Según los datos oficiales, 10 indígenas na savi y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibieron de dos a 10 balazos la madrugada del 7 de junio de 1998 en una escuela primaria de la comunidad de El Charco, en Chilpancingo, donde militares realizaban “las aplicaciones de las operaciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la campaña permanente contra el narcotráfico”. Tres de las víctimas tenían heridas en la cabeza, por lo que se presume que recibieron el tiro de gracia. La versión de los militares es que se trataba de “trasgresores” que manipulaban armas de fuego y que al negarse a entregarlas comenzaron a atacar a los uniformados, quienes sólo repelieron la agresión.
Por Lourdes Chávez
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo/El Sur).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) justificó el homicidio de 11 indígenas y cinco heridos en la masacre de El Charco,en Chilpancingo, Guerrero, el 7 de junio de 1998, diciendo que los militares fueron objeto de una agresión que puso “en peligro inminente sus vidas”.
El Peritaje en Materia de Táctica Militar, integrado en la Averiguación Previa IXRM/98, obtenido en Estados Unidos por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, dice que los militares encontraron a “un grupo transgresor” en el interior de la primaria Caritino Maldonado, en Ayutla de los Libres, haciendo “movimientos violentos y manipuleo de armas”.
Los militares aseguran que llamaron tres veces a los “transgresores” a deponer las armas pero estos les respondieron con una agresión que los soldados repelieron. Al mismo tiempo, afirmaron que a 2 kilómetros de distancia fue atacado otro grupo de soldados que iba a apoyarlos, como refuerzos, donde resultó averiado un vehículo Hummer, y dañados un fusil G3 y un casco Kevlar.
Al final de la operación, confirmaron 11 civiles muertos y cinco heridos que pueden configuran los delitos de homicidio y lesiones, pero con “una excluyente de responsabilidad a favor del personal militar”, porque los soldados habrían sido agredidos de manera violenta sin derecho y resultó un peligro inminente de sus vida”.
En consulta telefónica, la sobreviviente de la masacre de El Charco, Erika Zamora Pardo, que fue detenida por los militares en la escuela, señaló las inconsistencias de la versión oficial, que en México sigue reservada para la opinión pública.
Por ejemplo, que casualmente los soldados hayan encontrado a los campesinos que pernoctaron en la escuela de la comunidad indígena, si la noche fue nublada y muy oscura. Aunque los soldados dicen que la madrugada del 7 de junio se encontraban en una operación rutinaria contra el narcotráfico (no en una acción contrainsurgente), aunque en la escuela de la comunidad dormían campesinos que acudieron a una reunión con integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Uno de los sobrevivientes de la masacre, Efrén Cortés Chávez, confirmó en su momento que en la primaria se celebró una asamblea comunitaria con autoridades de las comunidades na savi, que anhelaban hacer una región autónoma.
EL PERITAJE MILITAR
Ayer, la asociación civil de derechos humanos Red Solidaria Década contra la Impunidad dio a conocer el peritaje que obra en el expediente de un juzgado militar, como parte de la campaña A 18 años de la masacre de El Charco, demos voz a las víctimas de la impunidad.
En el documento detalla los hechos ocurridos la madrugada el 7 de junio de 1998, donde militares se encontraban realizando “las aplicaciones de las operaciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la campaña permanente contra el narcotráfico”.
Dice que en este marco, una avanzada militar observó en la comunidad de El Charco que “el grupo trasgresor se encontraba en una de las aulas de la Escuela Rural ‘Caritino Maldonado’, que hacían movimientos violentos y manipuleo de armas por lo que se retiraron de inmediato e informaron a (nombre cubierto de negro e ilegible), quien a su vez aceleró la adopción del dispositivo y cercaron a los transgresores”.
Según el documento, la operación militar en la primaria ocurrió de las 4:00 de la madrugada a las 10:30 de la mañana, y a los 40 minutos “los militares invitan a deponer las armas a quienes se encontraban dentro de la escuela”. Sin embargo, a las 5:35 los “transgresores” dispararon a los militares que repelieron la agresión, y a dos kilómetros, refuerzos de tropas militares que venían en apoyo fueron agredidos por desconocidos.
Informan que el saldo de esa agresión fue un vehículo Hummer, un fusil G3 dañado y un casco Kevlar. “A las 6:13 de la mañana, las personas que se encontraban en los salones de la escuela volvieron a disparar, cesando el fuego en diez minutos, suscribiendo que los militares volvieron a invitar a entregarse a las personas que se encontraban en la escuela”.
Para a las 6:34, dicen que las personas desde el aula volvieron a dispararles y a partir de las 6:45, “30 personas salieron del salón, con las manos en alto, sin armas y se tendieron sobre la cancha de básquetbol”.
Señalan a los heridos que fueron llevados para su atención al hospital general: Crescencio, de 15 años, con un disparo de arma de fuego en el tórax y el brazo izquierdo; Porfirio Hernández Francisco, de 45 años, con una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo; otra persona presentó una lesión de bala en el tobillo izquierdo, otra más en el tobillo derecho, y una que presentaba una convulsión epiléptica.
