De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de diciembre de 2018 hasta el 5 de junio de este año, al menos mil 31 plantíos han sido rociados con el herbicida Paraquat en Guerrero con el propósito de erradicar el cultivo de amapola, en total, “143.4080 hectáreas”.
Las operaciones aéreas de fumigación comenzaron el 17 de enero del presente año. Tan sólo ese día se roció este herbicida sobre 95 plantíos: poco más de 12 hectáreas. Y aunque según la base de datos entregada por la Sedena, el total de sembradíos erradicados este año pertenecen al municipio de Chilpancingo, campesinos de otros municipios han denunciado que el Paraquat –un químico altamente tóxico para la salud humana– ha sido rociado en comunidades de la región de la Montaña y no siempre sobre cultivos de amapola o mariguana.
Por Carlos Acuña
Guerrero, 7 de julio (ElSur).– Es como si fuera otoño. Después de que llegan los helicópteros, luego de que rocían aquel químico desde el cielo, cualquier rastro del color verde en las hojas desaparece. Las milpas se secan; el tronco de los árboles de ocote, las hojas del encino. Todo “se quema”, dicen los campesinos.
En respuesta a una solicitud de información hecha por El Sur, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondió que de diciembre de 2018 hasta el 5 de junio de este año al menos mil 31 plantíos han sido rociados con el herbicida Paraquat en Guerrero con el propósito de erradicar el cultivo de amapola, en total, “143.4080 hectáreas”.
Las operaciones aéreas de fumigación comenzaron el 17 de enero del presente año. Tan sólo ese día se roció este herbicida sobre 95 plantíos: poco más de 12 hectáreas. Y aunque según la base de datos entregada por la Sedena, el total de sembradíos erradicados este año pertenecen al municipio de Chilpancingo, campesinos de otros municipios han denunciado que el Paraquat –un químico altamente tóxico para la salud humana– ha sido rociado en comunidades de la región de la Montaña y no siempre sobre cultivos de amapola o mariguana.
ENVENENAN ALIMENTOS Y AGUA
Semanas después de iniciadas las acciones de erradicación –el 26 de enero de este año–, comisarios y delegados de 21 comunidades del municipio de Acatepec entregaron un escrito al “encargado del 93º Batallón de Infantería” con sede en Tlapa de Comonfort para que pararan las fumigaciones.
Apenas unos días antes habían visto cómo helicópteros del Ejército sobrevolaban Barranca Mina, Agua Fría, Loma de Maguey, Zitacayota y Tierra Colorada para esparcir herbicida. Muchos de los habitantes de la región habían sido beneficiarios con programas gubernamentales del sexenio anterior como el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
En el documento indicaban que milpas, plantíos de quelites y árboles de aguacate, manzanas, peras, durazno, mango y diversas hortalizas sembradas con apoyos oficiales habían sufrido daños severos por las fumigaciones. Denunciaban que por erradicar la amapola se envenena también su comida y el fruto de su trabajo.
“Pero en las comunidades de la Montaña, y en otras regiones, la gente tiene miedo de denunciar formalmente al Ejército porque se les criminaliza de inmediato”, recalca Rubén Darío Silva, abogado defensor del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entrevistado por El Sur en Ciudad de México.
“Por eso en este caso sólo se entregó el acta de denuncia al batallón de Tlapa. No quisieron pasar a más”, añade.
En las dos páginas sueltas se puede apreciar un mosaico de firmas de los comisarios y delegados municipales de las comunidades de Zontecomapa, Lomadad, Tierra Colorada, Loma Panorama, Agua Fría, Laguna Seca, El Capulín, Barranca Dulce, Apetzuca, Zilacayota, Loma Maguey, El Tejocote y Plan Ojo de Agua.
Aunque denuncian las fumigaciones a sus plantíos se limitan a solicitar que sean tomadas en cuenta sus preocupaciones, “toda vez que se ven afectados nuestras siembras de maíz, frijol, calabazas, garbanzos, árboles frutales. Que también pueden ser contaminados los ojos de agua y los ríos de esta zona”.
