Author image

Greenpeace

07/02/2022 - 12:05 am

Nuestras semillas en peligro

La cosecha de las semillas privatizadas no se puede guardar ni intercambiar, sería un crimen, y si en algún caso, de manera accidental hubiera una cruza genética como naturalmente ocurre, las y los agricultores serían acreedores de multas o destrucción de sus cosechas.

Agricultores inician la limpieza de campos de cultivo para el siguiente ciclo agrícola, algunos con máquinas como tractores y otros solo ayudados con un machete.
“Es injusto que la labor de las agricultoras y agricultores de México, de selección, cuidado, adaptación y mejoramiento de las semillas sea perseguido y sancionado por la Ley”. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro

Por Malin Jönsson, de Semillas de Vida, y Viridiana Lázaro Lembrino, de Greenpeace México

La reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) está nuevamente sobre la mesa. En estos momentos esta iniciativa se encuentra en la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados y se planea discutirla en el periodo de sesiones que ya ha comenzado. Esta reforma de la LFVV implicaría la adhesión al ACTA 91 del Convenio de la Unión Internacional de la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) que determina cómo las corporaciones se apropiarán de las semillas a través de la privatización, de los granos, las flores, las hojas, las raíces, los tallos y todos los productos que provengan de éstas, es decir, la concentración del poder en pocas manos, sobre nuestra alimentación, cultura y tradiciones.

Hoy las semillas están en peligro porque el pasado 7 de diciembre del 2021 la Diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, en representación de los integrantes de la Comisión, firmó la iniciativa de esta reforma que es totalmente lasciva para el campo mexicano.

En primer lugar esta reforma pretende convertir las semillas en propiedad privada, a través de proteger los derechos de los llamados “obtentores” (no de las y los campesinos), que muy a menudo son corporaciones transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina o Dow-Dupont. De esta manera, los “obtentores” tendrán el poder de restringir el uso que se les da a las semillas y la cosecha. La cosecha de las semillas privatizadas no se puede guardar ni intercambiar, sería un crimen, y si en algún caso, de manera accidental hubiera una cruza genética como naturalmente ocurre, las y los agricultores serían acreedores de multas o destrucción de sus cosechas.

En la misma reforma de LFVV se señala que cualquier persona que aproveche las variedades vegetales protegidas sin permiso será acreedora de multas exageradas, impagables por las personas trabajadoras del campo que van desde los 192 mil 440 pesos al millón 924 mil 400 pesos, considerando el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de 2022[1], pero que aumentará año con año. Es injusto que la labor de las agricultoras y agricultores de México, de selección, cuidado, adaptación y mejoramiento de las semillas sea perseguido y sancionado por la Ley.

Además, se busca que las y los agricultores tengan que comprar semillas en cada ciclo, semillas que no estarán adaptadas a las tierras ni condiciones climáticas de sus parcelas, lo cual las hace aún más vulnerables al cambio climático.

Para defender sus intereses, las grandes empresas semilleras y sus naciones de origen organizaron la UPOV, a fin de que los países se afilien, ya sea con base en su Acta de 1978, en la que México se encuentra hasta ahora o en su Acta de 1991 en la que se considera privatizar todas las semillas de las variedades vegetales incluso los productos de las cosechas.

Esta nueva iniciativa de reforma a la LFVV, al fondo es una copia de la anterior, e incita a que todas las semillas en manos campesinas se registren, porque sería la manera de protegerlas. Lo cual en la práctica se vuelve absurdo, ya que las comunidades campesinas no cuentan con los recursos económicos para hacer el registro. Aunque lo tuvieran, las semillas están en constante diversificación y adaptación, no son “genéticamente estables ni homogéneas”, como se pide, ya que su razón de ser y valor es que contienen gran diversidad genética que permite su desarrollo, evolución, y adaptación al cambio climático. Todo esto coloca a las agricultoras y agricultores, una vez más, en una desventaja estructural enorme.

Esta iniciativa no protege los derechos de las y los campesinos, al contrario, sólo fomenta monopolios en donde las grandes corporaciones son las únicas beneficiadas, a costa del bienestar de las comunidades, de las personas consumidoras y de la sociedad en general.

Es momento de rechazar con fuerza esta iniciativa de reforma que atenta contra nuestro patrimonio cultural y nuestra soberanía alimentaria. Digamos NO a la privatización de las semillas y por tanto NO a la reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

[1] https://www.inegi.org.mx/temas/uma/

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video