas palabras, que las marchas y manifestaciones de rechazo en contra de Peña Nieto son realizadas por provocadores, vándalos e incluso asesinos que pretenden desestabilizar el proyecto de Nación planteado por el Jefe del Ejecutivo federal, también emanado del PRI.

Sobre EPN el periodista escribió: “Peña Nieto habla a menudo como un actor que interpreta a un estereotipado Presidente en un programa de televisión, hablando sobre el uso legítimo de la fuerza como si frases como esa tuvieran un poder mágico para aislarlo de las realidades sórdidas de un poder autoritario ejercido sin ley y con brutalidad, y de un gobierno irremediablemente comprometido. Cuando un Presidente como éste habla de un uso legítimo de la fuerza y describe a los manifestantes como amenazas a un ‘proyecto nacional’, lo que la gente oye son amenazas de ejercer ese poder violenta y arbitrariamente”.

En este momento de crispación social y de desconfianza en un mandatario que no se ha comprometido ni en su propio caso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción, optar por el segundo camino, el de la represión, puede generar una enorme tragedia para el país: más violencia, más muertos, años de retraso económico y, por ende, en el bienestar de los mexicanos.

El país no puede dar marcha atrás, debido a un gobierno que no escucha, a años de sacrificio y avances, logrados básicamente por los ciudadanos y no por los políticos. Es la propia sociedad civil que, organizada como ahora, puede arrebatarle, por la buena,  el timón de las grandes decisiones a los grupos políticos.

Pero si éstos se aferran, como ahora, al poder por el poder y a tomar una estrategia violenta contra los que no piensan como ellos, entonces los mexicanos enfrentaremos una oleada represiva como nunca antes en la historia.

“Eso no es salvar a México, eso es corrupción”, concluye Francisco Goldman su entrega en The New Yorker al referirse a todas las sombras que hoy se ciernen sobre el gobierno de Peña Nieto. Y sí, ese es el problema: un Presidente y su grupo político que no están dispuestos a dialogar con una sociedad harta de abusos, que reclama y urge se cumplan exigencias prioritarias, pero cuya voz, antes que ser escuchada, se busca acallar con el garrote, la mano dura y, encima, la impunidad de siempre.

¡Feliz fin de semana!