“Aunque el desconocimiento del Presidente sobre la COFECE no tiene justificación, puede ser entendido por el marginal conocimiento e impacto de la Comisión en la sociedad y opinión pública…” Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

El viernes 29 de mayo, el Presidente nos sorprendió con una de esas reflexiones que se están volviendo más recurrentes cada mañana. Dijo desconocer cómo se llamaba la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y que, por tal motivo, su tarea no era esencial. Segundos después, trató de argumentar su descalificación sosteniendo que aún había monopolios, dando a entender que la Comisión no cumplía o había cumplido con su encomienda. Menos mal que no aplica la misma lógica con la Secretaría de Seguridad Pública o la Fiscalía General de la República. Lo sorprendente de aquel acto de honestidad, en el que López Obrador se ufanó de su ignorancia, radica en ese desprecio característico del mandatario por algunas institucionales y políticas públicas del país; temas en los que un Presidente, al menos, debería tener perfecto conocimiento. Por si fuera poco, la COFECE por obligación constitucional le envía informes trimestrales el Ejecutivo, pero quizá, ni siquiera llegan a su escritorio por no ser un tema de su interés.

La descalificación del Presidente a la Comisión, como a otros organismos autónomos, se ha centrado en dos cuestiones, que ese viernes recalcó: por un lado, el gran aparato burocrático que tienen, de acuerdo con la opinión de Obrador; y por otro, las controversias que han presentado dichas instituciones para no ganar menos que él, uno de los máximos pecados públicos actuales, al no asumir el sacrificio que el Presidente marca como guía moral del servidor público modelo. Esta idea del Presidente respecto a que la COFECE representa un despilfarro de presupuesto público también es errónea y se centra en el mismo prejuicio del Presidente por dicha institución y sus labores, así como en la ineficacia de la Comisión para hacer llegar a la sociedad información relevante sobre ese punto. Por ejemplo, la COFECE tienen un indicador anual en el que evalúa el impacto económico que sus medidas tienen en beneficio de los consumidores, tomando como referencia su presupuesto. Para 2019, la institución calculó que el beneficio económico a los consumidores por sus actuaciones representó 6.78 veces más su presupuesto anual. Cabe señalar, que cada año este indicador sobrepasa por mucho su presupuesto. Es decir, que a la sociedad no le cuesta en términos reales el mantenimiento de la COFECE, al contrario, dicha institución genera beneficios económicos a la sociedad. Otra información sobre el poco impacto presupuestal que tiene la Comisión para el erario es que normalmente las multas que impone a los agentes económicos cubren aproximadamente la mitad de su presupuesto, y dichos montos son devueltos directamente a la Secretaría de Hacienda, no se quedan en el organismo autónomo. Como ejemplo de lo anterior, en 2019 la COFECE impuso multas por un monto total de $389.06 millones de pesos, cuando su presupuesto anual se acerca a los $600 millones de pesos.

Dicho lo anterior, aunque el desconocimiento del Presidente sobre la COFECE no tiene justificación, puede ser entendido por el marginal conocimiento e impacto de la Comisión en la sociedad y opinión pública. Esa institución pequeña, comparada al tamaño burocrático y el presupuesto de otros organismos autónomos, parece tener una extraña vocación a la entropía. En sus seis años de vida, efectivamente no ha desmantelado algún gran monopolio o afectado estructuralmente a alguna empresa que atente constantemente contra la competencia y concurrencia económica. Asimismo, algunas de sus multas y sanciones han parecido irrelevantes para el tamaño de los agentes económicos sancionados y sus conductas ilícitas. Sería bueno saber si ese esfuerzo por la discreción está basado en temores por trastocar a grandes poderes económicos o en incapacidades estructurales de la Comisión. Teniendo esas acciones marginales es difícil que, por sí mismos, los documentos que informan, explican y den cuenta de lo que hace la COFECE puedan sacar del ostracismo al órgano autónomo.

No obstante, la COFECE tiene una nueva e inigualable oportunidad para que la sociedad mexicana aquilate el peso y la importancia que dicha institución puede tener en el país: ser la instancia pública que se oponga, y posiblemente eche para abajo, al cuestionable decreto de la Secretaría de Energía (SENER) que, entre otras cuestiones, reduce al mínimo la competencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de electricidad. La Comisión tuvo una primera reacción a esta intentona centralista, al emitir una serie de recomendaciones al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), quien emitió a fines de abril el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la Epidemia de enfermedad por COVID-19. En dicho documento ya se delineaba el contenido esencial publicado en el Diario Oficial de la Federación por la SENER, titulado, Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Si a la SENER poco le importó pasar por encima de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), a tal grado que su titular renunció por las presiones de publicar el polémico decreto, menos iba a tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por la COFECE.

De tal forma, el decreto de la SENER se sitúa en las preocupaciones de COFECE en el sentido de afectar “el proceso de competencia y libre concurrencia, al generar un incremento en los precios de la electricidad y en los subsidios que el Gobierno Federal otorga a las tarifas eléctricas, todo lo anterior en perjuicio de los consumidores y de las empresas mexicanas.” Este efecto sería producto de sacar del mercado a competidores relevantes de las plantas generadoras convencionales de la CFE, como centrales eólicas y fotovoltaicas. ¿Entonces qué hará la COFECE en este caso? ¿Apostará a pasar desapercibida para evitar que el Presidente se aprenda su nombre y recuerde los salarios de su burocracia o bien se lanzará contra el decreto de la SENER con todas sus herramientas legales?

En primer término, la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) podría enmarcar a la nueva política sobre el SEN como una barrera a la competencia y libre concurrencia, que se define como “cualquier característica estructural del mercado, hecho o acto de los Agentes Económicos que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para competir en los mercados; que impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia, así como las disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de gobierno que indebidamente impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia”. En este caso, el artículo 95 de la LFCE faculta a la COFECE para solicitar al Ejecutivo Federal, mediante su Consejero Jurídico, que interponga una controversia constitucional contra disposiciones y normativas que supongan una barrera a la competencia y libre concurrencia. En este caso, si el Ejecutivo no quisiera impugnar la medida de la SENER, como dictaría la lógica, debería publicar los motivos de tal decisión. Es decir, la COFECE causaría alguna molestia al Presidente y su equipo; pero si quisiera eliminar la decisión que afectaría a los consumidores del SEN, podría directamente ejercer su atribución de interponer una controversia constitucional y no pasar por el Ejecutivo.

Pero no resultaría sorprendente si la Comisión eligiera la opción más tibia, emitir una nueva recomendación a la SENER, con base en el artículo 94, fracción VII de la LFCE. Y si pasa esto, todos sabemos lo que Rocío Nahle y Manuel Bartlett harían con las sugerencias del organismo. Por tanto, la COFECE permanecería en su extraño gozo a la marginal, acentuando su casi irrelevancia, no sólo para el Presidente, sino para la economía mexicana y la opinión pública en general.