Confirman que hubo 11 muertos, de los cuales nueve cuerpos quedaron afuera de los salones y dos en el interior. Que el cadáver identificado como el número uno (el primero de los asesinados que recibió diez impactos de bala), “logró correr toda la cancha y que con una herida en el muslo izquierdo, llegó al extremo donde intentó protegerse en un montón de piedras, donde presumiblemente se topó con un integrante del Ejército mexicano, quien disparó ocasionándole varias lesiones a muy corta distancia”.
En esta información se certifica que 49 elementos del Ejército utilizaron 780 cartuchos calibre 7.62 x 51 milímetros, de fusil, y que los disparos se dirigieron al salón de la Primaria Caritino Maldonado, donde estaban los civiles, pero los cadáveres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fallecieron por proyectiles de arma de fuego disparadas a distancia. El dato confirma la versión de los sobrevivientes, de que las víctimas fueron ejecutadas.
Finalmente el documento dice que se “incautaron armas, municiones y otros objetos, por lo cual se dio parte al Ministerio Público del Fuero Común y al Agente del Ministerio Público de la Federación, ambos de la plaza de Acapulco, Guerrero quienes ‘…en el ámbito de sus respectivas competencias conocieran de tales hechos”.
Se concluye que “si bien es cierto se encuentran debidamente acreditados los elementos del cuerpo del delito homicidio en agravio de once civiles quienes se encuentran en la calidad de desconocidos en el SEMEFO de Acapulco, Guerrero, y el delito de lesiones por lo que hace a cinco civiles, también lo es que existe una excluyente de responsabilidad a favor del personal militar… en los hechos sucedidos el 7 de junio de 1998, por los hechos ocurrido en la Comunidad de El Charco, Ayutla de los Libres, Guerrero, ya que fueron objeto de una agresión actual violenta”.
El perito adscrito a la Procuraduría de Justicia Militar solicitó el archivo de la investigación “con las reservas de la ley”.
EL EJÉRCITO, JUEZ Y PARTE
La sobreviviente Erika Zamora cuestionó que los militares hayan dicho que estaban en una campaña de rutina cuando notaron “movimientos violentos” de un grupo transgresor, pues esa noche había llovido y la oscuridad era intensa. Sin decirlo, obvia que los militares sabían de antemano de la organización de los pueblos na savi. Ratificó que la mayoría de los muertos fueron asesinados en la cancha de la escuela, cuando salieron del aula a entregarse.
“En nuestros testimonios siempre hemos dicho que dispararon cuando la gente estaba totalmente sometida, a mí me consta que por lo menos uno de los [dos] muertos dentro del salón, estaba herido cuando nosotros salimos”.
Aseguró que a la primera persona asesinada, (el primero de los 11 identificados por número), salió del salón a las 5:30 de la mañana, cuando las nubes se habían despejado y había claridad de luna, “los soldados le gritaban que se tirara al piso boca abajo y con las manos en la nuca, cuando alzó la voz para decir ‘no disparen’ le dispararon” y volvieron las ráfagas contra la primaria donde los demás estaban resguardados.
Después de varias horas de agresión, calculó que a las 8:30 de la mañana todos salieron a la cancha de la escuela, y detrás suyo estaba Mario Sánchez García, quien iba herido de un costado, “nos dicen que nos tiremos, en ese momento se desatan de nuevo los disparos y la persona que camina atrás de mi, es uno de los muertos”.
Insistió en que no hubo agresión a los soldados, fue un invento de los militares para justificar la agresión.
Recordó que estuvieron largo tiempo en la cancha antes de que los llevaran a un lugar cercano a la comisaría, donde ya no tenían a la vista la primaria, “y entonces, en ese momento a mí particularmente me preguntan si hay más gente en los salones, les digo que hay gente herida”. Agregó: “el que me interroga les dice que hay más gente herida”, y después escucharon más ráfagas dirigidas a los salones de la escuela.
Después, en lo que llamó “los interrogatorios formales” con el General Juan Alfredo Oropeza Garnica (acusado por los sobrevivientes de cometer tortura), escucharon disparos esporádicos.
“Nos queda claro que muchos de los que estaban en la cancha heridos, a los que ya se había asegurado que no tuvieran armas, fueron ahí ejecutados”. No pudieron haber sido ellos los que disparaban, evidentemente fueron los militares”.
Calculó que los soldados llegaron a El Charco a las 2:30 de la madrugada, entonces comenzaron a amenazarlos para que salgan de la escuela con las manos en alto, “si no –recordó con pesar que les dijeron– les vamos a dar su chilate con pan”.
Con las amenazas escuchaban el ruido de silbatos, “suponemos que era algún tipo de orden, y desde la escuela respondían que saldrían en cuanto amaneciera.
Denunció que el Ejército no puede ser juez y parte si “comete la masacre, ejecuciones, tortura, investiga y da este informe, evidentemente iba a exonerarse a sí mismo”.
La demanda de los sobrevivientes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es que el Ejército desclasifique todos los archivos de la investigación que están bajo reserva, a pesar de que ya hay una recomendación en este sentido desde 2015.
“Queda claro que esconden la verdad de los hechos, las ejecuciones, y finalmente la mayoría de la gente que acudió a una reunión, iba desarmada”, dijo Érika Zamora.
En un comunicado, la Red demandó que la Procuraduría General de la República (PGR) abra al escrutinio público la averiguación previa de los hechos ocurridos en El Charco, que mantiene en reserva.
