Cobijado por la impunidad que le otorga el Gobierno de la Cuarta Transformación, el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, dejará en esa entidad una herencia maldita. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro.

      Jaime Bonilla, el Gobernador de Baja California, heredará un cúmulo de problemas a quien lo suceda: el narcotráfico está imparable y lo mismo la violencia, la corrupción que campea en su Gobierno, los moches son parte de ese vicio corrupto que él tolera y fomenta. Además, dejará obras inconclusas, litigios al por mayor, deudas públicas históricas. En resumen: Jaime Bonilla deja una herencia maldita y un estado de Baja California sumido en la desgracia. Así las cuentas negras del llamado “Rey del Sobreprecio2. El bienio del desastre.

Cobijado por la impunidad que le otorga el Gobierno de la Cuarta Transformación, el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, dejará en esa entidad una herencia maldita: Además de obras inconclusas, una larga estela de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, desvío de recursos, tráfico de influencias, “moches” y desvío de recursos públicos, el mandatario carga con el flagelo del crimen organizado, imparable en el estado, que se ha convertido en su talón de Aquiles.

A Bonilla Valdez lo acicatea la presencia de Jorge Hank Ron, el candidato del Partido Encuentro Social, quien en su círculo cercano prepara, de ser el próximo Gobernador, el expediente con el que buscará llevar a prisión al mandatario de Morena, visto como un fantoche con poder que puede terminar en desgracia si no lo rescata el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Jaime Bonilla no ha conocido límites en su ejercicio como Gobernador, pues a pesar de sus yerros y fallas se ha enfrentado al Gobierno federal  y él mismo alardea –muy a su estilo fanfarrón– que una vez que termine su gestión se integrará al Gabinete federal, así le pretende cobrar la factura al Presidente Andrés López Obrador bajo el argumento de que le otorgó mucho dinero para su campaña política en el 2018.

Según los sueños de Jaime Bonilla, él sería el próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes, o bien el próximo titular de la Secretaría de la Función Pública Federal. No lo sabemos. Lo cierto es que al Gobernador de Baja California –de nacionalidad estadounidense– se le nota desesperado. De no ser arropado por el Gobierno federal, Bonilla será un claro candidato a la cárcel de perder las elecciones en Baja California. Jorge Hank Ron, el abanderado del Partido Encuentro Social, lo tiene en la mira.

Jaime Bonilla es un violador de la ley. Lo fue desde que era delegado federal y lo sigue siendo ahora como Gobernador. Recordemos que fue el primero que intentó pasar sobre la Ley y la Constitución local cuando al inicio de su mini-gobierno, pues intentó ampliar su mandato de dos a cinco años, lo que fue visto como un capricho personal: impuso la mayoría que tenía en el Congreso de Baja California e hizo a un lado la decisión popular, que votó por él para que fuera Gobernador por un periodo de 24 meses nada más.

Sus pretensiones enfermizas de poder fueron frenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la evidente violación a las leyes locales y electorales. Lo que salió a flote fue que el “billeteo” para los legisladores locales salió del narcotráfico: Ricardo Peralta –aliado de Bonilla– exsubsecretario de Gobernación, se encargó de obtener el financiamiento a través de los jefes de las aduanas para pagarle a los legisladores de Baja California y así comprar el voto en favor dela ampliación del periodo gubernamental de Bonilla.

Como Gobernador, Jaime Bonilla, además de mostrarse como un verdadero pillo, se ha comportado con exceso de poder. Todo un mafioso. En marzo de 2020, por ejemplo, canceló la construcción de la Planta Cervecera de Constellation  Brands, en Mexicali, Baja California, la cual tenía un 60 por ciento de avance. En esa obra se habían invertido, hasta ese momento, 900 millones de dólares de un total de mil 400 millones estimados para su terminación.

Además, como Gobernador alentó una consulta popular que eliminó de tajo cientos de fuentes de empleo en el estado, lo que desalentó la inversión privada no sólo en Baja California sino en el resto del país ante las nulas condiciones de seguridad que observaron puntualmente inversionistas extranjeros a través de sus esquemas de observación.

Sus ocurrencias como Gobernador –que no son pocas– es lo que, sin duda alguna, lo distinguirán y marcarán la historia de Baja California, pues sólo a Jaime Bonilla se le ocurrió golpear a la sociedad al promulgar un decreto, el 30 de abril de 2020, mediante el cual impuso el cobro de un “impuesto ambiental” a personas físicas, morales y unidades económicas que tuvieran instalaciones o fuentes fijas en las que se expendan bienes o productos que generen emisiones a la atmósfera.

Esta violación a la ley provocó que, el 17 de agosto de 2020, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnara mediante una controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el impuesto a la venta de gasolina, diésel, gas natural y gas LP creado por el Gobierno de Baja California.

No es todo: Otra pifia más ocurrió el 17 de julio de 2020, cuando decretó que un tramo carretero de la entidad y la caseta de cobro de Tijuana-Playas de Rosarito fueran expropiadas por su administración y no cobrar cuotas de peaje a los residentes y automovilistas. Además, autorizó a su amigo e incondicional  –Guillermo Ruiz Hernández, Fiscal General del Estado, conocido como “El Titi”– hacerse cargo de la vigilancia. La complicidad es tan obvia que, incluso, Bonilla acompañó a su incondicional a tomar posesión. En cinismo en su plenitud.

