La impunidad sigue siendo la constante y solo el Gobernador cree a pie juntillas en las cada vez más expuestas manipulaciones de Carlos Zamarripa para arreglar las cifras de desastre que miden su deficiente desempeño. Foto: Especial, Twitter.

Aunque tímidamente empieza a quejarse del yugo que lo tiene sometido desde que era precandidato, el Gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez no acaba de animarse a soltar amarras y navegar solo, quizá por eso el exgobernador Miguel Márquez cobra confianza y se le ve operar más abiertamente en las campañas del PAN en curso en Guanajuato.

Sin embargo, más allá de los escarceos electorales de Márquez, de sus ansias de roce popular y su necesidad de amor de las masas, hay una cuestión más delicada y urgente: es el tema de la seguridad, que sigue haciendo crisis y saboteando el resto de las políticas públicas del nuevo Gobierno.

Como lo muestra con suficiente evidencia el reportaje que se divulgó el domingo pasado de forma conjunta por Poplab, la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas, el portal Aristegui Noticias y el semanario Proceso, resulta inexplicable el aumento de poder burocrático del Fiscal General Carlos Zamarripa desde el punto de vista de sus paupérrimos resultados.

Salvo su ratificación en 2012, donde podía presumir un estado que se mantenía en niveles aceptables de seguridad, el sostén político para que el Procurador de Justicia continuara en 2018 y luego fuera aupado como primer Fiscal General autónomo, no podría explicarse si no es por la existencia de una fuerte alianza entre el funcionario y quien sigue siendo su verdadero faro político: el exgobernador Miguel Márquez Márquez.

¿Cómo se explica que un Gobernador electo con suficiencia, con edad para inaugurar un nuevo ciclo político, con un ascenso inesperado en sus expectativas de carrera en la función pública, pueda hipotecar su capital con el lastre de un funcionario que no da resultados, que despierta sospechas y que, quizá lo más peligroso, ha acumulado un poder que lo hace incontrolable? Diego Sinhue no ha podido responder a ese misterio.

La política tiene mucho que ver con la física. Los astros menos densos orbitan en torno a los de mayor masa. El poder genera un efecto gravitacional y cuesta mucho trabajo vencer las inercias que se generan.

Eso ocurre en Guanajuato. La sociedad Márquez-Zamarripa ha logrado elevar sus acciones, evaden las críticas, han realizado pingues negocios juntos desde el programa de videovigilancia Escudo, donde 2 mil 700 millones de pesos no sirvieron para maldita la cosa en materia de seguridad y, pese a ello, la empresa Seguritech sigue más activa que nunca haciendo negocios en Guanajuato.

El Gobernador Diego Sinhue, en cambio, paga las letras de cambio de los malos resultados en la seguridad, del sostenimiento de la violencia inclemente. Buena parte de sus preocupaciones consisten en equilibrar el pasivo de la violencia y del auge delictivo, pareciera que el tiempo se le va en lavarle la cara a los amos de la (in)seguridad.

Los intentos de justificar una leve disminución en el ritmo de los homicidios dolosos durante enero y febrero, ya se cayeron en marzo y abril. El escenario sangriento, además, ha trasladado su epicentro a León, donde los efectos son más desgastantes.

La impunidad sigue siendo la constante y solo el Gobernador cree a pie juntillas en las cada vez más expuestas manipulaciones de Carlos Zamarripa para arreglar las cifras de desastre que miden su deficiente desempeño.

Guanajuato es el estado con el mayor porcentaje de delitos resueltos en sede ministerial, es decir por agentes del ministerio público: 73 por ciento de los delitos denunciados, diez puntos arriba de la entidad que le sigue y 30 arriba del promedio nacional.

En la práctica son los agentes del ministerio público y la agencia de investigación criminal de José Antonio Torres, quien ya se ostenta como el delfín a suceder a Zamarripa en 7 años más, los principales responsables no solo de procurar justicia, sino de administrarla en ausencia del Poder Judicial.

Y las determinaciones, de acuerdo a México Evalúa, no abonan en nada al combate a la impunidad: más de 40 por ciento de ellas se van a “archivo”; un porcentaje similar recae en el “no ejercicio de la acción penal”. Menos del 20 por ciento se divide entre “incompetencia”, “abstención de investigar”, “criterio de oportunidad” y “otros”.

Esos recursos que estaban pensados para desahogar el sistema penal acusatorio y potenciar e enfoque en los delitos graves. Sin embargo, hoy representan salidas retorcidas para disfrazar la ineficacia de las fiscalías, mientras los eventos que desestabilizan la paz social, sigue ocurriendo merced al clima de impunidad.

Pero eso no ha sido un obstáculo para que la Fiscalía crezca en presupuestos, 3 mil millones de pesos anuales, absorba en su operación a la Secretaría de Seguridad y ate a todo el Gobierno y su partido a su suerte, obligando a una defensa corporativa de lo que a todas luces no está funcionando.

Solo con mucho poder se puede lograr algo así. Y Carlos Zamarripa, en su alianza ya de iguales con Miguel Márquez, lo ha concentrado.

Ese es el gran tema de los próximos años en Guanajuato, sin lugar a dudas: un hombre fuerte, con fuerza armada, autonomía y 19 años de poder incontestado.