México

Los ombudsman de Guatemala y México alertan sobre el uso de militares en la frontera común

07/06/2019 - 5:24 pm

Luis Raúl González Pérez, Ombudsman en México, aseguró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) vigilará la actuación de los elementos de la Guardia Nacional, desplegados el día de ayer. 

El funcionario enfatizó en la importancia de que “el envío de estas fuerzas no sea una política de priorizar la seguridad nacional por encima de la seguridad humana”.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- Los Ombudsman de México y Guatemala alertaron sobre el riesgo que implicaría militarizar sus respectivas fronteras.

Ayer jueves, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, para contener el flujo migratorio que ha aumentado desde que inició el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La situación migratoria ha puesto al país en una crisis frente a Estados Unidos ante la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos a partir de este lunes 10 de junio, si ambas naciones no alcanzan un acuerdo.

Respecto al despliegue de agentes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) vigilará la actuación de los elementos, dijo el Ombudsman Luis Raúl González Pérez, reportaron medios.

“La CNDH seguirá cumpliendo con su mandato de observar cualquier violación […] a personas que de por sí ya están en condiciones de vulnerabilidad, porque huyen de pobreza o de violencia. La CNDH verificará que haya protocolos”, advirtió.

El funcionario enfatizó en la importancia de que “el envío de estas fuerzas no sea una política de priorizar la seguridad nacional por encima de la seguridad humana”, indicó.

“Así como condenamos que Estados Unidos militarice la frontera sur de su país, nuestra frontera norte, México no debe caer en la misma prospectiva”, insistió.

El Ombudsman consideró que la política de brazos abiertos que planteó el Presidente era una buena medida, pero reconoció que hacen falta recursos para implementarla y se deben reforzar la capacidades del Estado para este fin.

Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, instó al Gobierno a no criminalizar a los migrantes, indistintamente de su lugar de origen o nacionalidad.

“La migración es un derecho […] Su tránsito o permanencia por el país debe ser en condiciones dignas”, dijo el magistrado de conciencia.

Rodas aseguró que el Gobierno de Guatemala debe enfocar sus esfuerzos en atender la problemática que promueve la migración forzada. Hizo un llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que cumplan con su mandato en un marco de respeto y protección a los derechos humanos.

En este sentido señaló que la migración tiene distintas causas, entre ellas la violencia, la pobreza, falta de oportunidades laborales y las condiciones que generan desigualdad.

“No se deben anteponer las políticas migratorias de Estados Unidos y México a los intereses y necesidades de los guatemaltecos, tanto en el territorio nacional como de los que están en el extranjero”, expresó.

El Ombudsman manifestó que el apoyo internacional debe dirigirse en forma de apoyo técnico para fortalecer las instituciones nacionales y en respaldar a la nueva Fiscalía contra el Tráfico de Personas del Ministerio Público para combatir a los grupos criminales que se aprovechan de los migrantes.

El Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA4), vigente desde 2006 para Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, responde al proceso de integración y busca favorecer el intercambio económico y turístico de los países que lo integran, recordó Rodas.

ONGs PREOCUPADAS POR GUARDIA EN FRONTERA SUR

El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) condenó el anuncio de la Cancillería este viernes.

“El colectivo #SeguridadSinGuerra condena que la militarización y la criminalización de personas en movilidad y defensoras de migrantes y refugiados sean moneda de cambio en negociaciones con Estados Unidos”, dijo desde su cuenta de Twitter.

En un comunicado, el colectivo añadió que “parece una forma de profundizar la subordinación de las instituciones mexicanas a la agenda estadounidense, dando una excusa para mantener la militarización de la vida pública”.

Las organizaciones llamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador a mantener una congruencia y prudencia con las medidas que llevan al uso de la fuerza.

“Estamos presenciando una vez más el trato de problemas que no son de seguridad pública a través de las instituciones represivas del Estado. Antes fue un problema de salud el que fue abordado como un problema de seguridad, hoy se busca atender una crisis humanitaria con el uso del Ejército”.

Con información de EFE

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