"Exigimos justicia por los 43, por Tlatlaya y los miles de desaparecidos. Es un agravio más", dijeron los manifestantes. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo.

“Exigimos justicia por los 43, por Tlatlaya y los miles de desaparecidos. Es un agravio más”, dijeron los manifestantes. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– Un pequeño grupo de activistas acudió esta tarde a las oficinas de la Representación del gobierno de Veracruz en la Ciudad de México para expresar su repudio por la desaparición del periodista y activista Moisés Sánchez, director del diario La Unión del Medellín de Bravo.

“Exigimos justicia por los 43, por Tlatlaya y los miles de desaparecidos. Es un agravio más. Una prueba de que México está en emergencia”, dijo María Chávez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.

El periodista Témoris Grecko afirmó en la manifestación que “los periodistas estamos expuestos, sobre todo en las localidades pequeñas. El gobierno de Veracruz está enviando el mensaje de que no le importa garantizar la libertad de expresión ni el derecho a la información”.

Al llamado de Chávez en redes sociales para acudir a protestar frente a la casona ubicada en La calle de Marsella, acudieron tres personas, quienes colocaron cartulinas con mensajes sobre la reja de entrada.

“Es tal vez parte de los muchos problemas que hay”, comentó la mujer respecto a la poca asistencia.

 

Ayer, varias organizaciones pro derechos humanos, entre las que destaca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como periodistas mexicanos urgieron al Gobierno a través de las redes sociales a que encuentre con vida al activista y periodista José Moisés Sánchez Cerezo, desaparecido la noche del 2 de enero en Medellín de Bravo, Veracruz. Todas las organizaciones denuncian las continuas agresiones contra periodistas en el estado.


Moisés Sánchez, director y editor del periódico La Unión de Medellín de Bravo –medio de comunicación que informa de manera crítica sobre las diferentes problemáticas de su municipio–,  fue sacado con violencia de su casa y privado de su libertad alrededor de las 19:00 horas, según testigos.

El pasado 3 de enero, la organización internacional Artículo 19 denunció que el periodista veracruzano recibió amenazas del Alcalde panista de este municipio, Omar Cruz Reyes, tres días antes de que fuera secuestrado por hombres armados.

La organización detalló a través de un comunicado que de acuerdo con información proporcionada de manera anónima, el trabajo periodístico y el activismo de Sánchez Cerezo pudo haber provocado el enojo del Edil pues “tres días antes de la privación del periodista, éste se enteró a través de una fuente confiable que el Alcalde Omar Cruz Reyes pretendía callarlo dándole una lección”.

La organización internacional con sede en Londres PEN México también condenó los hechos. En su comunicado denuncia “enérgicamente la detención arbitraria y violenta de que fue víctima el periodista y fotorreportero José Moisés Sánchez Cerezo” y aporta datos sobre la violencia en el estado: “Veracruz continúa siendo el estado más violento para la prensa. Desde el año 2000, se han registrado el asesinato de 15 comunicadores en el estado, y cinco más se encuentran desaparecidos, todos estos casos aún en completa impunidad”.

Periodistas poblanos se manifiestan por Moisés. Foto: Cuartoscuro.

Periodistas poblanos se manifiestan por Moisés. Foto: Cuartoscuro.

La CIDH emitió un informe en el que destacó la situación de violencia padecida contra los periodistas en Veracruz. De acuerdo con sus registros, de 2010 al día de hoy, la Comisión recibió 433 expedientes de queja por agresiones a periodistas o medios de comunicación y ha confirmado 97 muertes de periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados presuntamente en razón de su trabajo. Además, de 2005 a la fecha, ha documentado la desaparición de 22 comunicadores, y desde 2006 registra 42 atentados a instalaciones de medios de comunicación.

“La situación de violencia contra los y las periodistas en México – especialmente en el estado de Veracruz – ha sido motivo  de preocupación especial para esta oficina. La Relatoría Especial exhorta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual este crimen está asociado con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de la víctima o su labor de defensa de los derechos humanos. De la misma manera, la Relatoría Especial considera que es fundamental evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que este caso pueda ser investigado y judicializado de inmediato por las autoridades federales”.

La CIDH también destaca que Sánchez Cerezo había denunciado ser víctima de amenazas de un grupo armado que rondó su casa tres días antes de su desaparición.

36 POLICÍAS DE VERACRUZ DECLARAN 

El Procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, informó que 36 policías del municipio Medellín de Bravo fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por la desaparición del periodista Moisés Sánchez Cerezo.

Ángel Bravo detalló en entrevista radiofónica para Grupo Imagen que los elementos policiacos rendirán su declaración en torno al caso en las instalaciones de la PGJ en Xalapa.

“En este momento, la Policía Ministerial está tomando 36 policías municipales de Medellín, los va a presentar a declarar a la Procuraduría, aquí a la dirección general”, dijo el Procurador.

El fiscal de Veracruz señaló el activismo del director y editor del periódico La Unión de Medellín de Bravo como una de las líneas más sólidas sobre su desaparición: “Es debido al diferendo que sostenía Moisés como activista, demandando constantemente al Alcalde obras incumplidas, demandando seguridad, demandando tantas cosas del gobierno municipal”, especificó.

Acerca de la posible detención del Alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, dijo que “el derecho veracruzano tutela con fuero a los alcaldes”, pero mencionó que más adelante se darán a conocer “los medios y formas a través de los cuales se hará comparecer al alcalde cuando ya los indicios que se tengan sean contundentes”.

Mediante en un comunicado, la PGJ explicó que el operativo para trasladar a los 36 efectivos de la Policía de Medellín se realizó esta mañana y que la seguridad pública del municipio “queda en responsabilidad de las autoridades estatales a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”.

El boletín informa que en las próximas horas se definirá la situación legal de los policías municipales, incluidos los dos elementos que fueron retenidos para la investigación el lunes pasado.