Un nuevo año siempre genera expectativas, la incertidumbre del futuro permite echar a volar la imaginación. Identificar aquello que debería cambiar, lo que quisiéramos que se quede y aquello que, definitivamente, no puede volver a suceder.

En materia de libertad de expresión, en 2019 había una gran expectativa de cambios estructurales en el país. No tanto por ser un nuevo año, sino por un nuevo Gobierno y porque el anterior había representado una amenaza real y directa para la prensa y para una sociedad que buscaba información.

No obstante, en 2019 los cambios en materia de seguridad para las y los periodistas no fueron perceptibles. Por el contrario, la violencia mantuvo el incremento constante que habíamos documentado en los últimos seis años y al menos 10 periodistas fueron asesinados por hacer su trabajo. También, estados donde anteriormente no habíamos registrado tanta violencia, como Quintana Roo y Guanajuato, se convirtieron en espacios despiadados para hacer periodismo.

Por su parte, las promesas de un cambio en materia de la asignación de la publicidad oficial se quedaron muy cortas. El gasto, como era asignado anteriormente, daba lugar al abuso indiscriminado del presupuesto público, la censura y la sobreexposición mediática de funcionarios que pagaban y esperaban a cambio el ensalzamiento público.

En este sentido, si bien hubo una reducción del gasto y, aparentemente, se eliminaron los pagos directos a ciertos periodistas, sigue sin haber claridad sobre los criterios de asignación del presupuesto a los distintos medios de comunicación y ahora hay menos transparencia (la llamada Ley Chayote sigue vigente). Tampoco podemos decir que los funcionarios públicos han reducido su exposición a los medios. En particular, el Presidente nunca antes había tenido tanta como ahora con “las mañaneras”, que por cierto, no sabemos cuánto nos cuentan. En este sentido, “los cambios a medias” han generado impactos severos en contra del eslabón más débil que, por supuesto, no es ni la autoridad ni los dueños de los medios, si no las y los reporteros que han sido despedidos sin más, aumentando la precariedad a la que se enfrentan ya de por sí.

En el ámbito institucional, el Mecanismo de Protección a Periodistas y personas Defensoras de Derechos Humanos se sujetó a un diagnóstico profundo por parte de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que derivó en más de 100 recomendaciones. A lo largo del año la eficacia y sostenibilidad del Mecanismo se vieron cuestionadas ante las nuevas políticas de austeridad, la capacidad real de colaboración con la Policía Federal para otorgar las medidas de protección y los asesinatos de periodistas y personas defensoras que gozaban de “protección”.

Por su parte, si bien en las letras cambió la naturaleza y estructura de la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría), en los hechos ha sido lo mismo. Los responsables de las agresiones siguen gozando de las canonjías que otorga la impunidad. Hasta la fecha no podemos decir que existe un revire en el acceso a la justicia en materia de las agresiones en contra de la libertad de expresión y esto, en definitiva, puede catapultar la promesa de más seguridad y por lo tanto más libertad para ejercer el periodismo.

El 2020 trae consigo grandes expectativas: una política integral de protección para las y los periodistas, un paquete legislativo que garantice la libertad de expresión que incluya la regulación en materia de publicidad oficial, una fiscalía que sirva y funcionarios públicos que reconozcan la importancia de la labor periodística.

Esperemos no quedarnos con falsas promesas, sino con la superación de expectativas.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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