La antigua PGR ya no existe. En su lugar se creó una Fiscalía autónoma. Cuando esto sucedió hubo regocijo porque se pensó que acababa la dependencia del importante Ministerio Público del Poder Ejecutivo de la República. Teóricamente es intachable el argumento, y sostengo, más allá de las diferencias y cuestionamientos que se hagan al respecto, que es válido el nuevo diseño de la institución.

Pero hechos son amores y no buenas razones. Como es del conocimiento público, en estos momentos existe una acusación contra Alejandro Gertz Manero, titular de la novísima Fiscalía. Se le reprocha que abusa de su poder en un tema en el que se involucran directamente sus intereses, concretamente lo que tiene que ver con la muerte de su hermano Federico Gertz y en el que se supone él está incidiendo, privilegiando lo que le pueda beneficiar en el futuro ostentar el importante cargo.

Se habla de que hay presiones a jueces de la Ciudad de México y el Fiscal reconviene, a su vez, que su hermano fue asesinado y que ahora se le pretende extorsionar a él. Sin duda es un hecho que pasará a estar en la lupa del alto funcionario de la federación, quien ha colaborado con gobiernos de diverso signo partidario. Hoy para nadie es desconocido que ocupa el cargo a consecuencia del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, aunque éste, como se sabe, tiene desprecio por cualquier autonomía en cualquier lugar que se encuentre, y si por él fuera desaparecerían, lo que no es obstáculo para que también pretenda tenerlas como fachada, pero siempre bajo férreo control.

El escándalo Gertz Manero tendrá un desenlace. Ojalá y sea con estricto apego a la ley, pero ya la opinión púbica permanecerá atenta del comportamiento del poder y si el ejercicio del mismo se ajusta a las leyes y al derecho.

Pongo esto como un marco para comentar el ya viejo asunto de César Duarte que se inició el 23 de septiembre de 2014 ante la hoy desaparecida PGR. En esta institución se abrió el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09. En él se investigó a César Duarte, Jaime Ramón Herrera y Carlos Hermosillo Arteaga (†). Aunque nos desalentaba en aquel año apostar por una procuraduría corrupta, no teníamos más herramienta que denunciar los hechos donde correspondía. Pasaron los años, y a punto de terminar el sexenio peñanietista, se pretendió decretar el “no ejercicio de la acción penal” por un procurador de la ralea de Elías Beltrán.

Recurrieron a artimañas y fue necesario que se dictara una sentencia de amparo definitiva para que, mínimamente, la parte denunciante pudiera alegar en contra de tan arbitraria decisión de mandar al archivo una importante causa de corrupción política. Llegado el momento, en Unión Ciudadana tuvimos que litigar durante una etapa en contra de la Fiscalía autónoma de Gertz Manero. Y finalmente la justicia federal nos protegió y se presentaron los alegatos. Pero han pasado prácticamente dos años de este Gobierno federal sin que tengamos noticia de cuál es, de manera concluyente, el criterio de esta administración en el escándalo César Duarte.

Todo pareciera que la trascendente denuncia les importa un comino a los que hablan de una cuarta transformación en la vida pública del país, lo que se traduce en impunidad y protección a los delincuentes que, apoltronados en las instituciones públicas, gozan de privilegios para que el brazo de la justicia jamás los alcance.

Y si eso es grave, más grave me parece que en temas de corrupción política todo se quiera ventilar a partir de que los actores estén dentro del Estado, así sean de otros partidos. En otras palabras, que los ciudadanos no osen tomar un papel preponderante porque eso está vedado para la plebe. Todo dentro del Estado, y que los ciudadanos no se entrometan en un tema como la corrupción política, al que no se le da la autonomía que debe tener, porque el Estado ha decretado una veda, arrogándose todos los mecanismos de decisión para proceder o dispensar, según convenga a las pugnas por hacerse con el poder político.

La actitud de Gertz Manero y el Gobierno de López Obrador es igual que el de Javier Corral en Chihuahua a partir de 2016: pretender monopolizar el combate a la corrupción, desentendiéndose de la acción ciudadana. Como la ven bajo el prisma de la búsqueda del poder, obvio es que la acción ciudadana se menosprecie.

César Duarte si bien está encarcelado en Miami y en espera de que se decida su extradición, cada vez es más claro que le esperan tiempos mejores, que podrá regresar a México y sortear las dificultades que se le pongan a su paso para disfrutar de la riqueza que robó a Chihuahua. Parece que hasta vendrá en calidad de cobrador por el daño que se le haya hecho, por un par de gobiernos –el de AMLO y el de Corral– que a la hora del balance no aportaron resultados. En el caso de Corral con mayor obviedad al ser el protector del cerebro de la corrupción en Chihuahua, que es Jaime Ramón Herrera Corral, quien goza de todas las libertades y hasta ha engrosado su cartera de clientes.

Paciente esperaré a que Gertz Manero ponga la misma diligencia en el asunto César Duarte que la que le dedica a los asuntos de su familia. Dos años como titular de la FGR son más que suficientes para que hubiera dicho “no” o “sí”. Y no lo ha hecho.

03 junio 2021

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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