La plataforma de compras gubernamentales CompraNet no proporciona información íntegra y confiable (ASF). Tiene deficiencias de raíz que no han sido atendidas y las autoridades no tienen la obligación legal de corregir sus errores. Fallas de inscripción y transcripción de datos, marcos legales inadecuados y profesionalización insuficiente (OCDE), son algunos factores que minan a la herramienta que podría desatar la austeridad y propiciar la lucha anticorrupción en México.
Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- La máxima herramienta electrónica de contrataciones públicas del Gobierno federal, CompraNet, “está rebasada” y en riesgo de quedar “obsoleta” porque sus datos “no son confiables”.
Desde su creación en 1996, el sistema CompraNet ha sido actualizado en cinco ocasiones. Pero su capacidad y garantías de calidad en el manejo de la información pública siguen siendo un pendiente.
“Supón que tú ahorita sacas una nota en donde bajaste de CompraNet algo que era de 300 millones y en realidad eran 30 mil pesos porque se equivocaron. No es confiable y eso puede jugar en contra tanto del Gobierno como de quien utilice esos datos”, dijo Pablo Montes, coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en entrevista con SinEmbargo.
CompraNet está a cargo de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas (UPCP) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y en la actualidad se encuentra en un proceso de transición, a partir del cual será manejado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Según la definición de la SFP, se trata de “un sistema transaccional que permite a las instituciones públicas realizar procedimientos de contratación de manera electrónica, mixta o presencial”, además de ser un “sistema electrónico de información pública gubernamental sobre contrataciones públicas”, de acuerdo con la definición del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
No obstante, CompraNet “no está pensado para la rendición de cuentas sino para la licitación electrónica”, explicó Eduard Martín-Borregón, director de datos, periodismo y tecnología de la Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder, por sus siglas en inglés).
Aunque sus procesos de licitación sí están “digitalizados”, el investigador señaló que el resto de sus procesos sólo “siguen en papel” y que, por tanto, “si hay cualquier error dentro del programa los funcionarios no están obligados a repararlo y no pasa nada”. Así, la plataforma sirve para ver números grandes y tendencias; “pero cualquier detalle que encuentres o cualquier cosa que encuentres, hay que ir a verificarlo”.
El integrante de Poder mencionó que existe un problema de supervisión, ya que dicha tarea no recae en la Función Pública sino en los supervisores de cada una de las unidades de compra.
Los datos oficiales refieren que en México hay 5 mil 465 unidades de compra distribuidas en 3 mil 213 instituciones federales, estatales y municipales, así como 299 supervisores en Órganos Internos de Control y Estatales de Control. Es decir, una relación de un supervisor por cada 18 unidades.
LAS FALLAS
Martín-Borregón recordó haber encontrado, alguna vez, “un contrato de Axtel extremadamente alto, de millones de millones de pesos, […] porque un funcionario había entrado mal los datos”. Algo similar a las fallas detectadas por este medio digital, entre el vaciado de datos (en formato Excel) del portal y las actas de fallo correspondientes.
Por un lado, los montos de seis “procedimientos” (folios IA-018TOQ732-E379-2017, IA-018TOQ731-E672-2017, IA-018TOQ732-E424-2017, IA-018TOQ731-E793-2017, IA-018TOQ732-E336-2017, AA-018TOQ732-E282-2017) del “Reporte de los datos relevantes de los contratos ingresados a CompraNet que iniciaron vigencia en el año 2017”, relativos a la empresa Comercializadora Hagre, no tenían punto decimal.
Así, en lugar de 323 mil 280 pesos por un contrato, la base de datos arrojó un monto de 323 millones 280 mil pesos. Lo mismo sucedió con el resto de las contrataciones referidas, cuya suma total de montos fue de 2 mil 642 millones 188 mil 330 pesos, en lugar de 26 millones 421 mil 830.30 pesos.
Por otro lado estuvieron los datos del contrato de licitación LA-002000999-E30-2018. En el informe de “Datos relevantes del contrato” y en la base de datos 2018 de CompraNet, el monto de la licitación ascendió a 98 millones 809 mil pesos mientras que, en el acta de fallo, la cantidad contratada real en favor de la Abastecedora Aragonesa fue de 98 mil 809 pesos (antes de IVA).