NOS APOYAN CON FERTILIZANTES Y NOS ROCÍAN
Guadalupe Ojendís a veces no entiende la lógica en que funcionan las cosas. En 2017 la Sagarpa envió ingenieros agrónomos a su parcela en la comunidad de San Miguel Cuixapa, municipio de Zapotitlán de Tablas, para estudiar qué tipo de plantas pueden crecer mejor en esa tierra y en ese clima.
Además, gracias a un presupuesto federal se le entregaron 60 plantas de aguacate y 100 árboles de ocote. Y como suele sembrar maíz, recibió siete bultos de fertilizante que todavía en aquel año les entregaban a los campesinos por cada dos hectáreas cultivadas. Sembraba también calabazas. Debido al veneno que cayó del cielo todo eso se secó.
“Yo antes ya lo había visto –recuerda en entrevista con El Sur vía telefónica–. Hace como 10 años habían rociado ya esta zona. Pero lo hacían directamente sobre las amapolas y así había sido: si crecías amapolas sabías que te rociaban. Yo les digo a los militares que esto no está bien, lo que hicieron conmigo: cómo está eso de que el Gobierno nos apoya, que con fertilizantes, que con programas sociales, al mismo tiempo que nos rocían. A nosotros los campesinos”.
El caso de Guadalupe es emblemático en Guerrero. Madre soltera, con cuatro hijos, en una de las regiones más pobres del estado, ella es una de las pocas personas que decidió en su momento, asesorada por Tlachinollan, interponer una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR).
“Hubo otro señor de Zapotitán de Tablas, un maestro jubilado de Ayotzinapa, que también ingresó queja ante la CNDH y estuvo a punto de demandar”, recuerda Rubén Silva.
“Yo lo acompañé dos veces al cuartel porque los soldados querían hacer todo lo posible para que no se ingresara una denuncia. Le dieron 40 mil pesos en efectivo, una silla de ruedas para su papá y atención médica durante un año. La CNDH determinó que por un acuerdo de reparación y amistoso entre las partes se cerraba la queja”.
“Hace mucho que la CNDH no hace recomendaciones contra el Ejército”, enfatiza el defensor.
La denuncia de Guadalupe ante la PGR fue desechada en mayo de 2018 por falta de pruebas, dado que los peritos del estado no contaban con el instrumental técnico necesario para determinar que el daño en su parcela había sido provocado por el Paraquat.
Como la queja de la CNDH seguía abierta, un día los soldados se aparecieron en la puerta de su casa: le ofrecieron 5 mil pesos y, aunque ella insistió en que en tres meses había perdido ya 15 mil pesos tan sólo en pagar a los peones que la ayudaban con la siembra –15 mil pesos que había obtenido gracias a un crédito del Gobierno–, aceptó la oferta.
“Aquí la gente se cansa –cuenta Guadalupe–. A mí me dijeron que el Gobierno estaba de buenas, que por eso nos ofrecieron 5 mil pesos. Me reclamaron que por qué había buscado a Tlachinollan: porque fueron los únicos que me hicieron caso. Y porque a mí me costó mucho sembrar mis aguacates para que el Gobierno venga así a matármelos”.
Hace unas semanas, la CNDH notificó a Tlachinollan que la instrucción por la queja interpuesta por Guadalupe finalmente había sido cerrada, aunque la Sedena nunca aceptó su responsabilidad en la fumigación y los 5 mil pesos que dieron a Guadalupe no eran una reparación del daño sino “un apoyo”, un “acuerdo amistoso”.
UN HERBICIDA DE TOXICIDAD NIVEL 2
El año pasado Catalina Pérez Correa y Andrés Ruiz, investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), detallaron los efectos letales del Paraquat usado como pesticida en un artículo titulado “A ras de tierra: marihuana y pesticidas”.
Catalogado por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) como un herbicida de toxicidad nivel 2 –en una escala del 1 al 5, donde el 1 es el nivel más peligroso–, resulta obligatorio que el etiquetado del Paraquat incluya una advertencia que señale que se trata de una sustancia que puede ser mortal en caso de ingesta, inhalación o contacto con la piel.
