El nuevo Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador debe implementar con urgencia cinco acciones en materia energética, las cuales incluyen la prohibición de la práctica de la fractura hidráulica y revisar los contratos de electricidad entregados en los pueblos indígenas, demandó la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Esta semana, al menos cinco municipios de la Huasteca sur, en San Luis Potosí, formaron un movimiento de oposición a la explotación de gas por la vía del fracking. Los pobladores conformaron guardias comunitarias para impedir que se realice esta práctica en la región. En otros estados como Veracruz y Puebla también se han levantado movimientos.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– La Alianza Mexicana contra el Fracking urgió a Andrés Manuel López Obrador implementar en su sexenio cinco acciones en materia energética, las cuales incluyen la prohibición de la práctica de la fractura hidráulica y revisar los contratos de electricidad entregados en los pueblos indígenas.

El pasado martes 31 de julio, López Obrador, virtual Presidente de México, declaró su intención de dejar de hacer uso de la práctica de la fractura hidráulica (fracking) para la extracción de gas y petróleo en México.

Esta declaración fue celebrada por la Alianza Mexicana contra el Fracking, conformada por más de cuarenta agrupaciones y movimientos sociales en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Chiapas y Ciudad de México.

Desde abril de 2013 la Alianza Mexicana contra el Fracking ha demandado la prohibición de la fractura hidráulica debido a las profundas afectaciones asociadas a esta práctica que se presentan sobre las comunidades, el medio ambiente y el clima global.

La Alianza pidió a López Obrador cinco acciones en materia energética:

1. Prohibición del fracking. La organización señaló que para hacer efectiva la intención de abandonar la fractura hidráulica es necesario plasmar la prohibición de esta práctica en la ley.

“Las mayorías simples que goza la coalición Juntos haremos historia en el Senado y Cámara de Diputados bastan para reformar la Ley de Hidrocarburos o expedir una Ley General de Prohibición de la Fractura Hidráulica a partir de las cuales se concrete la prohibición de esta técnica en el territorio nacional”, señaló.

2. Revisión de contratos. Ayer, Rocío Nahle García, quien será la próxima titular de la Secretaría de Energía (Sener), dijo que el equipo de Andrés Manuel López Obrador ya comenzó con la revisión de 105 contratos petroleros para corroborar si existieron irregularidades en las asignaciones de los convenios.

Con respecto a esta declaración, la Alianza Mexicana contra el Fracking anunció que realizará monitoreo de cerca el cumplimiento de esta promesa.

3. Revisión de asignaciones y contratos a la luz de derechos de pueblos originarios.

De acuerdo con las organizaciones, existen asignaciones y contratos que han sido entregados, por medio de licitaciones, sobre territorios de pueblos originarios o de comunidades equiparables y que no tienen validez legal a la luz del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La Alianza Mexicana contra el Fracking denunció que los procesos de asignación y licitación se desarrollaron en forma previa a la consulta prevista por este tratado, violando, de esta forma los derechos a la consulta, autonomía y libre determinación de estos pueblos, entre otros derechos. Por tanto, dijo, deben ser anulados.

4. Moratoria a nuevos contratos y plan de transición energética. En este punto, las organizaciones recordaron que en campaña, López Obrador declaró la intención de aumentar para 2024 la producción de petróleo a 2 millones de barriles diarios.

Ante este panorama, exigieron que no se lleve a cabo una licitación más para la entrega de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos para Petróleos Mexicanos (Pemex) o empresas privadas hasta que el futuro gobierno presente un plan asequible, transparente y con tiempos claros y definidos para alcanzar, paulatinamente, el abandono de todas las actividades económicas ligadas a la explotación de hidrocarburos.

5. Solicitaron la apertura de mesas de debate públicas sobre la política extractiva y energética del próximo sexenio.

Esta semana, al menos cinco municipios de la Huasteca sur, en San Luis Potosí, formaron un movimiento de oposición a la explotación de gas por la vía del fracking. Los pobladores conformaron guardias comunitarias para impedir que se realice esta práctica en la región y anunciaron que bloquearán el paso a las petroleras.

Pemex y la Comisión Nacional de Hidrocarburos firmaron un contrato con dos empresas ligadas a la petrolera china Sinopec, el cual da paso a la búsqueda y explotación de aceite y gas en una zona en una zona de San Luis Potosí. El contrato será bajo la modalidad de producción compartida en la Asignación AE-0391-M-Ébano y tiene una duración de 30 años con posibilidad de dos prórrogas de cinco años cada una.