Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).– A José Luis Abarca Velázquez sólo le bastó decidirse a ser Alcalde de Iguala, Guerrero, para movilizar a los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y elegirlo como candidato, a pesar de que ni siquiera era militante de la fuerza política ni era conocido por estar involucrado en la política del municipio, así lo revela un informe del instituto político.

José Luis Abarca era más bien un “empresario joyero” que había apoyado al político Lázaro Mazón Alonso en su campaña, y al Gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero, reveló el informe de la Comisión Especial del partido encabezada por Pablo Gómez Álvarez y que nombró el Consejo Nacional en noviembre del año pasado, para analizar la llegada del ex Alcalde a la Presidencia Municipal de Iguala.

Pero inesperadamente, destaca el informe, Abarca decidió que quería ser Alcalde y fue electo gracias al apoyo de los líderes locales de Nueva Izquierda (NI) o “Los Chuchos”, y de sus aliados conjuntados en Alternativa Democrática Nacional (ADN), que preside Héctor Bautista  López, ambas corrientes o “tribus” hegemónicas al interior de la fuerza política.

Lo eligieron pese a que se hizo una encuesta en donde le ganó por dos puntos el aspirante Oscar Díaz Bello, quien era apoyado por Aguirre Rivero y que al final decidió apoyar la candidatura de Abarca, por solicitud de Lázaro Mazón.

“En el caso que se analiza, el de Iguala, en la elección de Presidente Municipal, José Luis Abarca no ganó la encuesta sino los apoyos de los representantes de la mayoría de los grupos representados en la mesa de negociaciones. En concreto: Nueva Izquierda (NI-Coduc) y Alianza Democrática Nacional (ADN-Grupo Guerrero), como grupos locales ligados orgánicamente a otras expresiones, con la inclusión final y a jalones del grupo de Ángel Aguirre, dieron el triunfo a Abarca a pesar de la encuesta que no le favorecía”, dice el informe.

Fueron Sebastián de la Rosa, dirigente estatal de la corriente Nueva Izquierda o “Los Chuchos”, quien apoyó la candidatura de Abarca. Apoyado en Lázaro Mazón y con el “buen visto” final de Ángel Aguirre.

“Gilberto Salgado, entonces abogado postulante que había realizado algunos trabajos legales para Abarca, miembro del PRD desde su temprana juventud y actual director del Registro Civil desde 2012, en conversación con esta Comisión Especial, afirmó que Abarca le comunicó que buscaría la candidatura y le dijo también que había conocido a Ángel Aguirre con motivo de la campaña electoral de éste realizada en 2011”, detalla el informe.

Luego sigue: “Dice Salgado que él le respondió que no lo veía como político sino como persona dedicada a sus negocios, a lo que Abarca repuso que lo iba a intentar. Antes, durante la campaña de Gobernador, según Abarca, éste le entregó a Aguirre como apoyo a su campaña 5000 playeras y 7 000 gorras a través de Reyna Jiménez Domínguez y le llevó personalmente al Centro Joyero a un acto de campaña. En efecto, tan luego como se realizaron las elecciones de 2011 para gobernador del Estado, José Luis Abarca inició trabajos tendientes a hacer saber que sería precandidato del PRD a presidente municipal de Iguala”.

De acuerdo con el informe, el líder de “Los Chuchos” apoyó la candidatura de Abarca porque era una propuesta “que tenía mucha aceptación de la clase media y de los empresarios”.

La “Comisión Abarca” detalla que se realizó una encuesta en Iguala y Oscar Díaz resultó favorecido por dos puntos, sobre Abarca.

Sin embargo se declaró “un empate técnico” y la cúpula perredista del estado se reunió para elegir al candidato. Se reunieron el presidente del partido Carlos Reyes, Sebastián de la Rosa, Evodio Velázquez, Víctor Aguirre, David Jiménez Rumbo y Celestino Cesáreo.

“Víctor Aguirre se opuso a la candidatura de Abarca en aras de promover la de Díaz Bello, bajo el argumento de que éste había obtenido una mejor posición en la encuesta realizada. Según el mismo Víctor Aguirre, la decisión sobre la candidatura de Abarca fue tomada al final con la participación personal de Ángel Aguirre, a la sazón Gobernador del Estado, en la mesa de acuerdos y sobre la base de que Díaz Bello ocupara la candidatura a Diputado local del distrito de Iguala”, dice.

El informe también da cuenta que fue el mismo Lázaro Mazón, quien admitió, llamarle a Ángel Aguirre para pedirle el apoyo para José Luis Abarca.

El apoyo a la candidatura de Abarca, llevó a Oscar Díaz solicitarle a Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente nacional del partido, investigar si Abarca tenía nexos con el crimen organizado.