“Es tóxico para el hígado, los pulmones, el corazón, el riñón, las córneas y el sistema digestivo. Su ingesta provoca convulsiones, edema pulmonar, quemaduras en boca y garganta, taquicardia, vómito y hasta la muerte. Inhalado tiene efectos que van desde la irritación en nariz y garganta hasta la hemorragia nasal”, detallan los investigadores.
No obstante, de acuerdo con los registros tanto de la PGR como de la Sedena, el Paraquat es el principal herbicida utilizado para eliminar plantíos ilícitos. Ya en 2006 se registraron “1,204.565 hectáreas” fumigadas a nivel nacional.
Debido a la precariedad económica y a la escasez de servicios médicos en los municipios donde las aeronaves militares rocían el herbicida, se vuelve casi imposible detectar qué efectos ha tenido el uso de esta substancia en la salud de los habitantes de las zonas donde se fumiga.
“Se cuentan cosas –relata Rubén Silva–. En el mismo Zapotitlán se dice que una persona se colocó en medio de los sembradíos cuando los helicópteros sobrevolaban, con la intención de que no fumigaran al verlo a él ahí. Pero la fumigación no se detuvo y él empezó a vomitar durante esa semana, se enfermó. La gente dice que se murió de tristeza por ver su tierra envenenada. Es una forma de decir que a él también lo envenenaron”.
“Se dice lo mismo de una niña de Tlacoapa, que fumigaron el patio de su casa y ella murió por eso. Pero no hay nada documentado, ni siquiera sabemos si dieron parte a las autoridades”.
“Obviamente, cuando hay una muerte, el hospital tiene que dar parte al Ministerio Público. Desgraciadamente, sobre cualquier tipo de muerte, ya sea violenta y natural, en la Montaña no se hace ese tipo de examen. Para hacer esos protocolos tienen que llevarse los cuerpos a Chilpancingo. Se los lleva la Fiscalía y para regresarlos, los familiares tienen que pagar. Y no quieren. No pueden”.
LA POLÍTICA DE EXTERMINIO
Las fumigaciones con Paraquat no han disminuido en 2019, a pesar de que la siembra de amapola se ha reducido considerablemente a causa del fentanilo, un opioide sintético que comenzó a invadir las calles de Estados Unidos desde 2014 y que ha sustituido en gran medida a la heroína, provocando una escalada de muertes por sobredosis en ese país.
El precio de kilo de goma de opio en Guerrero no bajaba de los 15 mil pesos, y en los últimos dos años llegó a alcanzar hasta los 25 mil. Pero la fiebre del fentanyl hizo que el precio bajara rápidamente a menos de 5 mil pesos.
En el estudio publicado en febrero de este año y titulado “No more opium for the masses”, de los investigadores Romain Le Cour Grandmaison, Nathaniel Morris y Benajim T. Smith, se establece que existe una disminución radical de la superficie de tierra dedicada a la producción de amapola.
“Muchos campesinos ni siquiera han sembrado en los últimos meses. En la Montaña de Guerrero actualmente se pueden encontrar varios kilos de goma almacenados por los productores o pudriéndose en la sierra, ya que nadie sube más a comprarla”, señalan los académicos.
“Es verdad –asiente Rubén Silva cuando se le pregunta al respecto–. Ya casi no está sembrando nadie amapola. Y eso es preocupante, porque las fumigaciones siguen. Hay dos razones: la primera, que la Sedena tiene que cubrir una cuota para entregar sus informes; tantos cultivos fumigados, tantas hectáreas erradicadas”.
“La segunda es que existe una política de exterminio que sigue vigente en Guerrero. Lo vemos en las ejecuciones extrajudiciales, avaladas hasta por la sociedad. Las autoridades han impulsado ese discurso: hay que aniquilar a los narcos porque si no los van a soltar en unos meses. Lo mismo sucede con los sembradíos: ¿no hay nada?, ¿no están sembrando?, pues de todas formas hay que fumigar para que esa tierra ya no sirva, por si acaso”.
