Purificadores y sospechosistas
El día de ayer el diario Reforma publicó una nota acerca en torno a una supuesta omisión por parte de la Secretaria de Gobernación, Olga Sanchez Cordero en su declaración 3de3, pues supuestamente había evitado informar sobre una propiedad en EU. La aclaración de cordero llegó más tarde, explicando que se trata de una copropiedad, por lo que las críticas se tornaron hacia el periódico al cual señalaron de manejar la información de manera tendenciosa. Al respecto en Milenio, el periodista Carlos Marín, escribe que: “el mejor trabajo periodístico es el que no admite desmentido y ante una mentada de madre conviene checar la fuente, no vaya a ser una volada. Estas aseveraciones las tomo como axiomas y aplican en el bochornoso caso de la nota principal de ayer en Reforma sobre un departamento de la Secretaria de Gobernación, su declaración patrimonial y la versión expuesta al público. La escandalosa pero chafa ‘revelación’ fue titulada: Omite penthouse titular de la Segob y arriba: No declara Sánchez Cordero departamento de 11 millones en Houston. Pocas horas después de circular la edición impresa, quedó claro que la nota era falsa porque la señora no omitió lo que resultó ser una copropiedad, y que su implicación en el inmueble fue debidamente declarada. Estirando mucho la liga, lo discutiblemente ‘periodístico’ sería que, en la versión pública de la declaración patrimonial de Sánchez Cordero no aparece el departamento que la ex ministra y su marido […] poseen en aquella ciudad. La única consecuencia de publicar algo así habría sido lo que aclaró de manera diáfana la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval: el esposo de la titular de Gobernación no trabaja en o para el gobierno (no es un servidor público) y sus datos personales están protegidos por la ley. Los detalles confusos que precedieron a la pulverización de la perfidia son lo de menos […]. El hecho es que la copropiedad consta en la declaración patrimonial, o sea que Sánchez Cordero no fue omisa. Con los datos que el reportero tenía omitió, él sí, lo procedente: preguntar en la Segob”.

La noticia sobre el penthouse de Sánchez Cordero generó tensión al interior del gabinete, pues propició que todos se “echaran la bolita” sobre la razón para que este detalle no fuera hecho público. Por ello en el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “si algo quedó claro ayer es que Olga Sánchez Cordero e Irma Eréndira Sandoval no van a intercambiar regalos el 14 de febrero, pues todo indica que andan de pleito. Luego de revelarse que en su declaración patrimonial fue ocultado un penthouse en Houston de medio millón de dólares, la Secretaria de Gobernación, bajo la mirada incómoda del Presidente, corrió a culpar a la Secretaría de la Función Pública. Y eso significa una cosa: o estaba escurriendo su responsabilidad o Sandoval le jugó chueco. En respuesta, la SFP se lavó las manos diciendo que es responsabilidad de cada servidor público decidir qué información de su patrimonio se hace pública y cuál se reserva, dejándole toda la carga a Sánchez Cordero. Ante este entuerto, surgen varias dudas: la primera, por supuesto, es saber si realmente la secretaria de Gobernación declaró el penthouse, porque hasta ahora no ha presentado prueba alguna. La segunda es si realmente un funcionario menor puede esconder una declaración patrimonial, como se acusó al director de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Fernando Martínez. Y la tercera: ¿a poco Sánchez Cordero no se dio cuenta de que su declaración aparecía incompleta? Caramba, ¡qué misterio!

En más sobre la 3de3del gabinete presidencial, en el Excélsior, su director, el periodista Pascal Beltrán del Río, escribe que: “las Secretarias de Gobernación y de la Función Pública hicieron sendas declaraciones públicas sobre un mismo tema que resultan contradictorias entre sí.El tema era la revelación de que Olga Sánchez Cordero posee un departamento en Houston que no aparece en la declaración patrimonial que registró ante la Secretaría de la Función Pública. La titular de Bucareli se inconformó por el hecho de que presentó […] toda la información sobre sus bienes, pero que […] la propiedad en cuestión, que tiene un valor de medio millón de dólares, no fue incluida en su declaración. Sánchez Cordero responsabilizó de la omisión a Fernando Martínez García, director general de Responsabilidad y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Función Pública. Irma Eréndira Sandoval, cabeza de esa última dependencia, afirmó a su vez que la propiedad en Houston no aparece en la declaración de Sánchez Cordero porque fue adquirida de forma mancomunada con su esposo, Eduardo García Villegas, y que el sistema Declaranet está diseñado para proteger la información de terceros […]. Este sainete pudo haberse evitado fácilmente, me dijo ayer mismo el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohorquez […]. La clase política, señaló Bohorquez, se ha resistido a cambiar los formatos para las declaraciones patrimoniales, pese a que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ya elaboró formatos nuevos, como mandata la Ley General de Responsabilidades Administrativas –conocida como Ley 3de3–, promulgada en julio de 2016. ‘Siguen utilizando los formatos que estaban vigentes durante el gobierno anterior (…) Los nuevos formatos, elaborados en colaboración con el Banco Mundial, para incluir las mejores experiencias internacionales en la materia, están durmiendo en algún limbo burocrático, y no estamos echando mano de los mecanismos de control que la propia ley ya tiene. Todos los formatos son perfectibles, pero sin duda son mejores que los que tenemos hoy y con los que están dando tumbos varios servidores públicos en esta administración’ […]. A decir del director de Transparencia Mexicana, esto quizá se deba a que formatos del SNA piden más información que los que se usan actualmente, como la identidad de los acreedores que tiene el servidor público e incluso el número de millas de viajero frecuente que ha acumulado en comisiones de trabajo oficiales […]. La condena de la corrupción fue uno de los motores que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República […]. No se trata de señalar a Sánchez Cordero como una funcionaria que posee bienes mal habidos. Está muy claro que el departamento en cuestión es algo que pudo adquirir fácilmente durante una vida de trabajo, sin tener que recurrir a algo ilegal. Aquí se trata, más bien, de renunciar al voluntarismo como método para promover la honestidad de los funcionarios y apostar por modelos institucionales, como el Sistema Nacional Anticorrupción, que asegure que, más allá del partido que esté en el poder, el ciudadano pueda confiar en la pulcritud con que sus autoridades manejan el erario”.

