Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro.

Ejercer la libertad de expresión no ha sido una tarea fácil en México. Con ningún presidente de la República. Sin excepción. Defender la libertad de expresión y los derechos humanos, tampoco.

Con el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido la excepción. Hace unos días, a cuenta de un informe –como los que suele realizar el gobierno de los Estados Unidos-, en este caso, sobre libertad de expresión y derechos humanos, signado por el departamento de Estado del vecino país, el presidente mexicano aprovechó para intentar desprestigiar a uno de los organismos de protección y defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión como lo es Artículo 19 capítulo México.

Lo hizo en dos vertientes muy a su estilo. Los acusó de “pertenecer al movimiento conservador”, y pretendió deslegitimar la lucha de la organización civil, señalando –como si hubiese descubierto el hilo negro- que recibían financiamiento de empresas extranjeras, incluido el departamento de Estado de los Estados Unidos.

Lo primero es tanto una novedad como una falsedad. Artículo 19, organización de la que soy consejera desde el año 2016, es no solo una asociación sin fines de lucro, cuanto más una organización alejada de las agendas políticas, de los movimientos ideológicos, y centrada en la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos de periodistas y activistas.

De lo segundo, año con año se da cuenta de las fundaciones, entidades internacionales y los departamentos que financian a Artículo 19. Se hace con transparencia, tanta que el vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, el mismo día que el presidente intentó denostar al organismo, publicó la lista.

Artículo 19, como muchos otros organismos internacionales y nacionales de defensa y protección de los derechos humanos y la libertad de expresión, subsiste a partir de contribuciones de privados, fundaciones, y en algunos casos de gobiernos, entidades todas que asumen tales compromisos más allá de sus estructuras oficiales y departamentos instaurados ex profeso. Gobiernos que no han eliminado de sus presupuestos los apoyos para los organismos de la sociedad civil que defienden y protegen a sectores y causas específicas, como sí lo ha hecho la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en México.

Recibir financiamiento del extranjero, y de compañías y fundaciones nacionales no es un delito. La misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene activo un esquema fiscal para recibir donativos, financiamiento para programas educativos, de seguridad y protección, o de acompañamiento legal. Las compañías por su parte, aquellas comprometidas no solo con el entorno internacional, sino con el nacional y el local, destinan una parte de sus utilidades para apoyar causas de gran sensibilidad social, como lo son los derechos humanos y la libertad de expresión, en este caso, aunque no sujetas a las mismas. También eso es legal.

Pero el presidente ha preferido fustigar a quienes legal, fiscal y transparentemente son financiados por empresarios, fundaciones y gobiernos, que investigar a aquellos que, como su hermano Pío López Obrador, recibieron dinero en sobres, sin saber la denominación de los billetes pero sí el destino de los mismos, –dicho por los protagonistas de la entrega-, campañas políticas.

Cuando era oposición, cuando la prensa libre e independiente le concedía espacios para la expresión de sus ideas, y el periodismo oficial le cerraba las puertas, el presidente López Obrador, defendió la causa. Lo sé de cierto. Fueron muchas las ocasiones en las cuales mostró solidaridad a los ataques a la prensa, como en el caso de Carmen Aristegui, o el propio en el semanario ZETA. Fue solidario cuando recibimos amenazas, cuando asesinaron a nuestros compañeros, cuando gobiernos anteriores intentaron desprestigiarnos. Mismas causas que arropó, y apoya Artículo 19.

Hace unos meses, cuando Artículo 19 hizo un pronunciamiento público sobre los múltiples ataques del gobernador Jaime Bonilla Valdez (amigo del presidente y fundador de Morena, según presume), hacia el semanario ZETA y quien esto escribe, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya presidida por Rosario Piedra Ibarra, lanzó un llamado al gobernador bajacaliforniano a cesar las afrentas contra el medio de comunicación y sus periodistas, y a respetar la libertad de expresión.

Eso también viene incluido en el informe sobre derechos humanos y la libertad de expresión que redactaron en el departamento de Estado de la Unión Americana. Y se lee así: “En julio 16 (2020), más de 80 periodistas de Baja California firmaron una carta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, denunciando al gobierno de Jaime Bonilla Valdez de ataques verbales contra el periódico La Voz de la Frontera, a la corresponsal del periódico Reforma Aline Corpus, al semanario regional ZEA y a su directora Adela Navarro”.

Pero lo que incomodó al presidente, fue lo descrito en los siguientes párrafos: “Sanjuana Martínez Montemayor, la directora de Notimex, la agencia noticiosa del gobierno, ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido acerca de ciertas instituciones de gobierno y funcionarios, de acuerdo al medio Aristegui Noticias, el medio digital Signa Lab, y la organización no gubernamental, Artículo 19”.

Se trató de una investigación entre Aristegui, Signa Lab y Artículo 19, que develó una estructura oficial, desde la dirección de Notimex, para establecer una red de ataques cibernéticos contra críticos del gobierno.

El presidente López Obrador defendió a su directora de Notimex, e intentó desprestigiar el trabajo que desde 2008 realiza Artículo 19 en defensa de periodistas y activistas, a quienes acompaña en el plano legal, moral y público, tal como sucedió con Sanjuana Martínez, quien cuando tuvo oportunidad, así lo reconoció.

Ahora resulta que por defender la libertad de expresión y los derechos humanos, se puede terminar en una Mañanera señalados con el dedo inquisidor de quien en el pasado fue solidario, pero que en el poder ha resultado intolerante a la crítica, y desdeña y ataca de manera simplista, llamándolos conservadores, o en este caso, acusando un financiamiento legal como si de un delito se tratase.

En el pasado el escenario no fue mejor. Con Enrique Peña Nieto, o con Felipe Calderón, aunque no acusaron directamente a las organizaciones de defensa y protección de la libertad de expresión y los derechos humanos, sí intentaron minimizarlas, no las escucharon y menos las atendieron, también lo sé de cierto. Desde 1998 en ZETA, exigimos justicia por el asesinato de Héctor Félix Miranda, como lo hicimos a partir del atentado a don Jesús Blancornelas, el otro fundador del Semanario que sobrevivió a una atentado en 1997, y sobre el asesinato de Francisco Javier Ortiz Franco en 2004. En todos los hechos, organismos como Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas, nos han acompañado en la búsqueda de la justicia y el respeto a los derechos humanos y la libre expresión. Porque el gobierno, siempre ha volteado a ver a otro lado, en lugar de enfrentar e intentar cambiar las condiciones adversas, de riesgo e inseguridad que periodistas independientes enfrentan.

Para ello existen las organizaciones de la sociedad civil, para defender las causas y los derechos que los gobiernos mantienen en la impunidad o intentan reprimir, sea de manera física, verbal, o a través de una política pública.

Por ello resulta importante y relevante, defender la libertad de expresión y los derechos humanos, siempre. Ante cualquier gobierno, y, sobre todo, ante cuando quien lo preside se empeña un día sí y otro también en condenar a la prensa con el calificativo de “conservadora”, si ejerce una voz crítica, y a los periodistas como “sicarios”.