Jalisco vive días aciagos. Días de asesinatos a manos de policías, represión, desapariciones forzadas, infiltración del crimen organizado, y un movimiento social que resiste y cuestiona a un Gobierno autoritario. 

El actual estado de movilización social, que ha sido reprimido por el Gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, hizo explosión la semana pasada tras que la reportera Tania Rosas diera a conocer que Giovanni López Ramírez, un albañil de 30 años, fuera entregado muerto el 5 de mayo tras ser detenido en la víspera por la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos por no traer cubrebocas (LatinUs, 3 junio 2020). 

La noticia se extendió como reguero de pólvora en medios de Guadalajara y en redes sociales. Ese mismo día se convocó a la primera manifestación para el jueves 4 de junio.

La manifestación se convocó en el Parque Rojo, al este del centro histórico tapatío y de ahí partió hacia Palacio de Gobierno. La indignación que causó el asesinato de Giovanni López se manifestó en ira y rabia con pintas, consignas y pronto derivaron en daños al edificio de Palacio, la quema de dos patrullas, enfrentamientos con la policía y el lamentable hecho de que una persona prendió fuego en la espalda de un agente municipal. La manifestación y la trifulca se tradujo en la detención de 28 personas, siete de ellos menores de edad. 

El mismo jueves se citó a otra manifestación. Inicialmente se convocó afuera de Casa Jalisco, que es el inmueble que sirve de residencia oficial al Gobernador en turno. Pero en demanda de liberación de los detenidos se cambió la sede de la protesta a las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la Zona Industrial al sur de Guadalajara. 

Pero ocurrió algo atroz. Alguien desde el Gobierno ordenó un dispositivo represivo que apenas es comparable a otros episodios negros de los derechos humanos en Jalisco y en México. Mediante este operativo represivo se detuvo a decenas de personas de manera ilegal por parte de presuntos policías (iban vestidos de civil y sin identificar) armados con maderas, bates de beisbol, palos de golf, tubos y maderos grandes con los que se intimidó a todos y se golpeó a varios de los que pretendían asistir a la manifestación frente a la sede de la FGE.

Decenas de jóvenes (mujeres y hombres) fueron privados de la libertad ilegalmente, llevados a “perreras” que son las celdas de la Fiscalía, pero otros testimonios de detenidos hablan de otros lugares de confinamiento, lo cual podría ser indicio de la existencia de cárceles clandestinas. Muchos de los detenidos fueron liberados después de ser amenazados, golpeados y despojados de pertenencias en zonas alejadas de donde fueron levantados. Fueron al menos 28 personas a las que se les detuvo ilegalmente por parte de elementos de la Fiscalía. Un día después de los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) calificó estas acciones como desapariciones forzadas. 

El operativo represivo duró alrededor de cuatro horas. Desde las 18:00 horas, hasta las 22 horas del viernes 5 de junio. Y fue antes de la 23 horas del mismo día que apenas se pronunció el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. 

A las 22:46 subió un mensaje en sus redes sociales para alegar que estaba enojado y frustrado por el operativo de elementos de la Fiscalía la que, recalcó, no depende de él. Según Alfaro, el dio la instrucción de “actuar con sensatez, con prudencia”, instrucción que fue desacatada por un grupo de personas de la Fiscalía estatal, quien “actuó de una manera irresponsable y brutal que no va a ser perdonada”.

En la mañana del sábado 6 de junio, el Gobernador de Jalisco publicó un mensaje más amplio donde ofreció disculpas a la población por los hechos represivos del viernes, dijo que sería prioritario encontrar a las personas reportadas como desaparecidas, y anunció que se liberaría a todos los detenidos de las protestas del jueves y viernes.

Pero luego introdujo un elemento muy inquietante: dijo que el grupo de la Fiscalía que actuó en las detenciones sin el consentimiento del Gobernador y del Fiscal, aparentemente pudo hacerlo “por instrucciones de otra fuente”, y mencionó al crimen organizado. 

Una explicación semejante dio el mismo sábado más tarde el Fiscal General Gerardo Octavio Solís Gómez. Dijo que el grupo policial que cometió las desapariciones forzadas desacató instrucciones por lo que serían investigados, y anunció el arresto de dos elementos por posibles delitos cometidos la tarde-noche del viernes.  