Estos errores se deben, en parte, a que “en el sistema de introducción [de datos por parte de las unidades compradoras de la SFP] no hay ninguna tipo de guía para la inserción”, dijo Eduard Martín-Borregón de Poder.
Para Pablo Montes del IMCO, entre las deficiencias de CompraNet destacan que las licitaciones son realizadas fuera del sistema y “después suben la información” (por lo que no cumple su propósito transaccional y genera discrepancias de transcripción); y que, además de la “mala calidad de los datos” y los “errores de transparencia”, no hay documentos suficientes para cotejar la información oficial.
“Aparte de que CompraNet es un sistema muy confuso y muy complicado para que los ciudadanos lo consulten […], una vez que encuentras el expediente que querías, lo más probable es que no estén todos los documentos que deberían de estar”.
El problema, dijo Montes, es que estas faltas de “consistencia” limitan el análisis de datos de un sistema con información oficial, cuyos “errores” también afectan el desempeño gubernamental, ya que “esos datos también deberían de servir al Gobierno para planear y ejecutar sus compras”.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el gasto en contrataciones públicas de México (2015) equivale al 21 por ciento del gasto total del Gobierno federal y al cinco por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).
Incluso “se ha estimado que los sistemas electrónicos de contratación pública pueden reducir los costos de transacción en hasta 12 por ciento. También, pueden reducir los precios pagados por los gobiernos debido a los efectos que generan para la competencia en los mercados, derivando en ahorros de entre 5 y 25 por ciento”, se lee en su “Informe de Seguimiento sobre la Reforma de CompraNet en México” (2019).
SinEmbargo se puso en contacto con la UPCP para saber más al respecto. Pero al cierre de esta edición, la encargada del contacto en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados de la SFP, Erika Gaspar Martínez, indicó que la dirección de la UPCP no podía proporcionar información debido al proceso de transición, salvo fuera por petición escrita dirigida a la Oficial Mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro Sánchez.
La UPCP es la encargada de la administración directa de CompraNet. Durante el sexenio pasado, recibió un promedio anual de 33.5 millones de pesos para su operación, de acuerdo con los montos aprobados en los Analíticos del Presupuesto de Egresos de la Federación de la SHCP.
EL ERROR SISTEMÁTICO
De acuerdo con las disposiciones de la “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (LGTAIP), CompraNet está obligado a proveer información completa y confiable sobre sus procesos. Y según la OCDE, su eficiencia debe fomentar la rendición de cuentas e impulsar la administración pública orientada a resultados.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado –en sus informes de desempeño– que “la información registrada en CompraNet no cumple con los criterios de integridad y confiabilidad debido a la falta de obligatoriedad en la captura de datos relevantes, la inexistencia de catálogos e información homologada, los errores de captura en la información y las salvedades en el registro de la información de adquisiciones entre entidades” (auditoría 15-0-27100-02-0121).
La heterogeneidad de procesos y requisitos –según OCDE– “no es atribuible a la herramienta CompraNet sino al armado normativo del sistema de contratación pública de México. Esta situación ha resultado en una herramienta CompraNet con áreas de oportunidad en cuanto a recolectar información congruente […], completa y confiable”.
Asimismo, la organización internacional refiere que las variaciones y discrepancias parten de la “falta de capacidad” de los practicantes de contratación para trabajar con CompraNet y de la diferencia de “conocimientos de estadística” y de “profesionalización” de los funcionarios públicos involucrados, que detienen el desarrollo de un sistema transaccional y de bases de datos bien administrado.
En el marco de un nuevo Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha prometido reformar el sistema sin dar “claridad al tema”, ya que “no sabemos bien a bien cuándo va a ser esto y cómo”, explicó Pablo Montes, coordinador anticorrupción del IMCO.
Lo anterior afecta los planes de AMLO “porque el Gobierno federal tiene dos principales banderas: combate a la corrupción y austeridad en el Gobierno. […] Entonces su prioridad debiera ser tener un sistema de compras adecuado en donde se favorezca la licitación pública sobre procesos de excepción, porque una licitación te va a asegurar contratar a la mayor calidad al menor precio”, lo que no sucede con otros esquemas de contratación.
“Un correcto sistema de compras públicas, además de asegurarnos un proceso claro, también nos permite planear a futuro y poder identificar aquellas compras que se pueden consolidar o identificar patrones de comportamiento que no están siendo eficientes”, concluyó Montes.
