Las últimas semanas han sido un verdadero calvario adelantado para Ciudad Juárez.

Se han presentado situaciones de emergencia que debieron generar respuestas unificadas y coordinadas de todos los poderes de gobierno.

Sin embargo no fue así, desde semanas antes y al advertir que la crisis migratoria iba incrementándose, desde la expulsión de los venezolanos que esperaban en territorio norteamericano el trámite de su residencia legal en aquel país. Los diputados de Morena en el congreso del Estado, empezamos a llamar a la toma de acuerdos, qué pusieran a funcionar una institución legal, reglamentada por la ley: El Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes. El propósito es qué se coordinen las autoridades federales, estatales y municipales, bajo el mando del ejecutivo del Estado de Chihuahua y se tomen las acciones indispensables para atender la situación atípica que empezó enfrentar nuestra ciudad..

Los diputados del PAN, iniciaron una campaña fortalecida por los votos mayoritarios que tienen en el congreso con el apoyo del partido del trabajo y movimiento ciudadano, para negar los acuerdos a nuestras propuestas, y sacar acuerdos en donde únicamente se exigía al gobierno federal resolver el problema de los migrantes que apenas se empezaba a complicar más allá de lo qué es normal en esta ciudad, aquí para nosotros es normal lo que para otras ciudades es alarmante.

No hubo posibilidad alguna, de qué actuando preventivamente la gobernadora aceptara jugar su papel, asumir su responsabilidad y convocar al Consejo, para aplicando la ley enfrentar el problema.

Al contrario, en algunos foros se empezó a plantear, primero por el representante de la gobernadora en Juárez, por los representantes empresariales y finalmente por el presidente municipal, que la presencia de los migrantes venezolanos acampados a la orilla del río bravo eran una molestia y debían desalojarlos como así lo hicieron de ese sitio.

Al desalojarlos del río, los dispersaron por los cruceros más transitado de la ciudad y por el plazas públicas más cercanas a la frontera, pero no dejaron de perseguirlos incluso en un refugio provisional de la iglesia católica a los pies de catedral.

Todo esto sucedía mientras exigíamos una y otra vez, en más de 10 sesiones del Congreso del Estado que se exhortara a la gobernadora, a coordinar esfuerzos para enfrentar lo que entonces empezaba convertirse en una crisis humanitaria, ya que los venezolanos y nuevos que llegaron a la ciudad, se negaban a ingresar a los albergues, el más grande de ellos Federal, disponibles para migrantes y preferían mantenerse en la calle pidiendo apoyo en los cruceros de la ciudad.

El presidente municipal por conducto del Director de Derechos Humanos, con la participación del DIF estatal y la subprocuraduría estatal de defensa del menor, y apoyo de la policía municipal en algunos casos hicieron una redada el fin de semana inmediato anterior al lunes 27 de marzo, día de la tragedia fatal, sucedido en el centro de reclusión migratoria en Ciudad Juárez. Los hechos impresionaron y alarmaron a toda la ciudad y la gobernadora públicamente comunicó que ella “no se iba a parar en Juárez, porque era competencia de la federacion.

Dos semanas después todavía no aparece en su oficina de palacio de gobierno, nadie sabe dónde está, y como previamente la mayoría panista del congreso modificó constitución local, para que ella pueda ausentarse sin avisar del estado hasta por 21 días, por lo pronto estamos en piloto automático.

Es increíble lo que comentamos, pero así sucede, así es como se gobierna en Chihuahua por el PAN.

Vino el presidente de la República a un evento de Bienestar, y ni la gobernadora, ni el presidente municipal estuvieron junto a él, para planear y atender en todo lo posible, el apoyo a los migrantes que quedaron en la calle y a los investigadores que están buscando fincar responsabilidades a los que les toca.

Por otro lado, el problema de transporte público en el estado de Chihuahua es una cruz que pesa sobre las espaldas de la población. Los obreros de las fábricas son transportados por unidades de muy mala calidad de 10 años de antigüedad y que son unidades de transporte escolar, desechadas del servicio en Estados Unidos. El transporte de la ciudadanía durante el transcurso del día y entre los diferentes puntos de esta enorme ciudad que está dispersa en un rectángulo de 30 kms por  20, es incosteable para los concesionarios qué rentan el vehículo a su chofer, para qué lo trabaje durante 16 horas y de esta manera obtener los ingresos, que les produzcan ganancia a los dos y claro necesitan usar vehículos chatarra de 10 años de antigüedad y escoger solamente las rutas productivas en el panorama de la ciudad. Las áreas de la ciudad que no generan muchos viajes, simplemente no son atendidos por nadie y los juarenses deben caminar tres o 4 km para encontrar una ruta de transporte público.

En estas circunstancias, los concesionarios exigen incremento de los precios del transporte, qué hasta esta semana fue de ocho pesos por viaje por persona, realmente es difícil para los concesionarios mantener el servicio aún en las condiciones de sobre explotación a sus conductores y el gobierno del Estado frente a la presión de los concesionarios tomó un acuerdo, sabio para ellos, autoriza un incremento hasta 12 pesos por viaje por persona, 50 por ciento más, otra vez el gobierno de Maru Campos decide que quien debe pagar los costos de vivir en esta ciudad son los usuarios, los sectores con mayores necesidades económicas de la ciudad.

El gobierno de Maru, No quizo aceptar, ni siquiera discutir la posibilidad de asumir la responsabilidad del transporte público por parte del Estado, ni otorgar un subsidio condicionado al buen servicio a los concesionarios, para evitar que todo el peso del costo del transporte recayera sobre la espalda de los más deprimidos económicamente en la ciudad, que son los que usan esas cafeteras rodantes y peligrosas que son las inefables “ruteras” para transportarse en la ciudad.

Sin embargo el gobierno del Estado no es enemigo de los subsidios. Pero lo que ellos entienden por subsidios es precisamente lo qué antes  del 2018 era el apoderamiento privado de los recursos públicos, la gobernadora ha autorizado subsidios enormes en beneficio de particulares o de negocios millonarios para atender servicios públicos.

Mientras niega todo subsidio al transporte público, otorgan un subsidio de 50 millones, para la preparación de instalaciones deportivas, para la celebración de el evento deportivo ” Torneo de la Amistad, Chihuahua” qué celebrarán aquí las Redes de Colegios “Semper Altius”, ” Prepa Anáhuac”, ” Mano Amiga” y el Colegio Everest, instituciones de educación, privada, más exclusivas del país, Centro América y Filipinas, advirtiendo que en esos eventos deportivos, no podrá ingresar nadie ajeno a esos centros de educación.

Se ha ofrecido para los pobres chihuahuenses la posibilidad de qué vayan a vender en las cercanías de los estadios aguas frescas o taquitos.

Maru también subsidió a un par de promotores artísticos, con 34 millones de pesos para la puesta en escena de “una golondrina y su príncipe” , y contrató a una empresa de seguridad en 4,200 millones de pesos, para qué se encarguen de la vigilancia digital y de video en el estado, cuando el mismo Estado pudiera cubrir ese servicio con una inversión menor a los 500 millones de pesos.

Y por eso vivir en el estado y específicamente en la frontera suele convertirse complicado, afortunadamente, que quiénes tenemos tantos años, viviendo muy cerca del límite, hemos aprendido a entender que no podemos confiar en los gobiernos locales y apoyarnos unos a otros, siendo solidarios y esforzándonos en el trabajo. Cada día que amanece es un día que se disfruta.

Gustavo De la Rosa

https://www.sinembargo.mx/author/delarosa

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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