Para hacer más enredada la trama, la tarde del sábado, esposas de policías ministeriales detenidos se manifestaron en la misma sede de la FGE para sostener que sus parejas actuaron por órdenes del Gobernador y del Fiscal. “Se están lavando las manos. Ellos reciben la orden de mandos, desde arriba, y ahora resulta que nadie mandó a nadie. Ellos no son parte de la delincuencia organizada, actúan por órdenes del Fiscal”, indicó Patricia Nazari, esposa de Raúl Gómez Mireles, policía detenido.

Todo este enredo de responsabilidades por hechos represivos cometidos contra el movimiento que exige justicia ante el asesinato de Giovanni López y poner fin a las arbitrariedades policiacas, ocurre además en un contexto en el que el Gobernador Enrique Alfaro atizó sus diferencias con el Gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El mismo jueves, tras la primera manifestación frente a Palacio de Gobierno, el Gobernador de Jalisco acusó a López Obrador de alentar las protestas manipuladas desde los “sótanos del poder” de la Ciudad de México. Cuando el viernes 5 de junio el Presidente respondió a estas acusaciones, el Gobernador Enrique Alfaro reculó en su crítica a López Obrador a quien calificó como “un hombre de bien”, pero reiteró su teoría de que hay una conspiración política en contra de su gobierno y en contra de Jalisco por esos famosos “sótanos de poder” de la capital del país.

Pero independientemente de estas disputas políticas y del deslinde de responsabilidades por los hechos represivos, el movimiento social que exige justicia para Giovanni, se mantiene activo. La tarde del sábado volvieron a marchar desde la Glorieta de la Minerva hasta Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad. 

El reclamo de justicia por la muerte de Giovanni López sigue presente, al igual que la exigencia de poner fin a las arbitrariedades cometidas por las fuerzas policiacas de Jalisco. 

La fuerza de las manifestaciones que se han visto en Guadalajara la semana pasada proviene en parte de que la mayoría de los jóvenes de las ciudades de Jalisco han sido hostigados o molestados por policías municipales. Muchas veces para ser extorsionados y despojarlos de dinero o pertenencias, otras veces para ser golpeados o encarcelados y algunas veces para ser desaparecidos por los mismos cuerpos policiacos a los que se les paga para proteger a la sociedad. 

El operativo de la tarde-noche del viernes 5 de junio generó miedo y terror en muchos de los asistentes pero también una indignación y rabia generalizada al comprobar lo fácil que es detener-desaparecer a una persona por parte de los mismos cuerpos policiacos.

De hecho, hay testimonios de detenidos de que los policías los amenazaron con esa posibilidad: “Quiero dar constancia de que un policía de la Fiscalía dijo que no la hiciéramos de pedo, que era bien fácil descuartizarnos y desaparecernos, que ahorita estaba muy fácil hacer eso”, publicó uno de los detenidos a través de Facebook.

En un contexto de un estado donde oficialmente se reconocen 9 mil 341 personas desaparecidas, es una amenaza que no debe ser subestimada. Es además explicable entender el miedo y la rabia que generó en la sociedad reconocer que las mismas fuerzas estatales practican la desaparición forzada. 

A esto se suma una larga historia de abusos policiales y un patrón de respuesta represiva de los gobiernos estatales a los movimientos sociales.

El operativo represivo que se puso en marcha la semana pasada en el Gobierno de Enrique Alfaro, de hecho guarda parecido con la represión contra el movimiento altermundista de mayo de 2004 en el gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña. Y de hecho los escuadrones represivos que reprimieron y desaparecieron durante horas a decenas de jóvenes, guardaban más parecido a los Halcones patrocinadas por el gobierno de Luis Echeverría en 1971.

Tristes parentescos represivos para Enrique Alfaro, un Gobernador que prometió llegar para “refundar” la vida pública de Jalisco, y que más bien está reproduciendo la violencia estatal contra los movimientos sociales que exigen justicia y cambios de fondo en la sociedad jalisciense. Quizá más que buscar en los sótanos de poder, hay qué buscar la forma en cómo el Gobierno de Alfaro responde a la sociedad de Jalisco. 

Rubén Martín

https://www.sinembargo.mx/author/ruben-martin

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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