ZAMBRANO FUE INFORMADO Y NO HIZO NADA

Debido a la solicitud de Oscar Díaz, Zambrano Grijalva, también miembro de “Los Chuchos”, indagó y tuvo conocimiento de los nexos de los hermanos de María de lo Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, con el grupo delincuencial Guerrero Unidos.

Antes de que Abarca fuera electo el ex dirigente solicitó de forma verbal a Alejandro Poiré Romero, el entonces Secretario de Gobernación (Segob), que le informara si José Luis y su esposa tenían vínculos con uno de los grupos que procedían del Cártel de los Beltrán Leyva o cualquier otro.

“Jesús Zambrano, en su calidad de presidente nacional del PRD, hizo una consulta verbal con el secretario de Gobernación, el cual, a decir del propio Zambrano, le mencionó la pertenencia de los hermanos de María de los Ángeles Pineda a un grupo de delincuentes y el encarcelamiento de uno de ellos, todo lo cual era público y precisamente el motivo de la consulta”, dice el informe.

El documento explica que Sebastián de la Rosa, dirigente de NI en Guerrero, expuso que recibió como respuesta de Zambrano que “ninguno de los dos, [Abarca y Pineda] estaba siendo investigado con motivo de posibles vínculos con el referido grupo delincuencial a pesar de la pertenencia al mismo de los hermanos de la esposa de Abarca”.

Sin embargo, el informe perredista indica que el ex Secretario de Gobernación no informó a Jesús Zambrano que el Ministerio Público de la Federación recibió una denuncia anónima el primero de junio de 2010 contra José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, con la que se abrió la averiguación previa PGR/GRO/IGU/M-I/64/2010.

Esta averiguación involucró al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y al Registro Público de la Propiedad, y que concluyó: “Es procedente el no ejercicio de la acción penal”.

Díaz Bello, inconforme por la decisión de darle la candidatura a Abarca, informó también en mayo de 2012 y en una gira de campaña, al entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, sobre los nexos de los hermanos de María de los Ángeles Pineda con el crimen organizado.

“El 12 de mayo de 2012, Oscar Díaz Bello entregó a Andrés Manuel López Obrador, a la sazón candidato a Presidente de la República por PRD-PT [Partido del Trabajo] y MC [Movimiento Ciudadano], un documento en el cual, según refirió el mismo Díaz Bello ante esta Comisión, se incluían reportes periodísticos sobre los hermanos de Pineda, ligados al llamado crimen organizado. Al parecer, este hecho no tuvo trascendencia y sólo fue mencionado a través de varios medios de comunicación después de los trágicos acontecimientos de Iguala”, dice el informe.

PARA EL PRD EN GUERRERO ERA NORMAL

El informe de la “Comisión Abarca” expone que los dirigentes políticos Iguala, consideraban normal la administración de José Luis Abarca y en el mejor de los casos, algunos tenían “miedo” a la represalias de los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa.

En 2013 fueron asesinados en hechos distintos los perredistas Justino Carbajal Salgado y Arturo Hernández Cardona, con dos de sus colaboradores.

Sin embargo todo siguió con normalidad: “ algunos sostienen que, a pesar de algunos hechos violentos, las condiciones podrían considerarse como normales y que no existía un ambiente de especial inseguridad o zozobra. Por su lado, otros consideran que el clima era de violencia y amenazas dentro de un silencio entendible por el miedo a provocar represalias provenientes de Abarca, María de los Ángeles Pineda y el grupo delincuencial al que habían pertenecido los hermanos de esta última”, dice el informe.

En el documento se detalla que incluso, los perredistas decían no “hablar” de situaciones incómodas para la gestión de José Luis Abarca, lo cual resultó “perturbador”.

Para la “Comisión Abarca”, el PRD Guerrero falló. Hasta hoy, indica, no ha discutido la tragedia de Iguala, incluso la solicitud de perdón que hizo Carlos Navarrete en octubre a la población, fue mal vista por los dirigentes locales.

En el documento los perredistas también enfatizan en la obligación del gobierno federal en alertar sobre los nexos de los candidatos, con el crimen organizado.

“Era comprensible que María de los Ángeles Pineda y su esposo José Luis Abarca fueran vistos por algunos con desconfianza debido a sus nexos familiares con miembros de un grupo de la delincuencia organizada, pero no se contaba con información sobre vínculos delictivos, la cual debía proceder del gobierno federal quien lleva el registro de los grupos delincuenciales, sus integrantes, sus relaciones, pues tiene a su cargo la persecución de los mismos”, dice.

