La presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado, Silvia Garza Galván, consideró que la Ley de Aguas que se discute en la Cámara de Diputados en sus trasvases, no pretende garantizar el abasto del líquido, sino utilizarlo para extraer gas y petróleo del subsuelo.

Durante el foro “El acceso al agua, es un derecho humano”, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) resaltó que uno de los proyectos centrales de las trasvases de esta ley, es el Monterrey VI.

En dicho proyecto se pretende llevar grandes cantidades de agua no para el consumo humano, sino para la extracción gas shale a través de un método denominado fracking, señaló.

“Las trasvases es una manta simuladora del agua para el fracking. Ese proyecto de Monterrey VI, qué preocupados están por llevar el agua de aquí al Pánuco y de aquí a Monterrey, pero es agua para el fracking”.

De acuerdo con la Senadora panista, es preciso “tener muy bien puestos los ojos, para reportar qué es lo que está pasando y así transmitirlo a toda la sociedad y aprovechar las redes sociales, que son buenísimas”.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez señaló que el agua es un bien de la nación y un derecho humano, sobre el cual el Estado tiene la responsabilidad de garantizar un manejo adecuado y sustentable, priorizando su acceso para el consumo humano.

Sostuvo que hasta ahora el agua ha sido objeto de un manejo arbitrario y discrecional, en donde las responsabilidades del Estado no han sido cumplidas cabalmente.

Recientemente, refirió que el agua se está utilizando para actividades de la industria, de manera particular en la actividad minera, pero alertó que también se prevé su uso para la explotación de hidrocarburos, principalmente, para el gas de lutitas o shale mediante el fracking.

A su vez, la Senadora del PRD, Luz María Beristain Navarrete, secretaria de la Comisión Especial de Cambio Climático, comentó que el freno que se puso en la colegisladora a la votación de esta ley, representa un momento para que expertos en la materia den a conocer los riesgos que conlleva su aprobación, que a su parecer sólo busca desplazar al Estado de la tarea de garantizar el derecho al agua.

“Exigimos al Estado mexicano que cumpla con su obligación mínima para el desarrollo de nuestro pueblo y el abastecimiento correcto del agua, enfatizó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Es una obligación de la sociedad mexicana actuar para defender su vida y la de sus familias de los intereses globales del imperio del capital, que busca controlar este vital líquido como una mercancía más al mejor postor. Tenemos que ser capaces de defender nuestro legítimo acceso al agua”, concluyó.