Este hecho provocó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Capufe, iniciaran procedimientos legales en su contra y acusaran al mandatario de Baja California de violar la Constitución; además, amagaron al mandatario y al fiscal estatal con fincarles cargos por obstrucción y daño a las vías federales, interrupción y deterioro de la autopista, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Vías Generales de Comunicación. El control de la caseta de logró el 9 de julio del año pasado.

Sin embargo, las acciones del Gobernador Jaime Bonilla en contra de la inversión y el desarrollo de Baja California  continuaron. El 15 de julio de 2020 canceló la construcción de una planta desaladora de agua de mar en el municipio de Playas de Rosarito.

Para concretar esta medida, el Poder Judicial de la Federación otorgó en agosto de ese mismo año una suspensión provisional al consorcio “Aguas de Rosarito” en contra de la cancelación anticipada que hizo el Gobierno de Baja California al aceptar la queja administrativa que interpuso la empresa.

Pero desde la Presidencia de la República, a Jaime Bonilla se le encubre. El mandatario bajacaliforniano sabe cómo agradar y quedar bien con quien manda en el país. Es un empresario hábil, camaleón del poder político. Ha sabido zafarse de líos graves, se recuerda, por ejemplo, el conflicto que generó el Parque Eólico de La Rumorosa con sus ventiladores fallidos que enojaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador por causar contaminación visual.

Bonilla enseguida buscó una solución, y optó por la menos viable. Usó el recurso más práctico: decretó que el Parque Cultural Estatal fuera patrimonio cultural. Eran unas 18 mil 600 hectáreas.

El 27 de julio de 2020 Jaime Bonilla declaró que los parques eólicos en el poblado de La Rumorosa serían reubicados una vez que el proceso de declaratoria se completara. Uno de los parques lo opera desde el 2010 el Gobierno estatal y la empresa Turbo Power Baja Energy, la cual produce más de 27 millones de kilowatts al año y abastecen el 80 por ciento del alumbrado público en el municipio de Mexicali.

Otro de los parques por la empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova), filial de SEMPRA Energy, una trasnacional originaria de Estados Unidos que cuenta con generadores en la zona. Opera desde el 2015 exportando a Estados Unidos el total de la energía generada, según datos de la trasnacional y del Banco de Desarrollo de América del Norte.

Jaime Bonilla ha mostrado mucha facilidad para generar conflictos. Le apasiona expropiar y cancelar proyectos incluso desarrollados. El pasado 13 de abril, por ejemplo, decidió expropiar el Club Deportivo y Social Campestre de la ciudad de Tijuana, un terreno privado con una superficie de 504 mil 379 metros enclavado en una exclusiva zona residencial y que opera desde hace seis décadas… En el decreto que ordenó, Bonilla argumenta que ese terreno es la única área de zona de la ciudad de Tijuana que puede ser proclive para atender las necesidades de equipamiento urbano público y preservar el bienestar de los ciudadanos.

Con esta acción, Bonilla Valdez –un Gobernador en permanente conflicto– cumplió la amenaza que había hecho en diciembre de 2020, cuando anunció su intención de expropiar ese predio, luego de que conocerse la confrontación con el entonces Alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien ha sido por varios años administrador del conocido Club Campestre. Bonilla acusó a los socios de este organismo de no pagar el servicio de agua.

Otro asunto en el que el Gobernador Jaime Bonilla ha mostrado su autoritarismo y permanente violación a las leyes, acuerdos y compromisos firmados por el Gobierno estatal se evidenció en la construcción del viaducto del aeropuerto de Tijuana. En su primer informe de Gobierno reportó que pagó casi 200 millones de pesos por un estudio técnico  y resultó que dicho proyecto además de ya existir y estar en litigio en tribunales lo volvió a asignar a una empresa de manera directa, sin licitación alguna e incluso incrementó su costo original.

Ante el duro cuestionamiento en contra de su administración y frente al riesgo de ir a la cárcel, Jaime Bonilla busca refugio en el Gabinete federal: Él mismo se candidatea para ser el futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes –no obstante que deja obras viales inconclusas en Baja California, como el Viaducto Elevado de la ciudad de Tijuana, entre otros proyectos importantes–y también se promueve para convertirse en el próximo Secretario de la Función Pública.

Jaime Bonilla, quien ha cuestionado al crimen organizado, no parece ser ajeno a esta actividad. La candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Lupita Jones, lo acusó ante la Unidad de Inteligencia Financiera por delitos de lavado de dinero, peculado y colusión con el crimen.

La denuncia está centrada con el cobro de servicios de agua en la entidad, donde, de acuerdo con el equipo jurídico de la campaña de Lupita Jone, tres empresas habrían triangulado alrededor de 278 millones de pesos para financiar la campaña de la morenista Marina del Pilar Ávila, candidata al Gobierno de Baja California.

Jaime Bonilla es un personaje polémico que ha sembrado desconfianza de Baja California. Antítesis de la Cuarta Transformación, ciudadano norteamericano, cruza la frontera –restringida para mexicanos por el problema del coronavirus– pero para él que es ciudadano norteamericano las fronteras están abiertas y puede plácidamente ir a  presencial un partido de béisbol y recorre sin mayor problema centros comerciales como el Fashion Valley Mall, en donde se da el lujo de comprar y mostrarse como cualquier millonario americano.

Cuando regresa a Baja California enciende la controversia sigue. Un hombre en conflicto no tiene paz ni puede procurarla. Jame Bonilla  encarna el conflicto permanente.

Y es un fuerte candidato a la cárcel.