Por su parte en El Universal, el periodista Salvador García Soto, escribe que: “el caso del departamento de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en Houston, que fue omitido en la parte pública de su declaración patrimonial, es un buen ejemplo de que la transparencia no está siendo el fuerte de la Cuarta Transformación. Porque a pesar de la instrucción terminante del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que exigió a todos sus colaboradores del gabinete presentar y abrir al escrutinio público sus declaraciones no sólo patrimoniales, sino fiscales y de conflictos de interés, tal como él lo hizo en su momento. Hoy no está claro si todos los hombres y mujeres del presidente cumplieron a cabalidad con esa orden, que fue además la condición para que pudieran seguir trabajando en este gobierno. Porque aunque ayer Sánchez Cordero defendió su propiedad de 11 millones de pesos adquirida ‘hace 10 años’ como producto de su trabajo de ‘100 años’ junto a su marido, y acusó a los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública de haber omitido publicar el departamento en su declaración pública, la respuesta de su compañera de gabinete, Irma Eréndira Sandoval, de que doña Olga no autorizó expresamente a publicar todos sus bienes y los de su cónyuge, generó más confusión. No queda claro si hubo intención de ocultar propiedades o si se trató de un ‘error’ y de quién fue; y lo más grave, si ese tipo de ‘errores’ también están en las declaraciones de otros funcionarios del gabinete […]. El tema es delicado porque está de por medio la palabra del Presidente López Obrador, que todavía ayer, con cara de molestia, reiteraba que ‘nosotros tenemos que transparentar todo, la vida pública tiene que ser cada vez más públic’” […].A partir de este caso está a prueba si el presidente cumplirá su promesa pública de transparencia total entre los miembros de su gabinete. O si su sentencia solo fue una declaración más para la prensa y va a permitir que, haciendo uso de reservas que son legales, varios secretarios omitan, escondan o no declaren todo su patrimonio y el de sus cónyuges, tal y como él lo hizo con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, incluidas sus cuentas bancarias, ahorros y sus conflictos de interés […]. Por lo pronto dicen que ayer, desde Palacio Nacional parecía escucharse la célebre frase de la Nasa: ‘Houston, Houston…tenemos un problema’. Y ese problema se llama opacidad y transparencia a medias en la 4T”.

Construcción del Nuevo Gobierno
La nueva administración federal han sido criticada por sus recientes decisiones y el impacto que han tenido, y tendrán para el país, sin embargo, el haber llegado al poder de la mano del hartazgo ciudadano han hecho que que pese a sus errores, aún cuenten con un voto de confianza. Al respecto en Milenio, el periodista, novelista e historiador Héctor Aguilar Camín, escribe que: “difícil recordar un principio de gobierno más errático que el de López Obrador. Difícil también alguno con mayor credibilidad de inicio, capaz de convencer a su ciudadanía de que la culpa está en otro lado, de que sus errores son el costo que hay que pagar para limpiar el gobierno y purificar la República […]. La destrucción producida por la política de austeridad y el recorte a machetazos del personal de confianza en el gobierno federal es también considerable. En todos los frentes especializados del gobierno llueven despidos, renuncias y jubilaciones anticipadas. El éxodo voluntario o forzoso de burócratas que saben cobró las primeras facturas en el mal manejo de importación y distribución de gasolinas de Pemex, que dio lugar la crisis de abasto sin precedente de diciembre y enero. También considerable es la lesión al funcionamiento y la independencia de otros poderes, como el Judicial, y de diversas instituciones autónomas, como las responsables de las elecciones, de las estadísticas, de la evaluación educativa, de la regulación energética, de la medición de la competencia económica o de la educación superior. Digna de atención especial es la destrucción de facto de las reglas del pacto federal vigente, en el camino de una centralización de todo el poder posible para el gobierno federal y de toda la fuerza electoral posible para el partido del gobierno. La desaparición de la Policía Federal tiene un lugar y un costo aparte. La combinación de un mal inicio de gobierno y un horizonte de bajo crecimiento en Estados Unidos ha hecho al FMI bajar la previsión de crecimiento para México a 2.1 en 2019 y 2.2 en 2020, muy lejos del 4 por ciento prometido por el nuevo gobierno. Pero quizá la destrucción mayor es la de la polarización de las emociones y de las expectativas del país entre una mayoría que sueña y una minoría que teme”.