La Comisión prosigue: “No existe, en síntesis, un sistema de alerta política sobre el fenómeno de infiltración y captura del Estado por parte de la delincuencia organizada”.

LOS HECHOS DE IGUALA

Según el informe del PRD la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), no concuerda con la versión que ellos encontraron de los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron en Iguala los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

“En declaraciones oficiales se dijo que José Luis Abarca había ordenado que detuvieran a los estudiantes de Ayotzinapa cuando se estaba llevando a cabo el acto de informe de actividades de la presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda, en la Explanada de Iguala, pero el ordenamiento cronológico de los hechos podría complicar el sentido de tales afirmaciones”, dice.

El informe concluyó un poco antes de las 21:00 horas indica. La toma de autobuses se dio a las 21:10 y los primeros disparos a las 22:00 horas.

“Así que la detención de los estudiantes de Ayotzinapa difícilmente podría haber tenido como propósito impedir la interrupción de un acto que ya había terminado. Resulta inverosímil que la policía, la cual supuestamente trataba de que los estudiantes no afectaran el acto de la Explanada, fuera precisamente la que con sus disparos provocara el abandono de quienes todavía permanecían en el lugar. Por otro lado, Abarca mintió al declarar que cuando ocurrieron los hechos violentos él estaba bailando pues en ese momento ya no se encontraba en la Explanada, el acto político había terminado”, indica.

Los perredistas precisan que Oswaldo Arturo Vázquez Castillo, escolta de Abarca, quien afirmó que el Alcalde y su esposa se retiraron a las 20:45 de la Explanada donde se realizó el informe de la presidenta del DIF municipal.

Ambos se trasladaron a la colonia Río Balsas, “donde ambos y sus hijos fueron a cenar” a una taquería.

“A las 22:20 se trasladaron a su casa. Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública, declara por su parte que Abarca le llamó varias veces para que aquél le informara lo que estaba ocurriendo. La hora aproximada de retiro de Abarca de la Explanada ha sido confirmada por todas las personas entrevistadas por esta Comisión que en ese momento aún se encontraban presentes en ese lugar”, dice.

El PRD desmintió la versión del Gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, sobre que Abarca se enteró de lo sucedido en Iguala, hasta el 27 en la mañana, cuando todo había pasado.

“El secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, dijo no haberse enterado de los disparos contra los estudiantes ni haber tenido noticias de las balaceras, más que a través de preguntas de que le hacía por vía telefónica el presidente municipal, José Luis Abarca, quien presumiblemente recibía por su lado informaciones procedentes de personal no policial”, indica.

El mismo Abarca reconoció ante la Comisión, que recibió una llamada esa noche y afirmó que a las 23:30 horas le solicitó a Flores que llamara al Ejército.

“En síntesis, Abarca, según afirmó ante esta Comisión, permaneció en su casa sin dar órdenes a la policía y con la idea de que él no podía hacer nada frente a lo que estaba ocurriendo pues no era quien contaba con las armas para ello. Esta Comisión le repuso a Abarca que los disparos provinieron siempre de efectivos de la policía municipal que estaban, según la ley, bajo su mando, lo mismo que las detenciones de los estudiantes, pero al respecto no dio respuesta alguna”, detalla.

La Comisión enfatizo en que Abarca no es acusado por la detención ilegal y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino por sus nexos con los Guerreros Unidos.

“[Jesús] Murillo Káram insistió varias veces en que Abarca dio las órdenes de detención pero no le inculpa por tal acto sino sólo por hechos distintos que de ser ciertos no ocurrieron el 26-27 de septiembre de 2014. Si la PGR no tiene pruebas de la supuesta orden impartida por Abarca, por lo visto tampoco tiene interés en vincular la gestión política con omisiones encaminadas a la consumación de delitos graves. En otras palabras, la PGR no acusa a Abarca por haber dado órdenes ni por no haberlas dado siendo el jefe de la policía según el artículo 115 de la Constitución del país”, indica.

Los perredistas dejan al aire la hipótesis de que quizás, el Gobierno federal no acusa a Abarca, porque tendría que hacerlo con el Alcalde priista de Cocula, debido a que en la detención de los jóvenes participaron policías municipales de Iguala y de ese municipio.

“Como ya se ha indicado en el presente informe, la PGR no ha fincado cargos contra Abarca en cuanto a su posible responsabilidad como jefe de la policía de Iguala, según la Constitución, quizá porque eso lo obligaría a hacerlo contra el presidente municipal de Cocula, jefe de la policía de ese lugar, o porque las omisiones de los gobernantes pudieran de tal manera empezar a formar parte de la configuración de delitos cometidos por sus subordinados”, explica.