Los rayados del gabinete presidencial
En tanto en El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pareció sorprendido cuando se enteró que algunos miembros de su gabinete y altos funcionarios ganan solo 500 pesos menos que él y les dejó claro que se ‘rayaron’ con esos sueldos. Primero le preguntó al director del Infonavit cuánto ganaba. Carlos Martínez Velázquez le respondió “me puse un salario equivalente al de 107 mil 500 pesos. ‘Se rayó, porque yo ganó 108’, comentó el mandatario. Luego vino el caso del secretario de Hacienda, el propio Presidente dijo que cuando Carlos Urzúa Macías le comentó que ganaría 107 mil 500 le respondió: ‘Te rayaste’. Al final le preguntó al secretario Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cuál era su sueldo, don Román le respondió que 107 mil 499 pesos, por lo que de inmediato entró al grupo de los rayados del gabinete”.

Adiós guarderías
El tema de la reducción presupuestal para las estancias infantiles ha causado polémica, pues muchos han señalado que esto ocasionará un “desabasto de guarderías”, sin embargo, la nueva administración defendió su decisión asegurando que es necesaria una reestructuración de la operatividad del programa para evitar corrupción y desvío de recursos. Por ello en Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe que: “andamos en lo de las estancias infantiles y la modificación del programa creado hace dos sexenios que le daba dinero a las que eran aprobadas para que se encargaran de niños de familias afiliadas al programa […], otras no. Estos lugares podían tener otros niños por los que no recibían subsidio y debían comprometerse a ciertos estándares. Es decir, el Estado ‘subrogó’ la que era su responsabilidad. Como suele suceder en este país en el que vivo, pues el asunto se fue deteriorando y sí, comenzamos a escuchar de quien convertía las estancias en un negocio, de falta de supervisión, de estancias fantasma, poca transparencia, de esposas de políticos que ponían su A.C. y recibían dinero del programa…. Nada nuevo por esta geografía. Entra a escena la 4T, siempre necesitada de dinero y de clientelas, y sospechosa de absolutamente cualquier cosa que haya hecho alguien que no sean ellos. Y llegó con el machete de López Obrador cuando se necesitaba bisturí. Menos presupuesto, revisamos las edades de los chamacos, y ahora el dinero mensual […] directo a las madres de familia. Que ellas elijan en qué gastarlo, nos dicen; es más, si quieren que se lo den a sus abuelitas para que cuiden a los niños […]. Pequeño problema: muchas de estas estancias existían solo por el subsidio directo del programa. En muchos casos su supervivencia dependerá de que las mamás sigan eligiéndolas, que les paguen a tiempo, y ahora les pagarán menos por niño. Pues sí, habrá desabasto de guarderías. Pues sí, no habrá castigo para quienes se aprovecharon del programa. Pues sí, habrá una nueva clientela directa. El neoliberalismo, diría la 4T, privatizó su responsabilidad con la infancia. No vaya a ser que ahora ellos la abandonen y se la transfieran a las mujeres, para seguir reforzando estereotipos de género…”.

Ocaso
El juicio contra el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán parece llegar a su fin, y aunque aún no hay veredicto final se prevé que el capo pase el resto de sus días en la cárcel. En torno al tema en el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: “un jurado en la Corte de Nueva York delibera la condena a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. En México la decisión de qué sucederá con el narcotraficante ya se tomó: la SCJN puso fin a los litigios impulsados por El Chapo en contra de que el gobierno de México permitiera que fuera extraditado y juzgado en EU. Los ministros declararon infundados los recursos de la defensa de Guzmán en los que se reclamaban que la presidencia de la Corte desechara sus inconformidades en septiembre pasado. Y es que El Chapo, buscó ampararse ante juzgados y tribunales federales, pues consideró que el gobierno de EU no los había solicitado en extradición conforme los exigen los tratados internacionales firmados por México. Se le acabaron los cartuchos”.

CNTE en descontrol
Sobre el conflicto entre el gobierno y la CNTE en Michoacán en Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “el magisterio disidente en Michoacán, la entidad que gobierna Silvano Aureoles, está más descontrolado que nunca debido a que han dejado de lado su coreada ‘¡unidad!’ por la lucha en pos de la dirigencia, proceso que deberá concluir en tres meses. A pesar de que en asamblea las 22 regiones de la CNTE decidan levantar protestas, por células los profesores van decidiendo nuevos bloqueos, como ayer que un grupo de 30 obstaculizó las vías férreas en Uruapan y otro hizo lo propio en Pátzcuaro”.

Redacción/SinEmbargo

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